Denuncia
Persecución judicial contra ATE: trabajadores «a prueba» o cárcel
El titular de ATE Mendoza Roberto Macho y otros 10 afiliados fueron sancionados por el juez Juan Manuel Pina González quien les otorgó la «suspensión de juicio a prueba» pero estarán en la mira durante los próximos tres años.
Lo que tenés que saber:
- El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, y otros 10 afiliados, enfrentan un juicio por cortes de calle durante protestas.
- El juez les otorgó la «suspensión de juicio a prueba», pero estarán bajo vigilancia judicial durante los próximos tres años.
- Si se les acusa de otro delito durante este tiempo, podrían ir a prisión.
- La medida afecta también a dirigentes como Adriana Iranzo y Raquel Blas, quienes recibirán la misma suspensión, pero con plazos distintos.
- La decisión establece un peligroso precedente en la criminalización de las protestas laborales y la limitación de libertades sindicales.
Suspensión de juicio a prueba para Roberto Macho y otros sindicalistas
El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, y otros diez miembros de la organización, atraviesan un juicio que podría llevarlos a prisión debido a su participación en protestas sindicales que incluyeron cortes de calles. La última resolución judicial fue la «suspensión de juicio a prueba», lo que significa que los sindicalistas evitarán la cárcel, pero estarán sujetos a una estricta vigilancia judicial durante los próximos tres años.
El juez Juan Manuel Pina González tomó esta decisión en el marco de los cargos que enfrentaban Macho y sus compañeros por los incidentes ocurridos en 2022, cuando los cortes de tránsito se produjeron como parte de las protestas en reclamo de mejoras laborales. En total, Macho estaba involucrado en cinco causas, de las cuales cuatro fueron suspendidas bajo la condición de no cometer nuevos delitos. En caso de incurrir en alguna falta durante este periodo, el dirigente deberá cumplir con la pena de prisión.
La quinta causa que enfrentaba Macho fue sobreseída, dado que no se presentaron pruebas concluyentes que lo vincularan con el hecho. El planteo fue aceptado por la Fiscalía, que no presentó objeciones a esta resolución.

Adriana Iranzo y otros dirigentes de ATE también beneficiados
Adriana Iranzo, esposa de Roberto Macho y también dirigente de ATE, recibió el mismo beneficio judicial, aunque con un plazo reducido a dos años debido a su participación en dos episodios de cortes de calles. Por su parte, Raquel Blas, otra importante figura de ATE, continuará su proceso en la Corte de Casación, después de que se rechazaran las nulidades presentadas por su defensa, en relación con su implicación en un corte durante una protesta.
Además de Macho e Iranzo, otros nueve afiliados de ATE Mendoza fueron beneficiados con una suspensión de juicio a prueba por un año. Estos miembros del sindicato son Roberto Podio, Tomás Sánchez, Patricia Irrutia, Carlos Quinteros, José Bittar, Manuel Orellana, Silvia Castro, Mario Alcanis y Juan Manuel San Martín. Los cargos por los cuales fueron procesados incluyen su participación en manifestaciones y cortes de calle organizados por ATE en 2022.

Precedente de criminalización de la protesta sindical
La decisión del juez de otorgar la suspensión de juicio a prueba marca un importante precedente en la manera en que se enfrenta legalmente el derecho a la protesta en Argentina, especialmente cuando esta involucra cortes de calle. Si bien los sindicalistas no irán a prisión por ahora, quedarán bajo vigilancia judicial durante el período de la suspensión. En caso de cometer algún delito, podrían ser encarcelados.
Este fallo plantea una cuestión crucial: la creciente criminalización de las formas de protesta social y sindical. La medida podría sentar un precedente peligroso que limite las libertades sindicales y el derecho de los trabajadores a expresarse mediante manifestaciones y cortes, una práctica habitual en luchas laborales por condiciones dignas.
CABA
Metrodelegado acusa a la Policía de usar su celular para estafar a su familia
Claudio Dellecarbonara denunció que, mientras su teléfono permanecía bajo custodia, circularon pedidos de dinero a su madre, a su pareja y a contactos que ni siquiera tenía agendados. Lo vinculó con un intento de amedrentar a los trabajadores del subte; el ministro de Seguridad porteño pidió que se denuncie en la Justicia.
Mensajes con imágenes de su vida privada y pedidos de dinero a su nombre llegaron a su madre y a su pareja mientras su celular, según relató, permanecía en una bolsa cerrada bajo custodia de la Policía de la Ciudad.
Claudio Dellecarbonara, metrodelegado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), fue detenido el martes 20 de octubre en la estación Juan Manuel de Rosas, durante una protesta con apertura de molinetes, junto a sus compañeros sindicales Facundo Heredia y Néstor Segovia. La denuncia la hizo en una entrevista en El Destape AM 1070.
Una detención y un celular en una bolsa
El dirigente describió el trato que recibió en la dependencia policial: “Nos desnudan para revisarnos, nos sacan sangre, nos hacen orinar”. Sus pertenencias, incluido el teléfono, quedaron en una bolsa cerrada para devolvérselas al salir. “Yo el celular no lo tuve hasta que salí”, sostuvo.
Pedidos de plata con datos privados
Según denunció, durante esas horas empezaron a circular mensajes enviados desde otros números que utilizaban información de su teléfono y fotografías de su intimidad. “Son fotos que me saco con mi familia, en mi casa, en mi vida privada”, dijo. Los destinatarios recibieron pedidos de dinero de personas que se hacían pasar por él.
“La Policía me sacó el celular y con esa información empezó a pedirle plata a mis contactos”, enfatizó. Aseguró que intentaron estafar a su madre y a su pareja, y que el intento también alcanzó a personas cuyos números no tenía agendados: “Hicieron como un trabajo cruzado”.
Dellecarbonara dio a entender que solo la fuerza de seguridad porteña pudo estar detrás de lo ocurrido. “Nadie tenía mi teléfono salvo la Policía”, afirmó, y recordó que el aparato estaba supuestamente bajo custodia. Se trata de la versión del dirigente; hasta el momento no se confirmó quién envió los mensajes.
Amedrentar a quienes se organizan
El metrodelegado atribuyó el episodio a una finalidad intimidatoria contra la organización sindical. Sostuvo que todo se hace “para tratar de amedrentar”, para que los trabajadores crean que no pueden reclamar ni organizarse.
El operativo había desencadenado el martes un paro que alcanzó a las seis líneas y al Premetro entre la mañana y la media tarde. Ese mismo día, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó los arrestos con una frase categórica: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”. Antes, la AGTSyP ya se había declarado en estado de alerta por tareas de mantenimiento que, según el gremio, realizan empresas tercerizadas y corresponden al personal del subte.
La respuesta del ministro de Seguridad porteño
Consultado sobre el tema durante la presentación del Presupuesto 2027 en la Legislatura porteña, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Héctor Giménez, pidió que se denuncien en la Justicia todos los delitos que se consideren pertinentes. “Nosotros no somos encubridores del personal policial que no hace su trabajo”, afirmó. Agregó que no van a cubrir a quienes hicieron mal su tarea.
Lo que tenés que saber:
- Claudio Dellecarbonara fue detenido el martes 20 de octubre en la estación Juan Manuel de Rosas, junto a Facundo Heredia y Néstor Segovia.
- El metrodelegado denunció que, mientras su celular estaba bajo custodia policial, usaron datos y fotos privadas para pedir dinero a sus contactos.
- Aseguró que intentaron estafar a su madre y a su pareja, y que los mensajes también llegaron a personas que no tenía agendadas.
- Atribuyó los hechos a un intento de amedrentar a la organización sindical; hasta el momento no se confirmó quién envió los mensajes.
- El ministro de Seguridad porteño, Héctor Giménez, pidió denunciar los delitos en la Justicia y aseguró que no encubrirán a policías que no hagan su trabajo.
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