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Denuncia

Persecución judicial contra ATE: trabajadores «a prueba» o cárcel

El titular de ATE Mendoza Roberto Macho y otros 10 afiliados fueron sancionados por el juez Juan Manuel Pina González quien les otorgó la «suspensión de juicio a prueba» pero estarán en la mira durante los próximos tres años.

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Lo que tenés que saber:

  • El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, y otros 10 afiliados, enfrentan un juicio por cortes de calle durante protestas.
  • El juez les otorgó la «suspensión de juicio a prueba», pero estarán bajo vigilancia judicial durante los próximos tres años.
  • Si se les acusa de otro delito durante este tiempo, podrían ir a prisión.
  • La medida afecta también a dirigentes como Adriana Iranzo y Raquel Blas, quienes recibirán la misma suspensión, pero con plazos distintos.
  • La decisión establece un peligroso precedente en la criminalización de las protestas laborales y la limitación de libertades sindicales.

Suspensión de juicio a prueba para Roberto Macho y otros sindicalistas

El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, y otros diez miembros de la organización, atraviesan un juicio que podría llevarlos a prisión debido a su participación en protestas sindicales que incluyeron cortes de calles. La última resolución judicial fue la «suspensión de juicio a prueba», lo que significa que los sindicalistas evitarán la cárcel, pero estarán sujetos a una estricta vigilancia judicial durante los próximos tres años.

El juez Juan Manuel Pina González tomó esta decisión en el marco de los cargos que enfrentaban Macho y sus compañeros por los incidentes ocurridos en 2022, cuando los cortes de tránsito se produjeron como parte de las protestas en reclamo de mejoras laborales. En total, Macho estaba involucrado en cinco causas, de las cuales cuatro fueron suspendidas bajo la condición de no cometer nuevos delitos. En caso de incurrir en alguna falta durante este periodo, el dirigente deberá cumplir con la pena de prisión.

La quinta causa que enfrentaba Macho fue sobreseída, dado que no se presentaron pruebas concluyentes que lo vincularan con el hecho. El planteo fue aceptado por la Fiscalía, que no presentó objeciones a esta resolución.

Adriana Iranzo y otros dirigentes de ATE también beneficiados

Adriana Iranzo, esposa de Roberto Macho y también dirigente de ATE, recibió el mismo beneficio judicial, aunque con un plazo reducido a dos años debido a su participación en dos episodios de cortes de calles. Por su parte, Raquel Blas, otra importante figura de ATE, continuará su proceso en la Corte de Casación, después de que se rechazaran las nulidades presentadas por su defensa, en relación con su implicación en un corte durante una protesta.

Además de Macho e Iranzo, otros nueve afiliados de ATE Mendoza fueron beneficiados con una suspensión de juicio a prueba por un año. Estos miembros del sindicato son Roberto Podio, Tomás Sánchez, Patricia Irrutia, Carlos Quinteros, José Bittar, Manuel Orellana, Silvia Castro, Mario Alcanis y Juan Manuel San Martín. Los cargos por los cuales fueron procesados incluyen su participación en manifestaciones y cortes de calle organizados por ATE en 2022.

Precedente de criminalización de la protesta sindical

La decisión del juez de otorgar la suspensión de juicio a prueba marca un importante precedente en la manera en que se enfrenta legalmente el derecho a la protesta en Argentina, especialmente cuando esta involucra cortes de calle. Si bien los sindicalistas no irán a prisión por ahora, quedarán bajo vigilancia judicial durante el período de la suspensión. En caso de cometer algún delito, podrían ser encarcelados.

Este fallo plantea una cuestión crucial: la creciente criminalización de las formas de protesta social y sindical. La medida podría sentar un precedente peligroso que limite las libertades sindicales y el derecho de los trabajadores a expresarse mediante manifestaciones y cortes, una práctica habitual en luchas laborales por condiciones dignas.

Denuncia

En medio del escándalo judicial, confirman que Adorni viajó al Caribe en primera clase

El jefe de Gabinete pasó Año Nuevo en Aruba con su familia a bordo de los asientos más caros disponibles en la aerolínea Latam. Este miércoles, las jubiladas que le financiaron el 87% de la compra de su departamento en Caballito declararon ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py.

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Viaje de lujo en el Caribe y jubiladas en Comodoro Py: la causa que desnuda un dudoso patrimonio de Adorni

★ La causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este miércoles nuevos elementos de peso: la Fiscalía Federal N°11, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, confirmó que el funcionario viajó junto a su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos a Aruba, una isla del Caribe, para celebrar el Año Nuevo, con pasajes en la categoría más cara disponible en la aerolínea Latam para ese destino. El itinerario, reconstruido a partir de la información aportada por la propia empresa aérea a pedido de la fiscalía, indica que Adorni partió el 29 de diciembre de 2024 y regresó el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú.

En paralelo, y en la misma jornada, declararon ante Pollicita las jubiladas Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), quienes en noviembre de 2025 le vendieron al funcionario el departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, y le financiaron 200.000 dólares del precio total de 230.000, sin cobrarle intereses y con un plazo de devolución fijado para noviembre de este año.

El viaje al Caribe y la pregunta sobre el origen del dinero

La confirmación del viaje a Aruba no es un dato menor en el expediente. Según la reconstrucción judicial, Adorni habría acumulado más de 15 viajes al exterior desde diciembre de 2023, junto a su esposa o por separado. El costo total de esos desplazamientos se irá sumando al resto de los gastos que investiga Pollicita para determinar si el estilo de vida del funcionario resulta compatible con sus ingresos declarados.

El escándalo en torno al patrimonio del ex vocero presidencial se disparó a partir de una fotografía tomada durante la denominada «Argentina Week 2026», en Nueva York, donde se detectó que Angeletti viajó en la comitiva oficial pese a no tener cargo público. El pasaje de Adorni se facturó en 4.910 dólares, sufragados por el Estado, mientras que el costo del pasaje de su esposa, de 5.154 dólares, todavía no tiene un origen claro en la causa.

Las jubiladas en Comodoro Py: se desligaron de la operación

Sbabo llegó a los tribunales pasadas las 7 de la mañana. Su declaración se extendió hasta casi las 11. Luego ingresó Viegas. Ambas sostuvieron que la operación fue gestionada por Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas, quien habría actuado como intermediario. Sbabo declaró que no recordaba los detalles de la transacción, que había confiado en Feijoo porque este la había asesorado en otras operaciones inmobiliarias y que señaló a Feijoo como amigo de Adorni. Viegas y Sbabo se desligaron así de la responsabilidad directa sobre la operación. Feijoo está citado a declarar el 22 de abril próximo.

En cuanto a los fondos utilizados para financiar la compra, Sbabo indicó ante el fiscal que el dinero provenía de sus ahorros personales, según fuentes al tanto de la declaración. La escribana Adriana Nechevenko, que ya había declarado la semana anterior, señaló por su parte que la operación fue «normal» desde el punto de vista notarial y negó la existencia de irregularidades.

Cuatro mujeres, cuatro préstamos, un funcionario endeudado

La figura de Adorni como deudor ante mujeres de ingresos modestos ya no se limita a Viegas y Sbabo. La semana pasada declararon también Graciela Isabel Molina de Cancio, comisaria retirada de la Policía, y su hija Victoria María José Cancio, contadora en la misma fuerza. Ambas confirmaron en sede judicial que le otorgaron a Adorni un préstamo de 100.000 dólares en efectivo, mediante una hipoteca privada con un interés del 11% anual, y que el funcionario todavía les debe 70.000 dólares más los intereses correspondientes, con vencimiento en noviembre de este año.

Tanto Molina como Cancio declararon que fue la primera vez que participaron de una operación de este tipo, y que conocieron a Adorni el mismo día en que se concretó la entrega del dinero. La hipoteca se realizó sobre el departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, que Adorni y su esposa habitaban antes de mudarse a Caballito.

El juez Lijo levantó el secreto bancario y fiscal

En el marco de la investigación, el juez federal Ariel Lijo habilitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de Angeletti, una medida solicitada por Pollicita que le permitirá al fiscal acceder a declaraciones de bienes, movimientos de cuentas, gastos con tarjetas de crédito, inversiones y otras operaciones del matrimonio. También se solicitó información patrimonial y financiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) para determinar si las cuatro acreedoras tenían capacidad económica real para justificar los créditos y garantías hipotecarias que figuran en la causa.

La investigación avanzará además sobre la adquisición y refacción de una propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, en el partido de Exaltación de la Cruz, con la declaración pendiente del ex titular del inmueble, Juan Ernesto Cosentino, y del contratista que habría llevado adelante la remodelación, Matías Tabar.

Como informó este medio en entregas anteriores, el patrimonio de Adorni acumula hipotecas cruzadas, financistas con perfiles económicos incompatibles con los montos prestados y una red de operaciones vinculadas entre sí por la misma escribana, el mismo círculo de contactos y el mismo mecanismo de préstamos privados sin respaldo verificable.

Puntos clave:

  • El fiscal Pollicita confirmó que Adorni viajó a Aruba en Año Nuevo con su familia, en los asientos más caros disponibles en la aerolínea Latam para ese destino, partiendo el 29 de diciembre de 2024 y regresando el 10 de enero de 2025.
  • Las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64) declararon este miércoles ante la fiscalía; se desligaron de la operación y apuntaron al intermediario Pablo Martín Feijoo, citado a declarar el 22 de abril.
  • La comisaria retirada Graciela Molina y su hija Victoria Cancio confirmaron la semana pasada un préstamo de 100.000 dólares a Adorni, del que todavía se le deben 70.000 más intereses.
  • El juez Ariel Lijo habilitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa; la causa avanza sobre los viajes al exterior y las propiedades del funcionario.
  • La investigación se extiende a la casa en el country Indio Cuá y a los costos de su refacción, con nuevos testigos citados a declarar.

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