Denuncia
Denuncian por «trabajos incompatibles» a abogados de la AFIP durante el macrismo
«Las irregularidades encontradas determinaron que los abogados Ricardo Gil Lavedra, Maximiliano Reussi, Alejandro Carrió, Juan Antonio Ávila y Tomás Farini Dugann realizaron trabajos incompatibles, tanto en el sector público como en la actividad privada, con las funciones que desempeñaban en la AFIP», indicó hoy el organismo recaudador en un comunicado.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy que realizó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) por detectarse que, en las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli durante el macrismo, había profesionales contratados que además realizaban en simultáneo tareas en el ámbito privado y/o público.
«Las irregularidades encontradas determinaron que los abogados Ricardo Gil Lavedra, Maximiliano Reussi, Alejandro Carrió, Juan Antonio Ávila y Tomás Farini Dugann realizaron trabajos incompatibles, tanto en el sector público como en la actividad privada, con las funciones que desempeñaban en la AFIP», indicó hoy el organismo recaudador en un comunicado.
Gil Lavedra es en la actualidad presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical e integró el jurado del Tribunal que juzgó en 1985 a las tres juntas militares por delitos de lesa humanidad.
Entre las irregularidades comunes detectadas, «se encontró que los abogados defendían a contribuyentes mientras trabajaban en la AFIP, así como también que percibían de forma simultánea su beneficio previsional con los honorarios pagados por el organismo», agregó.
Por tales razones, la AFIP solicitó que «se declare la nulidad de las contrataciones y el recupero del perjuicio fiscal», además de «la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y el deslinde (de) responsabilidades».
Abad y Cuccioli dirigieron la AFIP entre 2015 y 2019, durante la Presidencia de Mauricio Macri.
«La denuncia compromete los graves delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, servicios y negociaciones incompatibles con la función pública por las autoridades intervinientes», detalló el organismo dirigido por Carlos Castagneto.
Entre las incompatibilidades, se detectó que Gil Lavedra «percibió ingresos de forma simultánea por contratos de locaciones de servicios de la AFIP y de la Tesorería de la Provincia de Jujuy», y que mientras se desempeñaba ad honorem en el Ministerio de Justicia «era abogado defensor de un imputado (Ricardo Lona) en el marco de causas penales por delitos de lesa humanidad en la que el Estado Nacional era parte querellante», a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)».
«Simultáneamente fue contratado por la AFIP para la prestación de servicios profesionales», al tiempo que «patrocinaba y efectuaba gestiones extrajudiciales respecto de contratistas estatales de forma simultánea» con esa contratación.
También, en forma simultánea, era letrado patrocinante de la Provincia de Santa Fe en una causa en la que el Estado Nacional es parte demandada y «resultaba de importancia institucional para la AFIP, cuya resolución implicó una pérdida de $ 14.036.708.553,40 para el organismo», aseguró.
Sobre Réussi, Carrió y Ávila se indicó que defendían a «contribuyentes imputados en cuatro causas penales por infracción a la Ley Penal Tributaria, siendo la AFIP parte querellante en tres», y que los dos últimos delos letrados mencionados, además, percibieron de forma simultánea sus beneficios previsionales «con los honorarios pagados por la AFIP».
Por su parte, Farini Duggan «percibía de forma simultánea sus honorarios de la AFIP y su remuneración como empleado en relación de dependencia del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires», y «defendía a contribuyentes imputados en una causa penal por infracción a la Ley Penal Tributaria en la que la AFIP es parte querellante».
«Ávila y Farini Duggan son socios en un estudio jurídico», añadió la AFIP, que señaló que «el segundo fue contratado a instancias del primero, sin acreditar ningún elemento en la necesidad de contratación, redundando en un beneficio patrimonial para la sociedad de ambos, en detrimento del erario público».
Denuncia
Inversores excluidos de la causa $LIBRA piden volver a ser querellantes
Cinco inversores apartados de la investigación por la presunta estafa cripto presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano aguarda los resultados de pericias sobre trazabilidad de fondos y comunicaciones, piezas claves para determinar si hubo fraude en el lanzamiento del memecoin que Javier Milei promocionó en febrero de 2025.
Más de 27.000 dólares invertidos por particulares que se evaporaron en minutos: ese es el daño concreto que cinco afectados intentan probar desde adentro de la causa $LIBRA, la investigación por la presunta estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei. Pero la justicia los dejó afuera. Y ahora pelean para volver.
Los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, que representan a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, presentaron este miércoles un recurso ante la Cámara Federal de Casación para revertir la resolución que los excluyó como querellantes en el expediente que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El fallo que los dejó afuera
El 4 de septiembre pasado, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a los cinco inversores de la causa, luego de un pedido formulado por el lobbista Mauricio Novelli. En su resolución, los magistrados sostuvieron que los afectados «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes» a la compra del memecoin y que la pérdida de dinero «fue una consecuencia de ese riesgo asumido». Agregaron, además, que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida».
Para las defensas de los damnificados, ese razonamiento equivale a un prejuzgamiento anticipado del fondo del asunto. En los escritos presentados ante Casación, los letrados también señalaron que no existieron nuevas pruebas ni elementos supervinientes que justificaran un cambio en la situación procesal de sus representados. La exclusión, argumentaron, los deja sin herramientas para impulsar medidas de prueba propias en una causa que avanza con lentitud.
Taiano y las pericias que no llegan
Con los querellantes afuera, el peso de la investigación recae por completo sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien arrastra cuestionamientos por la demora en el avance de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la instrucción se encuentra a la espera de los resultados de pericias técnicas que el propio Taiano solicitó: una sobre la trazabilidad de las inversiones y otra sobre las comunicaciones de los involucrados.
Una de las piezas más esperadas es la pericia sobre el recorrido de transferencias de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, que alcanzarían casi 5 millones de dólares. La tarea estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), pero el organismo no contaba con las licencias necesarias para completarla. La otra pericia pendiente apunta al celular del lobbista Mauricio Novelli y busca reconstruir el posible acuerdo para la promoción de $LIBRA.
A esas esperas se suma la perspectiva de posibles indagatorias que aún no tienen fecha, entre ellas las de Javier Milei y su hermana Karina Milei.
El contexto: un lanzamiento con sello presidencial
La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin $LIBRA, cuyo valor se disparó en minutos para luego desplomarse de manera abrupta, dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas cuantiosas. La difusión presidencial le dio al proyecto una legitimidad que derivó en una avalancha de compras que, según los denunciantes, fue aprovechada por los creadores del token para liquidar sus posiciones y salir del mercado antes del colapso, en lo que se conoce como un esquema de «pump and dump».
La causa ya acumula múltiples frentes: la participación del propio Milei en la difusión del activo, el rol de Hayden Davis como articulador del proyecto, el vínculo con el lobbista Novelli, y las conexiones con estructuras financieras off-shore que, según investigaciones publicadas en informes judiciales, podrían haber servido para canalizar los fondos obtenidos. En ese marco, la incorporación de querellantes no es un detalle procesal menor: es la diferencia entre una causa que avanza por impulso propio de los afectados y una que depende exclusivamente de la voluntad de un fiscal cuestionado.
Lo que tenés que saber
- Cinco inversores apartados de la causa $LIBRA presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes.
- La Cámara Federal de Apelaciones confirmó su exclusión el 4 de septiembre, al sostener que «asumieron voluntariamente los riesgos» del memecoin.
- Las defensas calificaron ese argumento como un prejuzgamiento y señalaron que no hubo nuevas pruebas que justificaran el cambio procesal.
- El fiscal Eduardo Taiano aguarda pericias técnicas sobre la trazabilidad de fondos de Hayden Davis y las comunicaciones del lobbista Mauricio Novelli.
- La causa podría avanzar hacia indagatorias del presidente Javier Milei y de Karina Milei, aunque sin fecha definida.
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