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Causa Vialidad: la defensa de Báez sostiene que la fiscalía viola «principio de la legalidad»

La fiscales Luciano y Mola «tergiversaron lo que dijeron los propios peritos» de manera «maliciosa» y con el fin de «meter gente en la cárcel», sostuvo el abogado del empresario.

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El-Argentino-Lázaro Báez

La defensa del empresario Lázaro Báez sostuvo este martes que los fiscales de juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, hicieron «inferencias violatorias del principio de legalidad» con el fin de «meter gente en la cárcel», en la segunda jornada de su alegato final en la causa Vialidad.

«Todas las inferencias que realizan los doctores (Sergio) Mola y (Diego) Luciani resultan violatorias del principio de legalidad», afirmó el abogado Juan Vilanueva, que representa al dueño de «Austral Construcciones», ante el Tribunal Oral Federal 2.

«Si quieren cambiar la ley tienen que formalizar un partido político, ganar una elección y canalizar las reformas como corresponde», ironizó en relación a que la fiscalía habría recurrido a normas que ya no están vigentes a la hora de fundar su acusación.

La fiscalía «tergiversa lo que dijeron los propios peritos» de manera «maliciosa» y con el fin de «meter gente en la cárcel», agregó el letrado en el juicio que se realiza por videoconferencia y que tiene 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández.

Ante lo jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, el abogado de Báez reiteró que la pericia en la cual se aludió a sobreprecios y otras irregularidades «en ningún aspecto puede ser valorada» como prueba y que «las conclusiones de la fiscalía son una disconformidad con la normativa vigente».

«La verdad es que nosotros entendemos que acá no hay espacio para la interpretación creativa que nos proponen los fiscales. La ley es la ley», argumentó además Villanueva, al sostener que todo se hizo en base a la normativa vigente.

Los fiscales «desde sus escritorios en Comodoro Py» sacaron conclusiones sobre el clima en Santa Cruz, dijo en otro tramo vinculado a los pedidos de extensión de plazos de las obras.

«Era cuestión nada más de abrir los expedientes, no tenían que pesarlos, tenían que leerlos», apuntó y puso como ejemplo que los fiscales hablaron de la demora en una ruta «que cruzaba la Cordillera de los Andes, en la frontera con Chile. La obra se llama corredor cordillerano».

La obra era de «alta montaña, en el extremo sur del continente, donde son los climas más agresivos de la Argentina», sostuvo y dijo que si los fiscales lo ignoraban «lo que no pueden hacer nunca es utilizar su desconocimiento sobre el tema, sobre los hechos, para fundar un pedido de condena».

Villanueva aludió a un «encuadre malicioso del Ministerio Público Fiscal» y a una «falacia absoluta» en una acusación que tiene «agujeros groseros».

«Nunca, jamás, la demora en la ejecución de una obra puede ser un medio idóneo para defraudar al Estado, porque la consecuencia de la demora es exactamente la opuesta. La que pierde con la demora y ampliación de plazo es la empresa», analizó.

También sostuvo que no hay prueba de que las empresas de Báez hayan tenido algún «privilegio» por sobre las demás contratistas de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La fiscalía «no presentó una sola prueba» de que lo que ocurría con las 51 obras adjudicadas a Báez en ese período «fuera una situación excepcional, preferencial o por fuera de la norma».

La forma en que se hacían las cosas «era la práctica normal y general» en la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz y era la misma «en todos los casos», señaló.

En la primera jornada de alegato, Villanueva había anticipado que pediría la absolución del empresario.

Báez tiene un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron «prevaricato».

Báez está acusado por supuesta «asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública».

Una vez que finalice la defensa de Báez en la audiencia del martes de la semana próxima, los alegatos seguirán con los últimos cuatro imputados, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.

En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.

Judiciales ⚖️

Aníbal Lotocki seguirá preso mientras la Corte define su condena a 8 años

El cirujano fue condenado por lesiones graves y estafa contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. El máximo tribunal todavía debe resolver el recurso presentado por su defensa.

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Aníbal Lotocki continuará detenido mientras la Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso presentado contra su condena a ocho años de prisión. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°28, que ordenó mantener su prisión preventiva ante el riesgo de fuga.

El cirujano cumple actualmente una detención preventiva en el marco de otro proceso judicial, en el que es juzgado por la muerte del empresario Cristian Zárate y por las lesiones provocadas a otras cinco mujeres.

El juez Jorge Romeo, del TOC N°28, consideró que existen motivos suficientes para sostener el encierro cautelar y evitar que Lotocki pueda eludir a la Justicia si eventualmente recuperara la libertad.

La condena que todavía no quedó firme

Lotocki fue condenado por las lesiones graves y la estafa cometidas contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

En febrero de 2022 había recibido una pena de cuatro años de prisión. Sin embargo, luego de los recursos presentados por la Fiscalía y las querellas, la Sala III de la Cámara de Casación elevó la condena a ocho años, al considerar además acreditado el delito de estafa.

La Cámara también incrementó de cinco a diez años la inhabilitación para ejercer la profesión médica.

En abril de 2025, la Sala II de la Cámara confirmó la condena de ocho años. La defensa recurrió la decisión y actualmente permanece pendiente de resolución un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.

Por ese motivo, la condena todavía no adquirió firmeza definitiva.

Por qué el juez decidió mantenerlo detenido

El fiscal general Sandro Abraldes había solicitado que se dictara la prisión preventiva para garantizar una eventual ejecución de la pena.

Entre los argumentos planteados por la Fiscalía apareció un antecedente considerado relevante: según el expediente, Lotocki incumplió en tres oportunidades la obligación judicial de informar ausencias de su domicilio durante más de 24 horas.

El juez Romeo compartió el planteo fiscal y consideró que existe una relación entre la situación procesal del acusado y el riesgo de fuga.

En su resolución, sostuvo que los antecedentes judiciales del cirujano generan una mayor incertidumbre respecto de su eventual comportamiento si recuperara la libertad.

Para el magistrado, ante una eventual absolución en el otro proceso que actualmente lo mantiene detenido, Lotocki podría intentar evadir el accionar de la Justicia.

“Podría evadirse del accionar de la Justicia”

Uno de los argumentos centrales de la resolución fue precisamente el riesgo de que el acusado pueda escapar si recupera la libertad.

El juez sostuvo que, en caso de quedar libre y tener que afrontar nuevamente una pena de prisión efectiva de importancia, “Aníbal Rubén Lotocki podría evadirse del accionar de la Justicia”.

Romeo también mencionó la existencia de múltiples procesos judiciales y consideró que ese escenario constituye un elemento para sostener la necesidad de mantener el encierro cautelar.

Según el magistrado, mantener detenido al condenado permite garantizar su sujeción al proceso y resguardar los derechos de las víctimas.

Dos causas que mantienen a Lotocki frente a la Justicia

La situación judicial de Lotocki está atravesada por más de un expediente.

Por un lado, se encuentra la causa en la que fue condenado a ocho años de prisión y diez años de inhabilitación profesional por los delitos vinculados con las lesiones graves y la estafa contra las cuatro mujeres.

Por otro, actualmente enfrenta un juicio ante el TOC N°17 por la muerte de Cristian Zárate y las lesiones ocasionadas a otras cinco mujeres.

En ese contexto, el juez Romeo señaló que la nueva medida no implica un agravamiento de su situación material de encierro, dado que Lotocki ya se encuentra privado de su libertad a disposición del otro tribunal.

La decisión que ahora debe tomar la Corte

El futuro de la condena a ocho años depende de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras el máximo tribunal no se expida sobre el recurso de queja presentado por la defensa, la condena no queda firme en forma definitiva. Sin embargo, la Justicia decidió que Lotocki permanezca detenido para garantizar su eventual sometimiento a la ejecución de la pena.

Así, mientras continúa el juicio por la muerte de Cristian Zárate, el cirujano enfrenta además una condena de ocho años cuya situación definitiva todavía está en manos de la Corte.

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