Lawfare
La condena contra Cristina desató un cruce picante en LAM: Feudale fulminó a D’Alessandro por el fallo
El cruce televisivo entre la panelista y el abogado reabrió el debate sobre la independencia judicial y el rol de la Corte en una Argentina donde la justicia y la política se entrelazan cada vez más. Esto genera repercusiones y críticas sobre el accionar de los magistrados.
Un fallo con impacto político y televisivo
La ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema reavivó tensiones no solo en el ámbito político sino también en los medios. En el programa LAM, Marcela Feudale enfrentó en vivo a Mauricio D’Alessandro, abogado y exfuncionario, por su postura celebratoria del fallo. La escena, lejos de tratarse de una simple discusión televisiva, reflejó el profundo quiebre en la opinión pública sobre la legitimidad del Poder Judicial argentino.
“¿No te parece grave que un juez vaya a comer a la casa de un ex presidente cuando tiene causas contra su principal opositor?”, preguntó Feudale, aludiendo a los vínculos entre jueces y actores políticos. La frase apuntó directamente a las denuncias sobre reuniones privadas entre magistrados y referentes del macrismo, como la registrada en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido.
La Corte Suprema en la mira
Mauricio D’Alessandro intentó relativizar el señalamiento y sostuvo: “No me parece grave y no me parece que haya imparcialidad. Todos los jueces fueron designados por Alberto Fernández”. Feudale no dejó pasar el dato erróneo y le recordó que los actuales jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fueron nombrados por decreto por Mauricio Macri en 2016, en una jugada que generó una ola de críticas y terminó siendo convalidada por el Senado tras fuertes presiones políticas.
Este episodio mediático no puede analizarse por fuera del contexto: la Corte confirmó la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”. Sin embargo, organizaciones de DDHH y juristas de prestigio cuestionaron fuertemente el proceso, alegando irregularidades y la falta de pruebas directas.
La grieta también en la TV
El intercambio entre Feudale y D’Alessandro expuso una tensión que excede lo jurídico: el enfrentamiento ideológico que atraviesa la sociedad argentina. Mientras el abogado reafirmó su confianza en el fallo, la panelista remarcó que “la historia de los nombramientos de los jueces de la Corte es bastante turbia”, y pidió mayor transparencia en la administración de justicia.
Aunque el debate no llegó a buen puerto, dejó expuesta una certeza: en Argentina, la justicia no es ajena al poder, y las decisiones judiciales de alto impacto suelen operar como fichas en el tablero político.
Puntos clave:
- La Corte Suprema confirmó la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta.
- Marcela Feudale cuestionó en vivo la imparcialidad de la justicia, enfrentando a Mauricio D’Alessandro.
- El fallo se da en un contexto de denuncias por vínculos entre jueces y referentes políticos del macrismo.
- Organizaciones políticas, sociales y de DDHH cuestionaron el proceso judicial contra la ex presidenta.
- El debate mediático expone la creciente desconfianza social hacia el Poder Judicial argentino.
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DDHH
La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla
La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.
Un cronograma acordado entre partes
Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.
En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.
La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo
El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.
La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.
El estado físico de los procesados y el contexto político
Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.
Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.
Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos
El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.
Puntos clave
- El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
- La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
- La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
- Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
- Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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