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Gestapo Gate: Pablo Moyano comparó a Villegas con un funcionario de la dictadura

«¿Qué diferencia hay entre el exministro de Trabajo (Marcelo) Villegas y el exministro de Trabajo de la dictadura, (Horacio) Liendo, si los dos alentaban a la detención de dirigentes gremiales y la desaparición de gremios?»-dijo Moyano

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«El dirigente del gremio de Camioneros y cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, volvió a repudiar hoy la «persecución política, mediática y judicial» durante la gestión nacional de Mauricio Macri y la bonaerense de María Eugenia Vidal y juzgó que las metodologías utilizadas por esas administraciones para generar la «detención de dirigentes gremiales y la desaparición de gremios» tenía «la misma raíz política» que la aplicada durante la última dictadura cívico militar.

Moyano ubicó en el 2017 el punto de partida de la embestida de la gestión macrista contra los gremios, a raíz del rechazo de los sindicatos a la reforma laboral impulsada, entonces, por el gobierno de Cambiemos. El dirigente sindical declaró en diálogo con El Destape Radio que: «en el año 2017, cuando rechazamos la reforma laboral que se llevaba adelante por pedido del FMI el expresidente Mauricio Macri comenzó la persecución mediática, judicial y política».

El cotitular de la CGT se refirió al video de una reunión de junio de 2017 en la que el entonces ministro de Trabajo del Gobierno bonaerense, Marcelo Villegas, proponía desarrollar una estrategia que incluía el armado de causas judiciales a gremialistas, entre ellos, al extitular de la Uocra de La Plata Juan Pablo «Pata» Medina.

Sobre esas metodologías, Moyano se preguntó: «¿Qué diferencia hay entre el exministro de Trabajo (Marcelo) Villegas y el exministro de Trabajo de la dictadura, (Horacio) Liendo, si los dos alentaban a la detención de dirigentes gremiales y la desaparición de gremios? La raíz política era la misma».

En ese contexto, el dirigente gremial de Camioneros aseguró que cuando ellos denunciaban persecución política en aquel momento por parte del Gobierno macrista «nadie» les creía y «si no hubiera sido por los videos» que aparecieron recientemente de la supuesta mesa judicial «esto quedaba en la nada» y cargó contra algunos medios de comunicación que fueron «parte» de la «persecución política» a dirigentes sindicales y gremios.

«Hay que reconocer a los periodistas que nos dejaron denunciar lo que estaba pasando, porque no todo el periodismo es igual. La cobertura mediática de Clarín y La Nación era parte de esa banda judicial que nos gobernó durante cuatro años», denunció y apuntó contra los grandes conglomerados mediáticos: «Informen bien porque desde la dictadura militar que le vienen mintiendo al pueblo argentino».

Por otra parte, Moyano se refirió al control de precios aplicados en productos de la canasta básica familiar y cargó contra algunos empresarios por la falta de «solidaridad» en un escenario económico y social atravesado por la pandemia de coronavirus.

«Los grandes generadores de precios no son solidarios cuando el país los necesita. Tendría que ser más firme el Gobierno para decirle a estos tipos que se sientan ante el ministro de Economía o al Presidente y se comprometen a llevar adelante un control de precios y después no lo controlan», afirmó. En ese sentido, Moyano concluyó: «Yo no creo en el empresariado argentino. Firman y después no cumplen».

Hoy los ministros de Economía y de Desarrollo Productivo, Martín Guzmán y Matías Kulfas; el secretario de Comercio interior, Roberto Feletti, y el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, se reunieron con empresarios en las terrazas del Palacio de Hacienda para intentar un nuevo acuerdo de precios y salarios.

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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