La secretaría de Derechos Humanos volvió a advertir hoy que el lawfare o «guerra jurídica» constituye una práctica que condiciona los procesos electorales y «avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas», en este caso de la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al desconocer sus garantías fundamentales del Estado de Derecho.

Así lo manifestó la secretaría encabezada por Horacio Pietragalla Corti en un comunicado, en el que señaló: «Desde el inicio de la nueva gestión, en diciembre de 2019, la Secretaría de Derechos Humanos viene advirtiendo que el lawfare o ‘guerra jurídica’ constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública».

El organismo recordó que «tiene la responsabilidad de investigar» los actos en los cuales «las autoridades estatales pueden ser responsables de vulnerar derechos», como es el caso del lawfare, impulsado «por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático».

«El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar», señaló el comunicado y agregó que esta práctica también «habilita el diseño e implementación de políticas públicas con un claro sesgo regresivo en materia de derechos humanos».

En este sentido, la Secretaría argumentó que «en estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex presidenta, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal».

Asimismo, hizo un llamamiento «a favor de la independencia judicial y la democracia» y lamentó «profundamente que esta situación esté siendo avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, como máxima autoridad de un poder del Estado, debería intervenir para restablecer la legitimidad del servicio de Justicia».

La Secretaría aseveró que mantendrán el diálogo con organismos internacionales «para que realicen un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares».

Al retomar esta mañana su alegato en el juicio que se sigue a la vicepresidenta Fernández de Kirchner y otros doce imputados, el fiscal federal Diego Luciani sostuvo que en la provincia de Santa Cruz hubo un «direccionamiento grosero inadmisible» a favor de empresas de Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública vial nacional entre 2003 y 2015.

Además de la expresidenta son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y exfuncionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros.