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Espionaje

Macri llegó a Dolores para ser indagado por espionaje a familiares del ARA San Juan

Está citado a las 12 en el juzgado federal de primera instancia de esa ciudad, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.

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Está citado a las 12 en el juzgado federal de primera instancia de esa ciudad, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.

El ex presidente Mauricio Macri deberá presentarse ante la justicia federal de Dolores para ser indagado como acusado de haber promovido un espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

El ex mandatario está citado para las 12 en el juzgado federal de primera instancia de Dolores, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Desde antes de las 7, comenzaron a llegar a la sede del juzgado, ubicado sobre la calle Buenos Aires en el centro de Dolores, efectivos de la Policía Federal que cortaron la calle y desplegaron un operativo de seguridad, en tanto que se registra una importante presencia de medios de comunicación.

A dos cuadras del juzgado, en la Plaza Castelli, se montó una especie de escenario en el acoplado de un camión, donde se desarrollará a partir de las 11 un acto de apoyo a Macri organizado desde Juntos por el Cambio (JxC).

Distintos dirigentes y exfuncionarios como Hernán Lombardi y Guillermo Dietrich convocaron a través de redes sociales a movilizarse este jueves, a partir de las 11, a la Plaza Castelli, en Dolores, para «bancar a Mauricio», según indican los flyers que circulan por Twitter.

A horas de la indagatoria, el tribunal de apelaciones rechazó la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Los jueces Eduardo Jiménez, Osvaldo Tazza y Rafael Julián le indicaron al juez Bava que en sus próximos pronunciamientos guarde un estilo más mesurado que en los anteriores, pero entendieron que no hay motivos para acceder a la recusación solicitada.

El propio Macri confirmó días atrás durante su visita a la provincia de Santiago del Estero que se presentará a la indagatoria, luego de que el juez Bava lo convocara por tercera vez, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su detención a fines de que comparezca en el marco del expediente.

Será la primera indagatoria que afronte el expresidente desde que dejó la Casa Rosada, aunque no la primera de su vida, dado que ya debió responder ante la justicia en otras causas como la del supuesto espionaje a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA.

Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan «desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno».

Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan.

Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, «la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos».

«Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan», dice la imputación que leerá el juez Bava y que ya fue expuesta en el llamado a indagatoria.

Las acciones ilegales «buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes», se indicó en la imputación.

En las declaraciones previas a su indagatoria -como aquellas que le dio al Noticiero 7 de Santiago del Estero- el expresidente Macri intentó desvincularse del supuesto espionaje, cuestionó al juez Bava y dijo que su citación a indagatoria tiene que ver con que el magistrado desconoce cómo trabaja la Casa Militar.

Lo primero que señaló fue que el juez Bava es «manifiestamente incompetente» porque, entre otras cosas, «el ARA San Juan no se hundió en Dolores», ni él trabajó en Dolores y «los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores».

En esos dichos, el exmandatario confundió, por lo menos, dos expedientes: aquel en el que se investiga el hundimiento del submarino que tramita ante la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, mientras que lo que se investiga en Dolores es el espionaje a los familiares de las víctimas, ocurrido en Mar del Plata.

«Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra», se defendió Macri, quien se encuentra imputado desde septiembre del año pasado, cuando el primer fiscal que intervino en la causa, Daniel Adler, impulsó la investigación tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

A pesar de que Macri afirmara que la del jueves fue una convocatoria intempestiva y que él no estaba en el expediente, ya en la denuncia, la interventora de la AFI lo ubicó expresamente como el «responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional».

Macri sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal «es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir».

Pero los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que, según surge de la investigación, estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.

Los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.

«Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron», sostuvo el juez en la imputación de Macri.

Espionaje

La Cámara Federal blindó a Macri, Arribas y Majdalani: rechazó llevar el espionaje a Casación

Por dos votos contra uno, la Sala I de la Cámara Federal porteña cerró la puerta para que la Cámara de Casación revise el sobreseimiento de los ex jefes de la AFI macrista y del propio ex presidente, acusados de infiltrar ilegalmente los correos electrónicos de políticos, sindicalistas y periodistas. La causa, iniciada a partir de un disco rígido recuperado durante la intervención del organismo, sigue con la amenaza de un recurso directo ante la instancia previa a la Corte Suprema.

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El-Argentino-Silvia Majdalani y Gustavo Arribas
Macri, Arribas y Majdalani blindados: la justicia federal vuelve a frenar la causa de espionaje.

Dos magistrados con historia de fallos favorables al macrismo volvieron a proteger a los ex integrantes de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La Sala I de la Cámara Federal rechazó el recurso presentado por los querellantes para que la Cámara de Casación revise la confirmación del sobreseimiento de Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y el ex presidente Mauricio Macri en la causa por la supuesta infiltración ilegal en correos electrónicos de dirigentes políticos, sindicales y periodistas. La decisión fue adoptada por mayoría, con el único voto disidente del juez Pablo Bertuzzi, quien consideró que los requisitos para habilitar la instancia superior estaban acreditados.

La causa tiene origen en una denuncia presentada por Cristina Caamaño, ex interventora de la AFI durante el gobierno de Alberto Fernández, quien sostuvo que en el marco de la intervención del organismo se encontró un disco rígido con rastros de haber sido utilizado para almacenar información de inteligencia sobre políticos, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales. La información había sido eliminada, aunque no de manera segura, lo que permitió recuperarla y dar sustento a la denuncia. La investigación quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien dictó los sobreseimientos de Macri, Arribas, Majdalani y del ex jefe de Gabinete de la AFI, Dario Biorci.

El argumento de los sobreseimientos: la cadena de custodia como escudo

La Sala I había confirmado los sobreseimientos a principios de septiembre pasado con el voto de los jueces Mariano Llorens y Pablo Yadarola, argumentando que los discos rígidos en cuestión no habían sido preservados con los recaudos mínimos que garanticen su autenticidad e integridad. El argumento era técnico en su forma pero político en sus consecuencias: si la prueba no puede garantizarse, no hay delito que perseguir. «La ausencia de recaudos mínimos de preservación no puede ser suplida por la mera afirmación de que no se detectó adulteración, máxime cuando el propio peritaje reconoció que las modificaciones eran técnicamente posibles», habían sostenido los camaristas al confirmar los sobreseimientos.

Frente a esa decisión, los querellantes, la ex diputada nacional Gabriela Troiano y el ex senador bonaerense Gustavo Traverso, presentaron un recurso para que la Cámara de Casación revisara los sobreseimientos. La respuesta fue el rechazo.

Llorens y Yadarola cierran la puerta; Bertuzzi disiente

El juez Llorens sostuvo que la fundamentación del recurso de Casación resulta insuficiente y que los querellantes «evidencian un intento de reeditar una discusión que ha tenido respuesta fundada por parte de esta Sala». En el mismo sentido se pronunció el juez Pablo Yadarola, quien señaló que los argumentos esgrimidos no configuran «una crítica especial orientada a poner en crisis el razonamiento que sustenta el fallo atacado».

Bertuzzi, en cambio, quedó en minoría. El magistrado consideró que los requisitos para habilitar la revisión de Casación sobre los sobreseimientos de Macri, Arribas, Majdalani, Biorci y dos agentes de identidad reservada estaban efectivamente acreditados. Su disidencia abre un interrogante sobre la solidez del blindaje construido por la mayoría.

Un patrón que se repite: la misma Sala, el mismo resultado

La decisión de la Sala I no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que los sectores críticos del Poder Judicial denominan lawfare. Días antes de este fallo, la misma Sala I había rechazado el pedido de los ex querellantes en la causa $Libra para ser reincorporados a esa investigación, con idéntica argumentación: ninguno de los damnificados habría demostrado una aplicación errónea de la ley o una supuesta arbitrariedad que habilite la discusión en Casación. Bertuzzi, Llorens y Yadarola actuaron de manera coordinada también en ese caso.

La causa de espionaje nació en el contexto de la intervención de la AFI ordenada por Alberto Fernández al asumir la presidencia, una decisión que buscó auditar el aparato de inteligencia heredado del macrismo. Lo que encontraron los interventores fue un organismo con prácticas de vigilancia política activa sobre opositores, periodistas y dirigentes sindicales. Que la justicia federal haya optado por concentrar el debate en la cadena de custodia de los soportes informáticos, antes que en la gravedad de los hechos denunciados, habla menos de garantías procesales y más de protección política.

¿Qué sigue?

Con el recurso de Casación rechazado, los apelantes evalúan recurrir directamente a la instancia previa a la Corte Suprema de Justicia, una opción que aún está abierta y que definirán en los próximos días. Si se concreta ese paso, la discusión sobre la validez de la prueba digital y la legalidad de las operaciones de inteligencia de la AFI macrista llegará al tribunal de mayor jerarquía antes de la Corte, con todo lo que eso implica en términos políticos y judiciales.

Lo que tenés que saber:

  • La Sala I de la Cámara Federal rechazó por mayoría el recurso para que Casación revise el sobreseimiento de Macri, Arribas, Majdalani y Biorci en la causa por espionaje ilegal.
  • El único voto disidente fue el del juez Bertuzzi, quien consideró que el recurso debía ser admitido.
  • La causa se originó en el hallazgo de un disco rígido con registros de inteligencia política durante la intervención de la AFI en el gobierno de Alberto Fernández.
  • La misma Sala I también rechazó recientemente el pedido de reincorporación de querellantes en la causa $Libra, con idénticos argumentos.
  • Los querellantes evalúan recurrir directamente a la instancia previa a la Corte Suprema.
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