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Lawfare

Tensión en Comodoro Py por el “Cristinazo”: Casación pidió reforzar la seguridad por la masiva convocatoria

Expectativa ante la movilización convocada para este miércoles 18 de junio a las 10. El juez Gorini aún no resolvió si la ex presidenta podrá cumplir su condena en su casa, mientras los fiscales se oponen con el argumento de que “no hay razones humanitarias suficientes”.

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El Argentino Diario-Cristinazo-Marcha en apoyo de Cristina.

Expectativa y tensión: Cristina vuelve a Comodoro Py

La tensión política y judicial vuelve a concentrarse en Retiro. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reforzar la seguridad en el edificio de Comodoro Py 2002 ante la movilización que sectores del peronismo y organizaciones sociales convocaron para este miércoles 18 de junio, con el objetivo de acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en su presentación judicial. La expresidenta está citada por la causa Vialidad, en la que ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El pedido fue cursado por el secretario general Juan Manuel Montesano Recondo, en nombre del Tribunal de Superintendencia. Dirigido al jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rolle, el documento exige garantizar “el resguardo de las personas y de los bienes” y asegurar el control de “los accesos al edificio”. La medida busca anticiparse a la concentración que, según estimaciones internas, podría replicar la masiva convocatoria del 1º de septiembre de 2022, horas después del intento de magnicidio contra la ex mandataria.

El debate por la prisión domiciliaria

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal Nº 2 aún debe resolver si otorga o no la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner. El pedido fue impulsado por su defensa bajo el argumento de que, como cumple más de 70 años y no tiene condena firme, le corresponde el beneficio en el marco del artículo 10 del Código Penal.

Sin embargo, los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, rechazaron la solicitud. En un dictamen reciente consideraron que la ex presidenta “no presenta ninguna condición de salud que requiera cumplir la pena en su hogar” y afirmaron que “no hay razones humanitarias suficientes”.

Fuentes judiciales aseguran que el juez Jorge Gorini resolverá en las próximos horas. De fondo, hay una pulseada que no solo es jurídica: la posibilidad de que CFK cumpla su pena en Ezeiza, en un contexto de máxima exposición política, se evalúa también en clave de impacto social.

Movilización con perfil político

El llamado a la movilización no es espontáneo ni difuso: cuenta con el respaldo de sectores del Unión por la Patria, La Cámpora, sindicatos alineados y agrupaciones que integran el Frente Patria Grande. Bajo la consigna “Cristinazo”, el objetivo explícito es rechazar la proscripción de la principal figura del peronismo y visibilizar el uso del Poder Judicial como herramienta de disciplinamiento político.

“Cristina no está sola, la defiende el pueblo”, señalaron los organizadores en redes sociales, donde circula un afiche que convoca a concentrar a partir de las 10 de la mañana en Plaza Constitución, con marcha hacia Comodoro Py.

Lawfare, persecución y elecciones: el contexto que rodea el caso

La causa Vialidad fue utilizada por sectores del oficialismo libertario y de la oposición antiperonista como bandera para consolidar un relato de “corrupción estructural” del kirchnerismo. La condena a CFK, dictada en diciembre de 2022, fue parte de ese entramado que ella misma denunció como parte de una estrategia de lawfare, similar a las aplicadas contra Evo Morales, Rafael Correa o Lula da Silva.

A pesar de estar inhabilitada para ejercer cargos públicos, su presencia política sigue siendo gravitante en el escenario nacional. En ese marco, la posibilidad de su encarcelamiento efectivo no solo implica una decisión judicial, sino una jugada de alto riesgo político, con derivaciones que podrían reconfigurar alianzas internas, movilizar a la militancia y tensar aún más el vínculo entre la Justicia y la política.

Más que una audiencia, una batalla simbólica

El acto procesal del miércoles 18 no es un trámite más: será un termómetro del clima social y una postal del estado actual del poder en Argentina. En juego no está solo el destino judicial de Cristina Kirchner, sino el límite —difuso y cada vez más cuestionado— entre justicia y persecución. Mientras tanto, el oficialismo mira con atención, midiendo el impacto de cada decisión sobre la calle y sobre los equilibrios institucionales.

Puntos clave:

  • Cristina Kirchner debe presentarse este miércoles 18 de junio en Comodoro Py por la causa Vialidad.
  • Casación pidió reforzar la seguridad del edificio ante la movilización convocada por sectores peronistas y autoconvocados.
  • La defensa de CFK solicitó cumplir la condena en su casa; los fiscales rechazaron el pedido.
  • El juez Jorge Gorini aún no resolvió si le concederá la prisión domiciliaria.
  • El contexto está marcado por acusaciones de lawfare, proscripción y tensión política creciente.

Judiciales ⚖️

El naufragio de los cuadernos: un video editado expone las grietas del armado judicial contra CFK

El Tribunal Oral Federal 7 aceptó un material audiovisual donde el «arrepentido» Oscar Centeno admite ante la justicia española que no conoce a los empresarios ni vio entregas de dinero; lo que debilita aún más una causa viciada por irregularidades y tachaduras.

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​★ En una jornada que dejó al desnudo la fragilidad del andamiaje probatorio construido en los tribunales de Comodoro Py; el Tribunal Oral Federal N°7 permitió la reproducción de un video editado que compromete seriamente la acusación central del juicio. El empresario Juan Carlos De Goycochea, exdirectivo de Isolux; fue quien encabezó la sesión del pasado jueves al exhibir una declaración de Oscar Centeno ante la justicia de España que contradice los pilares del expediente local.

​Una audiencia bajo control de la defensa

​La dinámica en la sala Auditorium resultó inédita. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli autorizaron la proyección del material a pesar de la fuerte oposición de la fiscal Fabiana León. La funcionaria judicial argumentó que el tribunal desconocía la cadena de custodia del video y que su reproducción forzaba la voluntad del exchofer; quien ya manifestó su decisión de no declarar en el debate argentino.

​A pesar de las advertencias sobre la falta de certeza sobre el origen del material; los magistrados hicieron lugar al pedido de la defensa. Este hecho se suma a la larga lista de anomalías de una causa que se sostiene sobre cuadernos que el propio Centeno dijo haber quemado; pero que luego aparecieron parcialmente en manos de un periodista; con claras evidencias de adulteraciones, sobreescrituras y tachaduras confirmadas por peritajes calificados.

​Las confesiones de Centeno en el exterior

​El contenido del video; correspondiente a una teleconferencia en un proceso vinculado a la firma Isolux Corsán en Madrid; dinamitó la narrativa de la fiscalía. Ante las preguntas de los funcionarios españoles; Centeno fue categórico al afirmar que no conocía a los directivos de la empresa ni sabía de la existencia de una matriz en España. «No conozco a nadie», sentenció el testigo clave cuando le consultaron por los interlocutores de la firma.

​El golpe de gracia a la acusación llegó cuando le preguntaron sobre las supuestas entregas de fondos entre 2011 y 2014. «Tampoco lo sé», respondió Centeno; para luego rematar asegurando que no le constaba que ningún responsable de la empresa hubiera entregado dinero a funcionarios públicos. Estas declaraciones contrastan con las anotaciones de los cuadernos; donde el propio Centeno vinculó a la compañía con licitaciones de la central termoeléctrica de Río Turbio. Al respecto; admitió en España que escribió esos datos basándose en comentarios de terceros y no en una percepción directa.

​El fantasma del Lawfare y las pruebas viciadas

​Este episodio refuerza la tesis de las defensas; especialmente la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; sobre la existencia de una persecución judicial coordinada por el denominado Partido Judicial. La causa Cuadernos acumuló desde su inicio cuestionamientos por la utilización de la Ley de Arrepentidos bajo presunta coacción y la falta de grabaciones de las declaraciones testimoniales durante la instrucción del fallecido juez Claudio Bonadio.

​La justicia española ya descartó en 2022 los cargos contra directivos de Isolux al considerar que las pruebas; basadas en los mismos cuadernos y el testimonio de Centeno; eran insuficientes. Ahora; el TOF 7 enfrenta el desafío de sostener un juicio con 87 imputados mientras su prueba estrella admite bajo juramento en el extranjero que el relato incriminatorio carece de sustento fáctico.

Puntos clave:

  • ​El TOF 7 aceptó un video de Centeno declarando en España donde niega conocer a empresarios de Isolux.
  • ​La declaración desmiente las anotaciones de los cuadernos sobre presuntas coimas de esa firma.
  • ​La fiscalía se opuso a la prueba por desconocerse su cadena de custodia y ser un material editado.
  • ​El antecedente de la justicia española ya desestimó estas pruebas por considerarlas débiles.
  • ​El juicio continúa en medio de denuncias por adulteración de documentos y falta de garantías procesales. ★
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