Un tribunal de Morón decidirá este miércoles si Ezequiel Bazán (24) es condenado o no a prisión luego de ser acusado de participar de un robo a mano armada en esa jurisdicción hace dos años, en tanto que la familia del sospechoso y una organización de derechos humanos afirman que la «causa está armada» ya que «no hay ninguna prueba que lo vincule con el hecho» y denuncian una persecución contra él y su madre por su militancia contra el «gatillo fácil».

«Yo pido que dejen en paz a mi familia. Quiero la libertad de mi hijo. Yo lucho por su justicia y las pruebas que hay en su favor. Las pruebas hablan de que es inocente. Esto fue armado», exclamó en diálogo con Télam, la mamá de Bazán, Laura Ríos, quien denunció desde un primer momento que la causa en contra del joven está «armada» ya que «no hay elementos de prueba que lo vinculen directamente con el hecho».

La decisión estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón, a cargo de Federico Carlos Topino, que dará a conocer su veredicto en una audiencia convocada a las 9 de la mañana el próximo miércoles en las oficinas judiciales de la calle Colón 151, en ese partido bonaerense, donde Ezequiel llegó como único imputado.

Allí, dictaminarán la culpabilidad o la inocencia de Ezequiel Bazán, un joven de 24 años acusado de robar un almacén el 4 de junio de 2020, crimen por el cual es el único imputado y está bajo el régimen de prisión domiciliaria desde mayo del 2021.

¿CÓMO ES EL CASO?

La noche del hecho, Ezequiel Bazán fue interceptado por policías de civil que viajaban en un Ford Falcon gris cuando circulaba por la calle Bicentenario, a la altura de las vías ramal Lobos-Merlo, en su camioneta Fiat Fiorino, la cual era similar a la que los delincuentes huyeron tras cometer el robo.

Según el testimonio del joven, los policías nunca se identificaron y pensó que eran hombres armados que le querían robar el auto.

Al operativo se le sumaron otros móviles policiales y Ezequiel quedó detenido en la comisaría 1era de Merlo, imputado por el «robo agravado por el uso de arma de fuego» por el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, Leandro Vaccaro.

Un dato relevante a la causa es que, al momento del hecho, Ezequiel tenía una fractura en su pierna derecha producto de un accidente de moto en 2017 y caminaba con muletas, situación que no fue identificada por ninguno de los testigos del robo.

Sin embargo, a pesar de las denuncias de la familia, en los alegatos, la fiscal de juicio Carolina Rodríguez pidió que Bazán sea condenado a 9 años de prisión basándose en los testimonios de los policías que detuvieron al joven, quienes acreditaron que el acusado había descartado un revólver y una caja registradora al momento de su detención, según dijeron fuentes judiciales a Télam.

Por otro lado, luego de que los familiares de Bazán denunciaron que la causa estaba «armada», la organización derechos humanos «Coordinadora contra la Impunidad Policial» asesoró a la familia en el hecho, la cual denunció que la detención de Ezequiel fue «completamente anómala».

«Una investigación no puede partir de una detención irregular. A Ezequiel lo detuvieron policías de civil, en un procedimiento completamente anómalo. Los operarios del 911 dicen que la camioneta sospechosa iba para una dirección y Ezequiel es detenido en un lugar diferente. Sencillamente no encaja«, declaró a esta agencia el referente de la organización Claudio Castro, quien destacó que en este caso «hay patrones que se repiten en otras causas armadas, como la persecución y el hostigamiento policial».

Al respecto, Castro añadió: «El de Ezequiel es un caso en el que hubo un ensañamiento de la policía contra una persona que está estigmatizada por portación de rostro, por su clase social, por sus antecedentes o porque su familia es conocida en el barrio».

A su vez, sobre las «causas armadas», Castro las describió como «una práctica común del Estado que está sistematizada para justificar la justicia».

«Hay que justificar para que están los jueces, los fiscales, los policías. Las causas armadas son algo común. Generalmente quienes más sufren este accionar son los pobres y los laburantes de los barrios, que estamos más expuestos a este tipo de represión«, señaló.

Por su parte, Laura Ríos relacionó la causa en contra de su hijo con su militancia en contra del «gatillo fácil», luego de que su hermano, Franco Quintero, fuera asesinado a manos de la policía de Paso del Rey, en el partido de Moreno.

«Esto comenzó desde que promociono los derechos de las víctimas de ‘gatillo fácil’. Apuntaron contra mi nieto, mis sobrinos y ahora mi hijo. Son esos mismos policías que intervinieron cuando mataron a mi hermano Franco en otro confuso hecho en noviembre del 2018 en Paso del Rey«, apuntó Ríos.

Además, la mujer denunció que el pasado lunes, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en su casa, luego de que acusaran a su hijo Ezequiel por un nuevo hecho, ahora por el «homicidio agravado» de Gaspar Andrés Barón (65), asesinado por motochorros en un robo cometido el 12 de junio último.

«Mi hijo todavía sigue con secuelas en su pierna y tiene que ser operado nuevamente. No se puede mover. Está con prisión domiciliaria y no sale de su casa. Es insólito que vuelvan a acusarlo. Después del allanamiento se lo llevaron a la comisaría sin sus muletas y lo golpearon. Es muy grave«, explicó Ríos.

Por último, Laura convocó a una manifestación en las puertas del tribunal para el próximo miércoles y contó cómo vive las horas previas al veredicto. «No estoy bien. No como, no duermo, no respiro. Estoy cansada de que me persigan a mí y a mi familia. Esperemos que se haga justicia», concluyó.