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Región

Amazonía: los ambientalistas fueron fusilados

Así lo arrojó la autopsia realizada sobre los restos del periodista británico Dom Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira. Esta mañana se entregó un tercer sospechoso.

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Las autoridades brasileñas identificaron entre ayer y hoy los restos del periodista británico Dom Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira y confirmaron que fueron muertos a tiros, «con munición típica de caza», en la Amazonía brasileña, donde un tercer sospechoso se entregó a la policía.

En un comunicado, la PF afirmó hoy que los «restos de Bruno Pereira forman parte del material» que está siendo analizado y explicó que la muerte de Phillips -cuyos restos fueron identificados anoche-, fue causada por un disparo en el tórax y que Pereira fue alcanzado por tres tiros, uno de ellos en la cabeza.

Estas revelaciones despejan parte de los interrogantes de las muertes de Phillips, de 57 años, y Pereira, de 41, que fueron vistos por última vez el 5 de junio, cuando se dirigían en barco a la ciudad de Atalaia do Norte, al oeste del estado de Amazonas, como parte de su investigación para un libro sobre la conservación del medio ambiente.

Los restos de ambos estaban en un área señalada por el primero de los tres sospechosos detenidos hasta ahora, el pescador Amarildo da Costa de Oliveira, conocido como ‘Pelado’, quien el martes confesó haber enterrado los cuerpos selva dentro, cerca de esa ciudad.

La ciudad está en el Valle de Javarí, que alberga una inmensa reserva indígena cerca de la frontera con Perú y conocida por su peligrosidad. Allí operan narcotraficantes, pescadores y mineros ilegales.

La policía dijo ayer que sus investigaciones apuntan a que las bandas criminales que operan en la región no tienen relación con el doble asesinato.

Sin embargo, la Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javarí (Univaja), cuyos miembros participaron activamente en las búsquedas, afirmaron que «un grupo organizado planificó en detalle el crimen».

Las autoridades siguen investigando el móvil, las circunstancias del crimen y sus eventuales vínculos con la pesca ilegal, un negocio muy lucrativo y que según los expertos sirve para blanquear el dinero de la droga.

Esta mañana, un tercer sospechoso, Jefferson da Silva Lima, conocido como ‘Pelado da Dinha’, se entregó en una comisaría de Atalaia do Norte.

En declaraciones al sitio de noticias G1, el comisario Alex Perez Timóteo afirmó que, según todas las pruebas y testimonios recogidos, ‘Pelado da Dinha’ «estaba en la escena del crimen y participó activamente en el doble homicidio ocurrido».

La policía dijo ayer que sus investigaciones apuntan a que las bandas criminales que operan en la región no tienen relación con el doble asesinato, pero la Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javarí (Univaja), cuyos miembros participaron activamente en las búsquedas, afirmaron que «un grupo organizado planificó en detalle el crimen».

El caso de Phillips y Pereira suscitó una ola de solidaridad internacional y encendió nuevamente críticas contra el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de alentar las invasiones de tierras indígenas y de sacrificar la preservación de la Amazonía para su explotación económica.

Bolsonaro causó indignación al asegurar que la incursión de Phillips y Pereira era una «aventura no recomendable» y que el reportero era «mal visto» en la región por su labor informativa sobre las actividades ilegales.

El mandatario brasileño, que hoy participa de una marcha de motociclistas en Manaos, capital de Amazonas, reaccionó a las muertes de Phillips y Pereira el jueves, un día después del hallazgo de los restos mortales, con un escueto tuit: «Nuestras condolencias a los familiares y que Dios conforte el corazón de todos».

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Mundo

EN VIVO: Congreso de Ecuador debate la destitución de Lasso

Luego de casi ocho horas de deliberaciones ayer, en las que participaron 30 de los 137 diputados que componen el parlamento, la sesión virtual fue aplazada para hoy por la tarde, por lo que se presume que la sesión se extenderá hasta más allá de la medianoche.

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El Congreso de Ecuador debatía este domingo por segundo día consecutivo la posibilidad de destituir al presidente Guillermo Lasso (de derecha), acusado por un sector opositor de provocar «la conmoción interna» que dejan dos semanas de protestas indígenas con al menos cinco muertos.

Luego de casi ocho horas de deliberaciones ayer, en las que participaron 30 de los 137 diputados que componen el parlamento, la sesión virtual fue aplazada para hoy por la tarde, por lo que se presume que la sesión se extenderá hasta más allá de la medianoche.

La bancada de Unión por la Esperanza, afín al expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), acusó a Lasso de la «grave crisis política y conmoción interna» que sacude al país desde el 13 de junio, con manifestaciones y bloqueos casi diarios.

En ausencia en la sesión del jefe de Estado, procedente de las finanzas y no de la política partidaria, el secretario jurídico Fabio Pozo asumió su defensa, consignó la agencia de noticias AFP.

Unos 14.000 indígenas protestan en Ecuador, indignados por el elevado costo de vida y la pobreza que castiga a sus territorios agrícolas.

En Quito, marchas claman por alivios como disminuir el costo de los combustibles y una moratoria de los créditos bancarios para los campesinos.

La ciudad despertó el domingo tranquila y a la expectativa del debate de destitución.

Aunque en su mayoría las protestas han sido pacíficas, las jornadas del jueves y viernes se tornaron violentas en la capital. Los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública se avivaron con la represión policial.

La sede presidencial permanece bloqueada con vallas metálicas, alambres de cuchillas y uniformados. Uno de sus accesos advierte: «En caso de ingreso no autorizado se hará uso de la fuerza letal».

No obstante, Lasso ordenó anoche el fin del estado de excepción, bajo el cual impuso un toque de queda nocturno y militarizó la ciudad.

La destitución del mandatario requiere 92 de los 137 apoyos posibles en el Congreso.

Después de los debates, los diputados tendrán un máximo de 72 horas para votar.

De ser aprobado, el poder lo asumirá el vicepresidente Alfredo Borrero, y se llamará a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del período (hasta 2025).

Ecuador sufrió la salida abrupta de tres mandatarios entre 1997 y 2005 ante la presión social.

Al frente de las protestas, en las que han muerto cinco manifestantes y se cuentan cientos de heridos entre uniformados y aborígenes, está la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Lasso culpa del caos al presidente de esta organización, Leonidas Iza.

«Aquí no hay un luchador social, aquí hay un anarquista (…) que quiere derrocar un gobierno», aseveró el gobernante ayer en entrevista con CNN.

En paralelo cientos de manifestantes salen a las calles de Quito en rechazo a la rebelión indígena, con banderas blancas y en caravanas de automóviles.

«Estamos totalmente conscientes (…) estos días de lucha se ha generado desabastecimiento. Si el gobierno no se hubiera puesto tan necio, seguramente no hubiéramos estado tantos días aquí», declaró en un video Iza, con su tradicional poncho rojo y sombrero negro.

Ecuador, cuya dolarizada economía empezaba a recuperarse de los efectos de la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares diarios por las crisis, según cifras oficiales.

La industria petrolera, el principal rubro de exportación ecuatoriano, está produciendo al 54% de su capacidad, por la toma de pozos y los cortes de ruta, que el domingo llegaban a 19 de las 24 provincias.

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Sin mayor respaldo político, Lasso cuenta por ahora con el apoyo de los militares, que cerraron filas en torno de su gobierno.

Los relatores especiales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación se mostraron preocupados por la violencia institucional en Ecuador y exhortaron al representante ecuatoriano ante Naciones Unidas a colaborar en una investigación sobre las acciones realizadas por el Estado durante las protestas.

«Estamos particularmente preocupados por los actos de violencia por parte de fuerzas policiales y militares en contra de miembros del movimiento indígena del país», escribieron José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de pueblos indígenas, y su par sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, en una carta dirigida a Emilio Rafael Izquierdo Miño, representante permanente ante la ONU.

Según el informe enviado por los Relatores Especiales a Izquierdo Miño, hasta el 19 de junio se habían reportado en total «86 presuntas detenciones arbitrarias, 61 personas heridas, 18 de ellas graves».

En el mismo sentido, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos integrada por dirigentes sociales argentinos relevó cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales y violación al derecho de protesta en el país durante los 14 días que lleva la crisis.

La misión argentina dijo en su primer informe que recabó testimonios y realizó entrevistas ayer en la zona céntrica de Quito, entre otros lugares en La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del Parque El Arbolito.

El papa Francisco, en tanto, llamó al «diálogo» y a «la paz social». «Animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas», escribió en Twitter.

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