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Denuncia

Escándalo sanitario: robaron 68 ampollas de fentanilo de un hospital santafesino

El Ministerio de Salud provincial denunció penalmente el faltante de la medicación de la UTI del Hospital Iturraspe y aclaró que no pertenece a los lotes contaminados que causaron decenas de muertes.

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El Ministerio de Salud de Santa Fe presentó ayer una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por la desaparición de 68 ampollas de fentanilo de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital J. B. Iturraspe. El hecho ocurrió en medio del escándalo nacional por el fentanilo contaminado que provocó 96 muertes confirmadas hasta agosto de 2025 en todo el país.

Las autoridades provinciales informaron que la medicación faltante no corresponde a la marca y lote involucrada en el reciente caso de contaminación de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., según precisó el comunicado oficial.

Características del robo en sector restringido

El comunicado del Ministerio santafesino detalla que las ampollas sustraídas se encontraban almacenadas en un sector restringido del hospital público. La denuncia penal, presentada en las primeras horas de la tarde del lunes, podría encuadrarse dentro de los tipos que el Código Penal prevé como hurto (artículo 162) y otras conductas reprochables que surjan del proceso judicial.

El Gobierno de Santa Fe encara una investigación administrativa por el robo de las 68 ampollas de fentanilo de la UTI del Hospital Iturraspe, mientras solicita al Ministerio Público de Acusación «que investigue los hechos con el fin de determinar los responsables y recuperar los bienes de propiedad del hospital, haciendo especial advertencia del peligro que su manipulación representa en la sociedad».

Peligrosidad del medicamento sustraído

Las autoridades provinciales subrayaron que se trata de medicación de estricto uso en el ámbito hospitalario, con indicación médica exclusiva para tratamiento de pacientes críticos y cirugías. El fentanilo es un opioide sintético que puede resultar letal en caso de manipulación inadecuada o consumo sin supervisión médica.

En este marco, las autoridades destacaron su decisión de «llegar hasta las últimas consecuencias, tomando todas las medidas administrativas con quien o quienes hayan sido responsables, y poniendo también todo a disposición de la Justicia para que pueda realizar su trabajo e identificar a los culpables».

El contexto nacional del fentanilo contaminado

Este robo se produce en medio de la crisis sanitaria más grave de los últimos años por el fentanilo contaminado. La ANMAT ya había inhibido las operaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A tras vincular la producción de fentanilo de uso médico con un brote infeccioso de neumonía por Klebsiella pneumoniae en al menos 18 pacientes, de los cuales, al menos nueve fallecieron.

En abril de 2025 se originó un brote de enfermedades respiratorias en el Hospital Italiano de La Plata. En la pesquisa interna se hallaron restos de bacterias en las ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes, lo que derivó en la prohibición por parte de la ANMAT y una investigación judicial que ya cuenta con varios detenidos.

La Justicia detuvo recientemente a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, junto a sus dos hermanos, su madre y directivos del laboratorio, en el marco de la causa que investiga las muertes por el medicamento contaminado.

Puntos clave:

  • El Ministerio de Salud de Santa Fe denunció penalmente el robo de 68 ampollas de fentanilo del Hospital Iturraspe
  • La medicación sustraída no pertenece a los lotes contaminados que causaron decenas de muertes a nivel nacional
  • Las ampollas estaban almacenadas en un sector restringido de la UTI y son de uso exclusivamente hospitalario
  • Se abrió una investigación administrativa paralela a la denuncia penal
  • El caso se enmarca en la crisis sanitaria por fentanilo contaminado que causó 96 muertes confirmadas

Denuncia

Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.

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El Argentino Diario-Luis Caputo-Santiago Bausili.
Las operaciones con derivados de oro del BCRA dejaron más de mil millones de dólares en rojo: Dalbón pide la detención de Caputo, Bausili y Curutchet.

Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.

El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las figuras penales y el rol de Caputo

En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».

El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.

El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura

Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.

Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.

El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría

Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.

Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.

Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable

La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».

La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».

La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.

Lo que tenés que saber:

  • El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
  • La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
  • Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
  • La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
  • La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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