Lo que debía ser una jornada de ratificaciones terminó siendo una exhibición de contradicciones en cadena. Los exdirectivos del Grupo Techint Héctor Zavaleta y Luis Betnaza declararon este martes como testigos ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio por la causa Cuadernos, y aunque ambos confirmaron haber entregado en pesos el equivalente a casi un millón de dólares al exnúmero dos del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, las inconsistencias afloraron en cada tramo del debate.

Zavaleta: «Me bastaba la palabra de Luis para pagar»

Zavaleta declaró ante el tribunal que realizó seis entregas de dinero a Baratta entre junio y diciembre de 2008, cada una de entre 600.000 y 700.000 pesos, siguiendo instrucciones de Betnaza. Los encuentros, según relató, ocurrían en el estacionamiento del segundo subsuelo de la sede de Techint, un lugar elegido porque, según el propio testigo, «no había cámaras de seguridad». Las fechas que mencionó coinciden con las anotaciones del remisero Oscar Centeno en sus cuadernos.

Sin embargo, cuando se lo presionó sobre los motivos del pago, Zavaleta mostró una versión radicalmente distinta a la que había entregado en 2018 como imputado colaborador. En aquella ocasión había aludido a dichos de Betnaza sobre un «compromiso con el Gobierno» ante un peligro de corte de luz y gas en las plantas de SIDERAR y SIDERCA. Este martes, en cambio, sostuvo: «Yo no sabía por qué le estaba pagando a ese funcionario, sabía que era de nivel, el segundo de De Vido, pero no sabía por qué le estaba pagando, me bastaba la palabra de Luis para pagarle.»

Ante las contradicciones marcadas por las defensas, Zavaleta intentó desactivarlas con una frase que lo dejó más expuesto que cubierto: «Lo que puede pasar es que ahora, ocho años después, me olvide de algo.»

Betnaza y Venezuela: otra versión, otro relato

La declaración de Betnaza, en tanto, corrió por otro carril. El exdirector de Relaciones Institucionales de Techint sostuvo que el dinero entregado a Baratta buscaba «salvar» a los empleados de la empresa que permanecían en Venezuela tras la nacionalización de SIDOR dispuesta por Hugo Chávez en 2008. Es decir que, según su versión, la motivación era humanitaria y respondía a la situación de los trabajadores atrapados en el país caribeño.

El problema es que esa versión choca frontalmente con lo declarado apenas la semana pasada por otro directivo del grupo, Pablo Daniel Brizzio, quien bajo juramento afirmó que «los trabajadores argentinos que estaban en Sidor salieron sin problemas de Venezuela y nadie del gobierno de Cristina Kirchner les pidió dinero». Brizzio aportó además un dato demoledor desde el punto de vista cronológico: los pagos que figuran en los cuadernos de Oscar Centeno se realizaron entre agosto y diciembre de 2008, pero los empleados argentinos ya habían abandonado Venezuela en junio de ese año. Cuando, según la causa, se realizaron los pagos «humanitarios», los supuestos beneficiarios ya estaban de regreso en Argentina.

La defensa exigió el careo; el tribunal primero lo negó y luego cedió

La defensa de Baratta reclamó desde el inicio de la jornada que se confrontaran las declaraciones de los testigos con sus versiones anteriores como imputados colaboradores de 2018. El presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, rechazó el planteo en primera instancia. Pero después de más de una hora de cuarto intermedio, en el que intervinieron casi todas las defensas del juicio, el tribunal terminó cediendo y habilitó la confrontación. El resultado fue una cascada de inconsistencias que quedó expuesta ante la sala.

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, integrante de las defensas, sintetizó la paradoja jurídica que genera esta situación: «Estamos en un caso inédito para la historia de la Justicia argentina y probablemente del mundo. Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y que queda sobreseído en esta misma causa. Pero esos mismos hechos que él declara como arrepentido se van a usar de cargo porque por esos hechos Baratta llega a este juicio. Inédito.»

El expediente que nació viciado y sigue fracturándose

El capítulo Techint dentro de la causa Cuadernos tiene una historia propia que ilumina las grietas del expediente. En 2018, Zavaleta y Betnaza declararon como imputados colaboradores, sin obligación de decir verdad, y reconocieron pagos de sobornos que habrían alcanzado el millón de dólares. En 2020, el juez Marcelo Martínez de Giorgi revocó sus procesamientos. En 2021, el juez Julián Ercolini los sobreseyó, junto al CEO Paolo Rocca, sosteniendo que los pagos existieron pero respondieron a un «estado de necesidad» vinculado a la emergencia de los trabajadores en Venezuela. Sin embargo, la causa prosiguió contra Baratta, quien fue procesado por recibir ese mismo dinero. La paradoja es tan evidente como incómoda para Comodoro Py: los que pagaron son inocentes, el que recibió es culpable.

Este juicio oral, que lleva años en el TOF7, se inició sobre la base de los cuadernos del remisero Oscar Centeno y de declaraciones de arrepentidos que, uno tras otro, han ido contradiciéndose o retractándose. Más de 27 imputados colaboradores ya se desdijeron de sus versiones originales, alegando haber declarado bajo coacción durante la instrucción conducida por el entonces juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. En ese contexto, cada nueva audiencia suma evidencia sobre las irregularidades de origen del expediente, mientras el principal blanco político de toda la causa, Cristina Fernández de Kirchner, sostiene desde el inicio que se trata de la operación de lawfare más feroz de la historia judicial argentina.

Puntos clave

• Zavaleta confirmó seis pagos a Baratta por casi un millón de dólares, pero cambió la justificación respecto a su declaración como arrepentido en 2018.
• Betnaza sostuvo que el dinero buscaba «salvar» a empleados en Venezuela, versión que contradice lo declarado por Brizzio la semana pasada.
• Brizzio afirmó bajo juramento que los trabajadores de SIDOR salieron de Venezuela en junio de 2008, dos meses antes de que comenzaran los pagos registrados en los cuadernos.
• El tribunal primero negó y luego aceptó confrontar las declaraciones actuales con las de 2018, lo que expuso las contradicciones ante la sala.
• La defensa calificó la situación como «inédita»: los que pagaron fueron sobreseídos, pero sus palabras siguen siendo usadas para acusar a quien recibió el dinero.