Conectate con El Argentino

DDHH

El Pozo de Vargas: testigo del horror de la dictadura

Se trata de una fosa de inhumación clandestina, situada en Tafí Viejo, Tucumán, donde se identificaron 116 restos óseos del terrorismo de Estado.

Publicado hace

#

El Pozo de Vargas es la fosa de inhumación clandestina con mayor número de identificaciones de la Argentina, está ubicada en la ciudad tucumana de Tafí Viejo y funcionó durante el terrorismo de Estado.

Con 40 metros, el Pozo de Vargas en primer momento se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas, y fue construido originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor.

A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, quienes indicaron que el pozo era utilizado para ocultar los cuerpos de personas que habían sido secuestradas y asesinadas durante Operativo Independencia y la dictadura militar, se inició a fines del 2001 el primer relevamiento de la zona.

De los 149 restos óseos que se encontraron, 116 ya fueron identificados.

El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presentó en el Juzgado Federal de Tucumán, lo que dio lugar a una pericia en abril de 2002 y el comienzo de la investigación en el lugar.

El 10 de febrero pasado, la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán informó en un documento que la investigación de la denominada causa «Pozo de Vargas», luego de 20 años de trabajo, «ha llegado al final de la excavación».

«De acuerdo con las últimas informaciones provistas por el Juzgado Federal II, bajo el mando de Fernando Poviña, que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material óseo que se encontraba al interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)», indicó el texto.

La Fundación detalló que con esta investigación «se recuperaron los restos óseos de 149 personas, de los cuales 116 fueron identificadas a través de análisis de ADN, ello implica que 33 personas que fueron víctimas de desaparición forzada no pudieron ser identificadas».

En tanto, días después la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán, Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad aclaró que aún se encuentran pendientes de realización algunas «tareas periciales».

A 20 años del inicio de tareas en Pozo de Vargas, donde inhumaron víctimas  de dictadura

Ese comunicado señaló que «el 2 de febrero, el juez Fernando Poviña ordenó que, atento al estado en que se encuentra la excavación arqueológica, se requiriera a los peritos del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), que trabaja en el lugar desde los inicios de la investigación, la producción de un informe técnico».

«El magistrado instó al CAMIT a concentrarse en las labores de zaranda, a los fines de permitir el análisis pericial pertinente de los restos humanos rescatados», se añadió. Por otro lado, se encomendó al perito geólogo que interviene en el proceso la producción de un informe «técnico adicional».

«De ello surge que aún restan informes periciales tanto de los peritos del CAMIT como del geólogo para controlar la tarea de recuperación de restos y elementos asociados», agregó el informe.

A 20 años del inicio de tareas en Pozo de Vargas, donde inhumaron víctimas  de dictadura

Marta Rondoletto, presidenta de la Fundación Memorias e Identidades que comenzó su labor en 2001 y familiar de cinco personas detenidas desparecidas, contó a Télam los inicios de la investigación del Pozo.

«Al poco tiempo de recuperada la democracia, en el año 84, un compañero expreso político conocido como ‘Chueco’ Rodríguez me habló de que había un pozo en el que habían tirado personas, en ese entonces hicimos un recorrida por la zona indicada, pero los vecinos decían no saber nada», recordó la mujer.

Años después, en 2001, «un señor llamado Pedro Mercado, muy cercano a mi familia, me dijo había recibido de información de que en un pozo que era del ferrocarril, en la zona de Los Pocitos, se habían arrojado un montón de gente, pero después fue rellenado con cemento y tapado cuando se fue (Antonio) Bussi», relató.

Pozo de Vargas, la fosa de inhumación clandestina donde se identificaron  116 restos óseos

Antonio Domingo Bussi fue comandante en jefe del Operativo Independencia e interventor militar de Tucumán durante la dictadura, y luego, ya en democracia, lograría ser gobernador de la provincia por el voto popular entre 1995 y 1999.

Beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue condenado a perpetua en 2008 cuando se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad.

De los cinco familiares detenidos desaparecidos de Rondoletto, los restos de tres fueron encontrados en el Pozo de Vargas.

Una vez hecha la presentación judicial, el fuero federal «comenzó a realizar la investigación, y para ello los familiares que estábamos convencidos que efectivamente allí se podían encontrar pruebas, comenzamos a hacer toda una tarea de buscar recursos económicos para sostener los requerimientos de personas capacitadas en esa tarea y con la tecnología adecuada».

Identifican los restos de otros nueve desaparecidos sepultados en Pozo de  Vargas

En julio de 2016 fueron identificados Jorge y Silvia, hermanos de Marta, y su madre María Cenador de Rondoletto, secuestrados el 2 de noviembre de 1976 junto a su padre Pedro y su cuñada Azucena Bermejo, embarazada de cuatro meses, durante un operativo realizado a plena luz del día y que incluyó cortes de calles y la ocupación de casas de los vecinos.

Al respecto, la militante de Derechos Humanos manifestó que «da cierta tranquilidad saber dónde están, pero al mismo tiempo una profunda indignación y bronca saber finalmente cómo terminaron; es terrible, sin embargo, después de más de 40 años es importante para mi familia conocer lo que pasó», aclaró.

«Como militante y ciudadana considero que es fundamental que todas las investigaciones de este tipo se cierren alcanzando la verdad de lo que ocurrió, por eso me resulta importante que una parte de la investigación del pozo, que es la excavación, haya concluido», sostuvo.

Pozo de Vargas, la fosa de inhumación clandestina donde se identificaron  116 restos óseos

Sobre los más de 30 restos que faltan identificar, Marta señaló que «por las características del material óseo extraído y del lugar donde fueron hallados, es difícil y lleva mucho trabajo terminar de separarlos del barro u otros materiales, en especial los más pequeños».

«Después de todo un proceso esos restos llegan a los laboratorios del EAAF para ser identificados», graficó.

En el pozo también se encontraron prendas de vestir y otros objetos que «la Justicia, junto a los familiares, deberá determinar como proceder».

A 20 años del inicio de tareas en Pozo de Vargas, donde inhumaron víctimas  de dictadura

En Tucumán se lleva a cabo la campaña «Acercate, te estamos buscando», destinada a incentivar a las personas a dejar su muestra de sangre e incrementar las muestras de ADN del Banco de Datos Genéticos y cotejarlas con los restos recuperados de las víctimas de delitos de lesa humanidad.

La campaña es llevada adelante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Erica Brunotto, en el marco de la Campaña de Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID).

DDHH

Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto

El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.

Publicado hace

#

Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El Argentino Diario-Niña gaseada por la policía en represión en el Congreso.
El Argentino Diario-Niña gaseada por la policía en represión en el Congreso.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.

Un ataque registrado en video

El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.

El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.

La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.

Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.

La defensa dice que no la vio

Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.

Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.

Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.

Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado

La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.

Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.

La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

El reglamento y la mínima fuerza necesaria

Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

Qué se juzga y qué queda afuera

El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.

Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.

Lo que tenés que saber

  • El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
  • Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
  • El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
  • La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
  • La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas