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Soria: «Capuchetti deber tomar licencia como D’Alessandro»

El ministro de Justicia recordó que la magistrada tiene causas como «la mesa judicial macrista, el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner el megaendeudamiento de Macri con el FMI» sin avances.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, reiteró hoy que existe «una relación contractual» entre la jueza María Eugenia Capuchetti y el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, y planteó que la jueza «debería tomarse una larga licencia hasta que se esclarezcan estos bochornos».

«En el día de ayer se da a conocer esta relación contractual de Capuchetti y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Me parece que estas personas deberían tomar el ejemplo de D’Alessandro y tomarse una larga licencia para que por lo menos se esclarezcan estos bochornos«, expresó el ministro en declaraciones a la radio AM750.

Soria recordó que la jueza tiene tres causas inéditas para la historia del país: «la mesa judicial macrista, el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner el megaendeudamiento de Macri con el FMI».

«Son tres causas en las que se registra prácticamente un nulo avance o esclarecimiento», remarcó el funcionario.

La jueza Capuchetti encabeza el juzgado federal número 5, y según trascendió esta semana, la jueza es «Asesora Senior» en el Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia y está a cargo de Marcelo D’Alessandro.

D’Alessandro se encuentra actualmente en uso de licencia tras la difusión de unos chats que se le atribuyen con Silvio Robles -vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti- y el empresario Marcelo Violante, quien estuvo a cargo de la concesión del servicio de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires.

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Fuerte fallo a favor de la AFA: la Justicia anuló resoluciones de la IGJ y respaldó a Chiqui Tapia

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró nulas dos resoluciones administrativas que impedían completar el cambio de jurisdicción de la entidad. El tribunal también dejó sin efecto una veeduría impulsada desde el Ministerio de Justicia.

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El Argentino Diario-Chiqui Tapia.

Puntos clave

  • La Cámara Civil anuló dos resoluciones de la IGJ y del Ministerio de Justicia.
  • La Justicia validó el traslado del domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires.
  • La entidad quedará bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
  • El tribunal dejó sin efecto una veeduría dispuesta sobre la AFA.
  • Los jueces consideraron que la IGJ se excedió en sus facultades.
  • La asamblea de la AFA aprobó el cambio de domicilio en octubre de 2024.
  • El fallo cuestionó los argumentos utilizados por el organismo nacional.
  • Claudio Tapia fortaleció su posición institucional tras la resolución judicial.

La Justicia respaldó el traslado de la AFA a la provincia de Buenos Aires

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó un fallo favorable para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al declarar la nulidad de dos resoluciones emitidas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Ministerio de Justicia de la Nación.

La decisión judicial permite consolidar el cambio de domicilio de la entidad hacia la provincia de Buenos Aires y deja sin efecto los obstáculos administrativos que impedían completar el trámite.

Qué resolvió la Cámara Civil

La Sala D de la Cámara Civil, integrada por los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, resolvió anular la Resolución 140/2026 de la IGJ y la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia.

Además, dispuso tener por cancelada la inscripción de la AFA ante la IGJ, situación que ubica a la entidad bajo el control de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

Según el fallo, la IGJ avanzó sobre facultades que no le correspondían al intentar revisar decisiones previamente aprobadas por la autoridad provincial competente.

Los cuestionamientos a la actuación de la IGJ

Los magistrados sostuvieron que la Inspección General de Justicia «desatendió palmariamente la oportuna decisión de este Tribunal» al rechazar la inscripción de una reforma estatutaria que ya contaba con validación judicial.

El fallo también remarcó que el organismo nacional pretendió verificar aspectos vinculados al domicilio de la entidad cuando esa cuestión ya se encontraba bajo análisis y control de la autoridad bonaerense.

«Si la Directora Provincial de Personas Jurídicas ordenó la inscripción de ‘CAMBIO DE JURISDICCIÓN – REFORMA’ de la asociación civil, no correspondía a la Inspección General de Justicia constatar si en el domicilio indicado funciona efectivamente la sede social de la entidad», señalaron los jueces.

La veeduría también quedó anulada

Otro de los puntos centrales de la resolución judicial fue la anulación de la intervención en grado de veeduría que había sido ordenada desde el Ministerio de Justicia.

La Cámara entendió que al momento de disponerse esa medida la AFA ya se encontraba bajo la fiscalización de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires.

«Mal podía la Inspección General de Justicia solicitar -y así se dispuso- a quien carecía de competencia (…) la INTERVENCIÓN EN GRADO DE VEEDURÍA», indicaron los magistrados.

Cómo comenzó el conflicto

La disputa se originó en la asamblea realizada el 17 de octubre de 2024, cuando la AFA aprobó por unanimidad una modificación estatutaria para establecer que «el domicilio social de la AFA se encuentra en la Provincia de Buenos Aires».

A partir de esa decisión se inició el procedimiento para abandonar la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pasar al ámbito provincial.

Posteriormente, la IGJ rechazó la inscripción del cambio y cuestionó la efectividad del traslado, situación que derivó en una extensa disputa administrativa y judicial.

El argumento central del tribunal

La Cámara advirtió que aceptar la postura de la IGJ podría generar una situación incompatible con el sistema legal vigente.

«Nos encontraríamos ante el inadmisible supuesto de que una asociación civil se encuentre bajo el control concomitante de dos organismos públicos de fiscalización», afirmaron los jueces.

También consideraron que las razones utilizadas por la IGJ para objetar el traslado resultaban insuficientes y que el organismo nacional actuó sobre la base de fundamentos que calificaron como «meramente aparentes».

Qué cambia para la AFA

Con esta resolución, la Asociación del Fútbol Argentino queda formalmente bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires.

La decisión representa un respaldo institucional para la conducción encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia y pone fin a una controversia administrativa que se extendió durante meses.

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