El abogado del dirigente sindical Juan Pablo «Pata» Medina, César Albarracín, solicitó este viernes al juez federal Ernesto Kreplak que se investigue e impute a la ex gobernadora María Eugenia Vidal «por el armado de causas penales contra su defendido en el marco de la denominada «mesa judicial bonaerense».

El letrado precisó que en el escrito se hizo mención a «graves inconsistencias de los dichos de Vidal anoche en televisión». Además, indicó que «a ello se suma circunstancias objetivas conocidas: el video en el que participaron dos de sus ministros y el subsecretario de Justicia, el intendente de La Plata y el senador Juan Pablo Allan, que integraba por Cambiemos el Consejo de la Magistratura».

Para Albarracín, «Vidal no podía desconocer la existencia ni el contenido de esa reunión, y además dijo ayer que en reiteradas veces ella se ocupó ‘personalmente del tema Pata Medina’ junto al ex presidente Mauricio Macri». «Ella no puede considerarse ajena a la maniobra ni desconocerla como quiso decir ayer», añadió.

La semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la Justicia federal de La Plata luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de Vidal y agentes de inteligencia supuestamente orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales, mientras mantenían un encuentro con empresarios platenses de la construcción.

En el video difundido, que ahora investiga la Justicia federal platense, aparecían, entre otros, el por entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, senador provincial; y el intendente de La Plata, Julio Garro.

Además, se encontraban empresarios y los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la AFI y Darío Biorci, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI en tiempos del gobierno de Cambiemos.

En el encuentro, Villegas expresaba su deseo de tener una «Gestapo» -la policía política del régimen nazi- para accionar contra los gremios en Argentina.

En la presentación judicial, el abogado de Medina aportó la desgrabación de la entrevista televisiva concedida en el día de ayer por Vidal al canal LN+ «por cuanto estimo que sus dichos resultan indicativos de su posible participación en los hechos investigados».

Para el letrado, la actual diputada nacional del PRO por CABA «mintió» cuando dijo que el subsecretario Grassi estuvo en la reunión porque era la persona del Ministerio de Justicia que tenía a su cargo la asistencia a las víctimas.

«El área de asistencia a la víctima dependió durante su gobierno de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que en ese momento se encontraba a cargo de Ignacio Hagelstrom. No hace falta mencionar que Adrián Grassi no es psicólogo ni asistente social, y que lejos de cualquier rol de contención, no hizo más que influir sobre los futuros testigos explicándoles que debían modificar sus relatos para que los hechos puedan encuadrar en algún delito», se señaló en el texto de la presentación.

El abogado a la vez planteó que «las dos causas iniciadas contra Medina luego de esa reunión no fueron iniciadas por denuncias de empresarios asistidos por el ministerio, sino que se trató de presentaciones anónimas»

«Una ingresada a un 0800 de la policía de la Provincia de Buenos Aires y la otra dejada supuestamente a escondidas en la mesa de entradas del Juzgado Federal de Quilmes», detalló el escrito.

Para Albarracín, pese a que Vidal afirmó que para sus ministros “era una reunión de trabajo”, ello es «inconsistente» dada la presencia de tres altos agentes de la AFI en el encuentro.

Además, el defensor de Medina rechazó la declaración de la exgobernadora según la cual «todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la justicia, no por mi gobierno, con pruebas claras y concluyentes».

«Juan Pablo Medina, con 68 años, no tiene un solo antecedente penal. El proceso del año 2001 finalizó en sobreseimiento. Tampoco tuvo imputación ni procesamiento por los hechos de San Vicente», dijo su defensor.

Sostuvo, en ese marco, que «esta sucesión de mentiras y falsedades, junto al intento de justificación de la actividad desplegada para el armado de las causas, no es más que constitutivo de lo que la doctrina denomina indicio de mala justificación que, en el caso, posicionaría entonces a Vidal como una de las máximas responsables de los hechos que se investigan».

El escrito de Albarracín concluye: «Vidal mintió cuando dijo que la presencia de Grassi en la reunión obedecía a su competencia en materia de víctimas; cuando dijo que el Ministerio de Justicia acompañó a los empresarios a formular las denuncias; al expresar que no se trató más que de una reunión de trabajo y que no sabía de su existencia y mintió cuando expuso que Medina y Marcelo (secretario del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación) tenían múltiples antecedentes y pedidos de detención previos».