Espionaje
Macri llegó a Dolores para ser indagado por espionaje a familiares del ARA San Juan
Está citado a las 12 en el juzgado federal de primera instancia de esa ciudad, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.
Está citado a las 12 en el juzgado federal de primera instancia de esa ciudad, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.
El ex presidente Mauricio Macri deberá presentarse ante la justicia federal de Dolores para ser indagado como acusado de haber promovido un espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo.
El ex mandatario está citado para las 12 en el juzgado federal de primera instancia de Dolores, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.
Desde antes de las 7, comenzaron a llegar a la sede del juzgado, ubicado sobre la calle Buenos Aires en el centro de Dolores, efectivos de la Policía Federal que cortaron la calle y desplegaron un operativo de seguridad, en tanto que se registra una importante presencia de medios de comunicación.
A dos cuadras del juzgado, en la Plaza Castelli, se montó una especie de escenario en el acoplado de un camión, donde se desarrollará a partir de las 11 un acto de apoyo a Macri organizado desde Juntos por el Cambio (JxC).
Distintos dirigentes y exfuncionarios como Hernán Lombardi y Guillermo Dietrich convocaron a través de redes sociales a movilizarse este jueves, a partir de las 11, a la Plaza Castelli, en Dolores, para «bancar a Mauricio», según indican los flyers que circulan por Twitter.
A horas de la indagatoria, el tribunal de apelaciones rechazó la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Los jueces Eduardo Jiménez, Osvaldo Tazza y Rafael Julián le indicaron al juez Bava que en sus próximos pronunciamientos guarde un estilo más mesurado que en los anteriores, pero entendieron que no hay motivos para acceder a la recusación solicitada.
El propio Macri confirmó días atrás durante su visita a la provincia de Santiago del Estero que se presentará a la indagatoria, luego de que el juez Bava lo convocara por tercera vez, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su detención a fines de que comparezca en el marco del expediente.
Será la primera indagatoria que afronte el expresidente desde que dejó la Casa Rosada, aunque no la primera de su vida, dado que ya debió responder ante la justicia en otras causas como la del supuesto espionaje a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA.
Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan «desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno».
Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan.

Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, «la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos».
«Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan», dice la imputación que leerá el juez Bava y que ya fue expuesta en el llamado a indagatoria.
Las acciones ilegales «buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes», se indicó en la imputación.
En las declaraciones previas a su indagatoria -como aquellas que le dio al Noticiero 7 de Santiago del Estero- el expresidente Macri intentó desvincularse del supuesto espionaje, cuestionó al juez Bava y dijo que su citación a indagatoria tiene que ver con que el magistrado desconoce cómo trabaja la Casa Militar.
Lo primero que señaló fue que el juez Bava es «manifiestamente incompetente» porque, entre otras cosas, «el ARA San Juan no se hundió en Dolores», ni él trabajó en Dolores y «los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores».
En esos dichos, el exmandatario confundió, por lo menos, dos expedientes: aquel en el que se investiga el hundimiento del submarino que tramita ante la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, mientras que lo que se investiga en Dolores es el espionaje a los familiares de las víctimas, ocurrido en Mar del Plata.
«Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra», se defendió Macri, quien se encuentra imputado desde septiembre del año pasado, cuando el primer fiscal que intervino en la causa, Daniel Adler, impulsó la investigación tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
A pesar de que Macri afirmara que la del jueves fue una convocatoria intempestiva y que él no estaba en el expediente, ya en la denuncia, la interventora de la AFI lo ubicó expresamente como el «responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional».
Macri sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal «es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir».
Pero los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que, según surge de la investigación, estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.
Los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.
«Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron», sostuvo el juez en la imputación de Macri.
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Espionaje
Milei le dio un nuevo estatuto a la SIDE por Decreto
El Gobierno libertario lo presenta como una supuesta medida de profesionalización, pero la falta de debate legislativo y el poder discrecional que conserva el Ejecutivo sobre el organismo generan preguntas que el decreto no responde.
El Gobierno Nacional «reorganizó» por decreto el régimen laboral de los agentes de inteligencia del Estado. A través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que reemplaza las normas anteriores y establece un esquema integral de carrera, formación, remuneraciones y condiciones de egreso para quienes integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
La medida fue presentada por el Ejecutivo como un paso hacia la profesionalización del organismo, con el argumento de consolidar un cuerpo de trabajadores especializados capaz de mantener continuidad más allá de los cambios políticos. Sin embargo, el mecanismo elegido, un decreto presidencial sin intervención del Poder Legislativo, resulta coherente con el estilo de gestión de La Libertad Avanza: concentración de decisiones en el Ejecutivo, velocidad normativa y escaso control parlamentario sobre áreas sensibles del Estado.
Qué establece el estatuto
El nuevo régimen fija que el ingreso y la promoción dentro de la SIDE deberán contemplar criterios técnicos, éticos y profesionales. La capacitación permanente queda establecida como uno de los ejes centrales del desarrollo de los agentes, con actividades orientadas a actualizar y fortalecer conocimientos y competencias en materia de inteligencia. El estatuto dispone además la creación de un plan de carrera con formación técnica, humana y profesional, basado en principios de idoneidad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización.
La normativa también busca vincular los salarios con las responsabilidades de cada agente. Las remuneraciones deberán guardar correspondencia con las capacidades técnicas, las funciones y los grados jerárquicos, para evitar diferencias discrecionales entre trabajadores con funciones, trayectoria y antigüedad similares; una formulación que, en la práctica, quedará sujeta a la reglamentación interna del organismo.
Derechos y condiciones de egreso
Entre los principales derechos reconocidos figura la estabilidad laboral para quienes integren la planta permanente una vez confirmados en sus cargos. La desvinculación solo podrá producirse por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el propio estatuto. Los agentes tendrán derecho a percibir remuneraciones acordes a las escalas de su categoría, además de bonificaciones, compensaciones y otros conceptos, junto con acceso a capacitación, licencias, asignaciones familiares, obra social y beneficio jubilatorio.
El régimen contempla mecanismos para presentar consultas y reclamos cuando un trabajador considere que sus derechos fueron afectados, y establece distintas modalidades de promoción: por ascenso ordinario, por méritos extraordinarios o mediante ascenso post mortem. También reconoce el principio de igualdad de oportunidades dentro de la carrera y prohíbe tratos diferenciados por motivos ajenos a la aptitud y conducta profesional.
Un decreto en una zona de sombras
El estatuto llega en un contexto en el que la SIDE acumula cuestionamientos. El organismo, que funciona bajo la órbita directa de la Presidencia, está en el centro de varias investigaciones vinculadas a la gestión libertaria. El decreto regula el vínculo laboral de los agentes pero no toca la estructura de control político sobre el organismo ni los mecanismos de supervisión externa, que en Argentina han sido históricamente insuficientes.
La decisión de avanzar por decreto, sin debate parlamentario, en un área tan sensible como la inteligencia del Estado, se inscribe en una tendencia que la oposición ya denunció en otros ámbitos: la de legislar por la vía rápida para evitar el escrutinio de las cámaras. El estatuto puede leer como modernización institucional o como consolidación del poder discrecional del Ejecutivo sobre el aparato de inteligencia, según quién lo lea.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba un nuevo estatuto para el personal de la SIDE.
- La norma establece criterios de ingreso por mérito, plan de carrera, capacitación permanente y remuneraciones acordes a funciones y jerarquía.
- Reconoce estabilidad laboral para la planta permanente y fija mecanismos formales para la desvinculación y para presentar reclamos.
- La medida fue adoptada por decreto, sin intervención del Congreso, en un área históricamente sensible como la inteligencia del Estado.
- El estatuto no modifica la estructura de control político sobre el organismo ni refuerza los mecanismos de supervisión externa.
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