La defensa del empresario Lázaro Báez sostuvo este martes que los fiscales de juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, hicieron «inferencias violatorias del principio de legalidad» con el fin de «meter gente en la cárcel», en la segunda jornada de su alegato final en la causa Vialidad.

«Todas las inferencias que realizan los doctores (Sergio) Mola y (Diego) Luciani resultan violatorias del principio de legalidad», afirmó el abogado Juan Vilanueva, que representa al dueño de «Austral Construcciones», ante el Tribunal Oral Federal 2.

«Si quieren cambiar la ley tienen que formalizar un partido político, ganar una elección y canalizar las reformas como corresponde», ironizó en relación a que la fiscalía habría recurrido a normas que ya no están vigentes a la hora de fundar su acusación.

La fiscalía «tergiversa lo que dijeron los propios peritos» de manera «maliciosa» y con el fin de «meter gente en la cárcel», agregó el letrado en el juicio que se realiza por videoconferencia y que tiene 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández.

Ante lo jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, el abogado de Báez reiteró que la pericia en la cual se aludió a sobreprecios y otras irregularidades «en ningún aspecto puede ser valorada» como prueba y que «las conclusiones de la fiscalía son una disconformidad con la normativa vigente».

«La verdad es que nosotros entendemos que acá no hay espacio para la interpretación creativa que nos proponen los fiscales. La ley es la ley», argumentó además Villanueva, al sostener que todo se hizo en base a la normativa vigente.

Los fiscales «desde sus escritorios en Comodoro Py» sacaron conclusiones sobre el clima en Santa Cruz, dijo en otro tramo vinculado a los pedidos de extensión de plazos de las obras.

«Era cuestión nada más de abrir los expedientes, no tenían que pesarlos, tenían que leerlos», apuntó y puso como ejemplo que los fiscales hablaron de la demora en una ruta «que cruzaba la Cordillera de los Andes, en la frontera con Chile. La obra se llama corredor cordillerano».

La obra era de «alta montaña, en el extremo sur del continente, donde son los climas más agresivos de la Argentina», sostuvo y dijo que si los fiscales lo ignoraban «lo que no pueden hacer nunca es utilizar su desconocimiento sobre el tema, sobre los hechos, para fundar un pedido de condena».

Villanueva aludió a un «encuadre malicioso del Ministerio Público Fiscal» y a una «falacia absoluta» en una acusación que tiene «agujeros groseros».

«Nunca, jamás, la demora en la ejecución de una obra puede ser un medio idóneo para defraudar al Estado, porque la consecuencia de la demora es exactamente la opuesta. La que pierde con la demora y ampliación de plazo es la empresa», analizó.

También sostuvo que no hay prueba de que las empresas de Báez hayan tenido algún «privilegio» por sobre las demás contratistas de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La fiscalía «no presentó una sola prueba» de que lo que ocurría con las 51 obras adjudicadas a Báez en ese período «fuera una situación excepcional, preferencial o por fuera de la norma».

La forma en que se hacían las cosas «era la práctica normal y general» en la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz y era la misma «en todos los casos», señaló.

En la primera jornada de alegato, Villanueva había anticipado que pediría la absolución del empresario.

Báez tiene un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron «prevaricato».

Báez está acusado por supuesta «asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública».

Una vez que finalice la defensa de Báez en la audiencia del martes de la semana próxima, los alegatos seguirán con los últimos cuatro imputados, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.

En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.