La disputa por el petróleo de Malvinas ya no se libra solo en tribunales del mar y en despachos diplomáticos: llegó a la oficina central de Interpol. El Reino Unido pidió formalmente que se rechacen los pedidos de detención que la Argentina impulsa contra personas involucradas en el proyecto Sea Lion, y argumentó que esas solicitudes, que alcanzan a ciudadanos británicos, deben ser tratadas como una persecución de carácter político y no como un trámite penal.

El pedido quedó plasmado en una carta del Gobierno británico enviada a la sede de Interpol en Lyon, Francia, cuyo contenido reveló en exclusiva el diario británico The Guardian. Según esa publicación, funcionarios de Londres solicitaron garantías urgentes a la organización en un contexto en el que las tensiones por la soberanía del archipiélago alcanzaron niveles que no se registraban desde la guerra de 1982. El documento sostiene que la estrategia argentina busca criminalizar a quienes participan de Sea Lion, el desarrollo petrolero ubicado en la cuenca norte de las islas, y disuadir a otros inversores de sumarse.

Qué es una notificación roja y quién decide

Una notificación roja es una solicitud para localizar y detener de manera provisional a una persona mientras se tramita su extradición. Interpol revisa cada pedido antes de difundirlo y, una vez circulado, cada uno de los países miembro define si actúa o no en consecuencia. La alerta no equivale a una orden de captura internacional automática, pero sí convierte a sus destinatarios en personas buscadas fuera de sus fronteras.

Según la misma publicación británica, Interpol respondió a la carta de Londres que respetará el artículo 3 de su estatuto, que le prohíbe intervenir en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. Ese artículo es, precisamente, la puerta que el Reino Unido busca abrir para que los pedidos argentinos queden en un cajón.

La voz del gobierno isleño

Andrea Clausen, jefa ejecutiva del gobierno de las islas, admitió que el uso de Interpol por parte de la Argentina representa «una amenaza», aunque buscó relativizarlo: «Cabe esperar que Interpol no necesariamente tome medidas».

La funcionaria reconoció además que en las islas ya estudian el reglamento del organismo para anticipar escenarios: «Sin duda, quienes tenemos interés en el tema hemos examinado ciertas secciones de la constitución de Interpol para ver qué creemos que podría significar». La frase deja en evidencia que la ofensiva judicial argentina preocupa más de lo que el discurso oficial de Londres y Puerto Argentino quiere admitir.

Del arbitraje al Tribunal del Mar en Hamburgo

El movimiento británico ante Interpol coincidió con un nuevo paso de la Argentina en el frente jurídico internacional. Vencido el plazo de dos semanas que había fijado el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional informó este martes que pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, la adopción de medidas provisionales para «preservar los derechos soberanos de la Argentina sobre su plataforma continental» y frenar las actividades que considera autorizadas «unilateral e ilegalmente» por el Reino Unido.

Ese mismo día, la ministra británica de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, declaró ante la Cámara de los Comunes que la posición de su país es que las medidas provisionales dictadas bajo el marco legal internacional aplicable son vinculantes y que el Reino Unido cumple con sus obligaciones internacionales. Confirmó que la Argentina notificó formalmente el inicio del arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) el 28 de septiembre, que la embajada británica en Buenos Aires entregó su respuesta formal el domingo 11 y que Londres participará del proceso. Sin embargo, aclaró que la notificación no invalida las licencias otorgadas por el gobierno isleño ni obliga a detener la actividad, y adelantó que el Reino Unido objetará cualquier intento de utilizar ese procedimiento para discutir la soberanía.

La Argentina sostiene que la explotación unilateral de recursos en el área en disputa contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que instan a ambos países a negociar y a abstenerse de introducir modificaciones mientras el conflicto siga abierto. En paralelo, el Gobierno presentó denuncias penales contra las empresas del grupo Navitas Petroleum y otras compañías que operan con licencias británicas en la cuenca Malvinas Norte, en el marco de la Ley 26.659, que sanciona a quienes exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.

Londres responde con un escudo comercial

La ofensiva británica no se limitó a Interpol. En un comunicado conjunto, el Departamento de Negocios y Comercio y la Cancillería del Reino Unido anunciaron que preparan medidas bajo su legislación de Protección de Intereses Comerciales, una herramienta que permite impedir que empresas y ciudadanos británicos sean obligados a cumplir normas extranjeras de alcance extraterritorial. El texto aclaró que no busca restringir el comercio con la Argentina.

El secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, afirmó que la decisión deja en claro «en términos inequívocos que este Gobierno actuará cuando la Argentina busque obstaculizar la actividad comercial legal del Reino Unido». El canciller Ed Miliband fue más allá y calificó como «inaceptables» los intentos argentinos de «intimidar a empresas y personas» que participan de lo que Londres considera una actividad comercial legítima.

Sea Lion, el negocio en el centro de la disputa

El proyecto Sea Lion pertenece en un 65% a la israelí Navitas Petroleum y en un 35% a la británica Rockhopper Exploration, que pese a las sanciones argentinas anunció la compra de su participación en una plataforma flotante para extraer crudo. Los socios apuestan a que se convierta en 2028 en el primer yacimiento en producir petróleo en aguas de las islas. Según la prensa británica, el desarrollo tiene potencial para triplicar el producto bruto del archipiélago, una cifra que explica por qué Londres decidió jugar fuerte.

El fantasma de Galtieri y las contradicciones de Milei

El informe de The Guardian cierra con una comparación entre el clima actual y el de 1982, y menciona al «dictador argentino, general Leopoldo Galtieri». La referencia no es inocente: asociar un reclamo jurídico de un gobierno democrático, sostenido en resoluciones de Naciones Unidas, con la aventura militar de la dictadura es una manera de deslegitimar la causa Malvinas ante la opinión pública internacional. La Argentina hoy discute en tribunales, ante la ONU y con herramientas penales previstas por su propia legislación, no con buques de guerra.

Pero la escalada también expone las inconsistencias del propio Gobierno argentino. Milei, que en campaña elogió a Margaret Thatcher, la primera ministra que comandó la guerra de 1982, y que llegó a calificar a la ONU como una organización inútil, hoy apoya su estrategia de soberanía en los mecanismos de esas mismas Naciones Unidas. Kumaran, por su parte, acusó al mandatario de utilizar la cuestión Malvinas con fines electorales. Una causa nacional que atraviesa generaciones exige una política de Estado coherente y sostenida, no un repentino giro soberanista al ritmo del calendario político.

Lo que tenés que saber:

• El Reino Unido envió una carta a la sede de Interpol en Lyon para que rechace las notificaciones rojas pedidas por la Argentina contra personas vinculadas al proyecto Sea Lion.
• Londres sostiene que esos pedidos, que incluyen a ciudadanos británicos, son «motivados políticamente»; Interpol respondió que respetará el artículo 3 de su estatuto.
• La Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para frenar la explotación petrolera en aguas de Malvinas.
• El Gobierno británico prepara medidas de Protección de Intereses Comerciales para blindar a sus empresas frente a las sanciones argentinas.
• Sea Lion pertenece a Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%) y apunta a producir crudo en 2028.