Lawfare
Tensión en Comodoro Py por el “Cristinazo”: Casación pidió reforzar la seguridad por la masiva convocatoria
Expectativa ante la movilización convocada para este miércoles 18 de junio a las 10. El juez Gorini aún no resolvió si la ex presidenta podrá cumplir su condena en su casa, mientras los fiscales se oponen con el argumento de que “no hay razones humanitarias suficientes”.
Expectativa y tensión: Cristina vuelve a Comodoro Py
La tensión política y judicial vuelve a concentrarse en Retiro. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reforzar la seguridad en el edificio de Comodoro Py 2002 ante la movilización que sectores del peronismo y organizaciones sociales convocaron para este miércoles 18 de junio, con el objetivo de acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en su presentación judicial. La expresidenta está citada por la causa Vialidad, en la que ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El pedido fue cursado por el secretario general Juan Manuel Montesano Recondo, en nombre del Tribunal de Superintendencia. Dirigido al jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rolle, el documento exige garantizar “el resguardo de las personas y de los bienes” y asegurar el control de “los accesos al edificio”. La medida busca anticiparse a la concentración que, según estimaciones internas, podría replicar la masiva convocatoria del 1º de septiembre de 2022, horas después del intento de magnicidio contra la ex mandataria.
El debate por la prisión domiciliaria
Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal Nº 2 aún debe resolver si otorga o no la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner. El pedido fue impulsado por su defensa bajo el argumento de que, como cumple más de 70 años y no tiene condena firme, le corresponde el beneficio en el marco del artículo 10 del Código Penal.
Sin embargo, los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, rechazaron la solicitud. En un dictamen reciente consideraron que la ex presidenta “no presenta ninguna condición de salud que requiera cumplir la pena en su hogar” y afirmaron que “no hay razones humanitarias suficientes”.
Fuentes judiciales aseguran que el juez Jorge Gorini resolverá en las próximos horas. De fondo, hay una pulseada que no solo es jurídica: la posibilidad de que CFK cumpla su pena en Ezeiza, en un contexto de máxima exposición política, se evalúa también en clave de impacto social.
Movilización con perfil político
El llamado a la movilización no es espontáneo ni difuso: cuenta con el respaldo de sectores del Unión por la Patria, La Cámpora, sindicatos alineados y agrupaciones que integran el Frente Patria Grande. Bajo la consigna “Cristinazo”, el objetivo explícito es rechazar la proscripción de la principal figura del peronismo y visibilizar el uso del Poder Judicial como herramienta de disciplinamiento político.
“Cristina no está sola, la defiende el pueblo”, señalaron los organizadores en redes sociales, donde circula un afiche que convoca a concentrar a partir de las 10 de la mañana en Plaza Constitución, con marcha hacia Comodoro Py.
Lawfare, persecución y elecciones: el contexto que rodea el caso
La causa Vialidad fue utilizada por sectores del oficialismo libertario y de la oposición antiperonista como bandera para consolidar un relato de “corrupción estructural” del kirchnerismo. La condena a CFK, dictada en diciembre de 2022, fue parte de ese entramado que ella misma denunció como parte de una estrategia de lawfare, similar a las aplicadas contra Evo Morales, Rafael Correa o Lula da Silva.
A pesar de estar inhabilitada para ejercer cargos públicos, su presencia política sigue siendo gravitante en el escenario nacional. En ese marco, la posibilidad de su encarcelamiento efectivo no solo implica una decisión judicial, sino una jugada de alto riesgo político, con derivaciones que podrían reconfigurar alianzas internas, movilizar a la militancia y tensar aún más el vínculo entre la Justicia y la política.
Más que una audiencia, una batalla simbólica
El acto procesal del miércoles 18 no es un trámite más: será un termómetro del clima social y una postal del estado actual del poder en Argentina. En juego no está solo el destino judicial de Cristina Kirchner, sino el límite —difuso y cada vez más cuestionado— entre justicia y persecución. Mientras tanto, el oficialismo mira con atención, midiendo el impacto de cada decisión sobre la calle y sobre los equilibrios institucionales.
Puntos clave:
- Cristina Kirchner debe presentarse este miércoles 18 de junio en Comodoro Py por la causa Vialidad.
- Casación pidió reforzar la seguridad del edificio ante la movilización convocada por sectores peronistas y autoconvocados.
- La defensa de CFK solicitó cumplir la condena en su casa; los fiscales rechazaron el pedido.
- El juez Jorge Gorini aún no resolvió si le concederá la prisión domiciliaria.
- El contexto está marcado por acusaciones de lawfare, proscripción y tensión política creciente.
Judiciales ⚖️
Milagro Sala fue internada y Rachid responsabilizó al Poder Judicial
Rachid responsabilizó a la Justicia.
La dirigente social Milagro Sala fue internada en el Hospital Italiano tras sufrir una descompensación. La noticia fue confirmada por el médico y dirigente peronista Jorge Rachid a través de sus redes sociales: «Informo que Milagro Sala se encuentra internada en el Hospital Italiano por descompensación en su salud. Su estado es reservado en estudio».
Rachid responsabilizó a la Justicia
En el mismo mensaje, el referente del Instituto Patria apuntó directamente contra el Poder Judicial: «Hago responsable al Poder Judicial por el acoso al que la someten después de 10,5 años de detención». Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial ni mayores precisiones sobre el cuadro que motivó la hospitalización.
Una detención cuestionada desde el minuto cero
La internación volvió a poner en el centro de la escena la situación judicial de Sala. A comienzos de este año, al cumplirse 10 años de su arresto, la CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, emitió un comunicado en el que calificó su situación como una «detención arbitraria e ilegal» y denunció persecución política y judicial. La central sindical recordó que Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 tras encabezar un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy y que desde entonces enfrentó distintos procesos que derivaron en varias condenas. La CTA también destacó que organismos internacionales de derechos humanos cuestionaron su situación procesal.
La situación generó preocupación entre dirigentes políticos, sindicales y referentes peronistas que volvieron a reclamar por las condiciones en que Sala cumple su condena. La líder de la Tupac Amaru permanece bajo arresto domiciliario en la provincia de Jujuy y es una de las figuras más emblemáticas de la provincia.
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