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El Pozo de Vargas: testigo del horror de la dictadura

Se trata de una fosa de inhumación clandestina, situada en Tafí Viejo, Tucumán, donde se identificaron 116 restos óseos del terrorismo de Estado.

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El Pozo de Vargas es la fosa de inhumación clandestina con mayor número de identificaciones de la Argentina, está ubicada en la ciudad tucumana de Tafí Viejo y funcionó durante el terrorismo de Estado.

Con 40 metros, el Pozo de Vargas en primer momento se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas, y fue construido originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor.

A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, quienes indicaron que el pozo era utilizado para ocultar los cuerpos de personas que habían sido secuestradas y asesinadas durante Operativo Independencia y la dictadura militar, se inició a fines del 2001 el primer relevamiento de la zona.

De los 149 restos óseos que se encontraron, 116 ya fueron identificados.

El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presentó en el Juzgado Federal de Tucumán, lo que dio lugar a una pericia en abril de 2002 y el comienzo de la investigación en el lugar.

El 10 de febrero pasado, la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán informó en un documento que la investigación de la denominada causa «Pozo de Vargas», luego de 20 años de trabajo, «ha llegado al final de la excavación».

«De acuerdo con las últimas informaciones provistas por el Juzgado Federal II, bajo el mando de Fernando Poviña, que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material óseo que se encontraba al interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)», indicó el texto.

La Fundación detalló que con esta investigación «se recuperaron los restos óseos de 149 personas, de los cuales 116 fueron identificadas a través de análisis de ADN, ello implica que 33 personas que fueron víctimas de desaparición forzada no pudieron ser identificadas».

En tanto, días después la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán, Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad aclaró que aún se encuentran pendientes de realización algunas «tareas periciales».

A 20 años del inicio de tareas en Pozo de Vargas, donde inhumaron víctimas  de dictadura

Ese comunicado señaló que «el 2 de febrero, el juez Fernando Poviña ordenó que, atento al estado en que se encuentra la excavación arqueológica, se requiriera a los peritos del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), que trabaja en el lugar desde los inicios de la investigación, la producción de un informe técnico».

«El magistrado instó al CAMIT a concentrarse en las labores de zaranda, a los fines de permitir el análisis pericial pertinente de los restos humanos rescatados», se añadió. Por otro lado, se encomendó al perito geólogo que interviene en el proceso la producción de un informe «técnico adicional».

«De ello surge que aún restan informes periciales tanto de los peritos del CAMIT como del geólogo para controlar la tarea de recuperación de restos y elementos asociados», agregó el informe.

A 20 años del inicio de tareas en Pozo de Vargas, donde inhumaron víctimas  de dictadura

Marta Rondoletto, presidenta de la Fundación Memorias e Identidades que comenzó su labor en 2001 y familiar de cinco personas detenidas desparecidas, contó a Télam los inicios de la investigación del Pozo.

«Al poco tiempo de recuperada la democracia, en el año 84, un compañero expreso político conocido como ‘Chueco’ Rodríguez me habló de que había un pozo en el que habían tirado personas, en ese entonces hicimos un recorrida por la zona indicada, pero los vecinos decían no saber nada», recordó la mujer.

Años después, en 2001, «un señor llamado Pedro Mercado, muy cercano a mi familia, me dijo había recibido de información de que en un pozo que era del ferrocarril, en la zona de Los Pocitos, se habían arrojado un montón de gente, pero después fue rellenado con cemento y tapado cuando se fue (Antonio) Bussi», relató.

Pozo de Vargas, la fosa de inhumación clandestina donde se identificaron  116 restos óseos

Antonio Domingo Bussi fue comandante en jefe del Operativo Independencia e interventor militar de Tucumán durante la dictadura, y luego, ya en democracia, lograría ser gobernador de la provincia por el voto popular entre 1995 y 1999.

Beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue condenado a perpetua en 2008 cuando se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad.

De los cinco familiares detenidos desaparecidos de Rondoletto, los restos de tres fueron encontrados en el Pozo de Vargas.

Una vez hecha la presentación judicial, el fuero federal «comenzó a realizar la investigación, y para ello los familiares que estábamos convencidos que efectivamente allí se podían encontrar pruebas, comenzamos a hacer toda una tarea de buscar recursos económicos para sostener los requerimientos de personas capacitadas en esa tarea y con la tecnología adecuada».

Identifican los restos de otros nueve desaparecidos sepultados en Pozo de  Vargas

En julio de 2016 fueron identificados Jorge y Silvia, hermanos de Marta, y su madre María Cenador de Rondoletto, secuestrados el 2 de noviembre de 1976 junto a su padre Pedro y su cuñada Azucena Bermejo, embarazada de cuatro meses, durante un operativo realizado a plena luz del día y que incluyó cortes de calles y la ocupación de casas de los vecinos.

Al respecto, la militante de Derechos Humanos manifestó que «da cierta tranquilidad saber dónde están, pero al mismo tiempo una profunda indignación y bronca saber finalmente cómo terminaron; es terrible, sin embargo, después de más de 40 años es importante para mi familia conocer lo que pasó», aclaró.

«Como militante y ciudadana considero que es fundamental que todas las investigaciones de este tipo se cierren alcanzando la verdad de lo que ocurrió, por eso me resulta importante que una parte de la investigación del pozo, que es la excavación, haya concluido», sostuvo.

Pozo de Vargas, la fosa de inhumación clandestina donde se identificaron  116 restos óseos

Sobre los más de 30 restos que faltan identificar, Marta señaló que «por las características del material óseo extraído y del lugar donde fueron hallados, es difícil y lleva mucho trabajo terminar de separarlos del barro u otros materiales, en especial los más pequeños».

«Después de todo un proceso esos restos llegan a los laboratorios del EAAF para ser identificados», graficó.

En el pozo también se encontraron prendas de vestir y otros objetos que «la Justicia, junto a los familiares, deberá determinar como proceder».

A 20 años del inicio de tareas en Pozo de Vargas, donde inhumaron víctimas  de dictadura

En Tucumán se lleva a cabo la campaña «Acercate, te estamos buscando», destinada a incentivar a las personas a dejar su muestra de sangre e incrementar las muestras de ADN del Banco de Datos Genéticos y cotejarlas con los restos recuperados de las víctimas de delitos de lesa humanidad.

La campaña es llevada adelante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Erica Brunotto, en el marco de la Campaña de Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID).

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Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo

Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.
CFK sumó al abogado de Lula y al ex juez del Tribunal Europeo para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.

El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».

Una estrategia construida desde antes de la condena firme

El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.

Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.

Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina

Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.

En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.

Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea

El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.

La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme

La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.

El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo

La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.

Puntos clave

  • Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
  • Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
  • Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
  • La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
  • El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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