Denuncia
Causa “Secta Rusa” de Bariloche: las imputadas denuncian armado judicial y violencia policial
Dos mujeres rusas detenidas en el marco de la investigación acusaron a la Justicia de construir la causa sobre «rumores e interpretaciones», sin pruebas concretas. También denunciaron golpes y escupitajos de parte de efectivos de la Policía Federal que actuaron sin uniforme.
★ Svetlana Komkova y Nadezhda Belyakova, dos de las imputadas en la causa judicial conocida como la «secta rusa de Bariloche», salieron a hablar públicamente y formularon graves acusaciones contra la Justicia federal y la Policía Federal Argentina.
En declaraciones al programa Tiempo de Policiales, por ATP Stream, ambas mujeres denunciaron que la causa se armó con una lógica que no admitía inocentes: «Si no son víctimas, son cómplices», según reconstruyó Komkova a partir de lo ocurrido en la formulación de cargos.
Una disyuntiva sin salida
Komkova, traductora y residente hace dieciséis años en América Latina con pareja brasileña, describió el momento en que ella y otras diecinueve mujeres fueron interrogadas durante la formulación de cargos. «A casi todas nosotras, las veinte chicas, nos preguntaron si éramos víctimas, y dijimos ‘¿víctima de qué?’. No nos explicaban nada», relató.
Según su versión, la respuesta institucional no tardó en llegar: «Se dijo ‘puede ser que no sean conscientes de que son víctimas’, pero si no son víctimas, entonces son cómplices». La traductora fue tajante en su evaluación: «No hay veinte víctimas ni veinte cómplices, no hay drogas, no hay pruebas».
Belyakova, diseñadora de ropa, reforzó esa versión al indicar que en ningún momento ocultó su situación ante las autoridades: «Vine como turista desde Moscú, no soy miembro de ninguna organización y no lo conocía antes a Rudnev. Tampoco vivíamos en una aldea con él. Todo eso es falso».
El origen de la causa: una rosa blanca y una pregunta incómoda
Komkova detalló la secuencia de eventos que, según su relato, derivó en la intervención policial. Llegó a Bariloche por turismo y deporte, y fue convocada por Belyakova para oficiar de traductora de una joven rusa identificada como Elena Makarova durante controles médicos preparto. «Siempre acostumbro a ayudar a varios rusos. Nunca pude imaginar que un acto de ayuda terminaría en una causa penal», resumió.
En el hospital, señaló, una enfermera insistió reiteradamente con una sola pregunta dirigida a Makarova: «¿Dónde está el padre de tu hijo?» Komkova explicó que, en la cultura rusa, esa pregunta resulta intrusiva y humillante, y que la joven había huido de Rusia precisamente para escapar de una pareja alcohólica y violenta. «Ella no quería hablar de ese hombre, sólo le interesaba ser libre», detalló.
La traductora también describió el episodio que, según ella, disparó las alarmas del hospital: el regalo de una rosa blanca a los médicos como gesto de agradecimiento, una tradición cultural rusa. «Una doctora interpretó ese gesto como un pedido secreto de ayuda. Se construyó una causa penal a base de estas imaginaciones», sostuvo Komkova.
Cuestionó además la solidez de los testimonios incorporados al expediente: «Una doctora dijo ‘yo no estuve, pero mis colegas me dijeron’. A mí me parece que esto no puede ser visto como prueba». Y apuntó a una contradicción puntual dentro del expediente: «En la formulación de los cargos dice que yo lo rompí (en referencia a un documento), pero el propio neonatólogo confirmó que fue él quien lo rompió».
Violencia policial en el operativo
Las denuncias no se limitaron al plano judicial. Komkova describió el procedimiento policial como una escena de violencia que inicialmente confundió con un asalto. «No había mujeres policías y todos gritaban mucho. Los agentes no estaban vestidos de policías», afirmó, y detalló: «Me pusieron contra la pared, me golpeé muy fuerte, me escupieron en la cara, me cruzaron los brazos. Pedí explicaciones de por qué hacían eso y no me las dieron».
Según su relato, la falta de identificación de los efectivos y la violencia del operativo generaron un estado de shock. «Cuando supe que eran policías, imaginen lo que sentí si la autoridad de quien esperás ayuda te puede dañar físicamente», declaró.
Komkova también denunció que las fotografías tomadas durante su detención fueron difundidas públicamente en internet: «Esas fotografías que pusieron en internet forman parte de un crimen mediático». La presunta filtración de datos personales fue señalada por ambas imputadas como uno de los aspectos más graves del caso.
El expediente y los actores judiciales
La causa es llevada adelante por la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo del fiscal general Fernando Arrigo, con la participación de los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal. El juez interviniente es Gustavo Zapata, quien semanas atrás otorgó la prisión domiciliaria al presunto líder del grupo, Konstantin Rudnev, aunque la medida fue revocada por la Cámara a pedido de la Fiscalía.
Las imputadas no cuentan con condena ni resolución firme, y sus declaraciones públicas constituyen, al momento de publicación de esta nota, versiones no confirmadas judicialmente. El expediente sigue en curso y las posiciones de la Fiscalía y el Juzgado no fueron consultadas para esta nota.
Los pedidos de las imputadas
Ambas mujeres cerraron sus declaraciones con pedidos directos a la Justicia. Komkova expresó: «Espero que se haga justicia, que la verdad triunfe, que la gente salga en libertad y que se termine esto, ya que somos personas normales que no hicimos nada malo». Belyakova fue más categórica: «Quisiera mucho mi libertad, no soy culpable. Por favor revisen la causa. Ustedes saben que no tienen pruebas de nada. Pedí mi sobreseimiento. Por favor cierren esta causa tan injusta y absurda».
Puntos clave
- Dos imputadas en la causa «secta rusa de Bariloche» denunciaron públicamente que la formulación de cargos las colocó en una disyuntiva sin salida: víctimas o cómplices, sin posibilidad de inocencia.
- Komkova relató que la causa se inició a partir de una rosa blanca regalada como gesto cultural y de preguntas sobre el paradero del padre del bebé de otra mujer.
- Ambas denunciaron violencia física durante el operativo de la Policía Federal, incluyendo golpes y escupitajos de parte de efectivos que no portaban uniforme.
- Las imputadas acusaron una filtración de sus datos personales y fotografías a medios de comunicación, que calificaron como «crimen mediático».
- La causa es instruida por el fiscal Fernando Arrigo ante el juez Gustavo Zapata en Bariloche; Rudnev permanece detenido tras la revocación de su prisión domiciliaria. ★
Denuncia
Cruce de llamadas: la Justicia va tras los contratos del amigo de Adorni en la TV Pública
La Justicia busca pruebas sobre contratos irregulares en la TV Pública vinculados a Marcelo Grandio. En paralelo, declaró el hijastro de una de las prestamistas por la compra de los inmuebles en Caballito.
Amigos, productoras y TV Pública: la nueva veta de la investigación contra Adorni
★ El cerco judicial sobre el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se estrechó este miércoles con nuevas medidas dispuestas por el juez federal Ariel Lijo. Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, estrecho amigo del funcionario. La medida busca detectar irregularidades en las contrataciones de su productora, ImHouse, con la Televisión Pública, organismo que depende de la Secretaría de Comunicación y tiene como terminal jerárquica a la Jefatura de Gabinete.
La ruta de las dádivas en la TV Pública
La investigación intenta determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. La orden de Lijo alcanza no solo a los contactos de Grandio, sino también a las comunicaciones cruzadas con el presidente de la productora, Horacio Silva. Esta medida es la continuidad del procedimiento realizado semanas atrás, cuando el juez motorizó un oficio para que la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) ingresara a la TV Pública con el fin de recolectar documentación oficial sobre los contratos de ImHouse.
La sospecha de la justicia radica en la posible utilización de vínculos personales para el beneficio de terceros con fondos estatales, en un contexto donde el área de comunicación está bajo el mando directo de Adorni. Mientras el Gobierno nacional impulsa el cierre o vaciamiento de medios públicos, la productora del amigo del jefe de ministros logró cerrar acuerdos comerciales que hoy son objeto de pericias tecnológicas y auditorías documentales.
Hipotecas y herederos bajo sospecha
En una jornada de intensa actividad en los tribunales de Comodoro Py, también se produjo la declaración de Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que aparecen como prestamistas de Adorni. Miano declaró en el marco de la investigación por la compra-venta de uno de los departamentos situados en el barrio porteño de Caballito. Este inmueble, según consta en el expediente por enriquecimiento ilícito, se escrituró por 230.000 dólares, de los cuales el funcionario solo habría aportado 30.000 dólares iniciales, financiando el resto mediante hipotecas con particulares.
Este testimonio resulta clave para contrastar la versión del oficialismo sobre el origen del patrimonio familiar. Cabe recordar que Adorni acumula deudas y gastos por más de 800.000 dólares, incluyendo refacciones de lujo con jacuzzi y cascada pagadas en efectivo. La declaración de Miano busca arrojar luz sobre la veracidad de esos préstamos otorgados por adultos mayores, una maniobra que la justicia analiza como una posible ingeniería para blanquear fondos no declarados mientras el funcionario ostenta el tercer lugar en la jerarquía del mando gubernamental.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo ordenó el cruce de llamadas y mensajes del productor Marcelo Grandio.
- Se investigan contratos de la productora ImHouse con la Televisión Pública.
- La Justicia sospecha de dádivas y negociaciones incompatibles con el cargo de Adorni.
- Declaró Leandro Miano, hijo de una de las «prestamistas» de los departamentos de Caballito.
- El caso se suma a la investigación por un patrimonio injustificado de 840.000 dólares.
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