Casi diez años después de que un sargento del Ejército Argentino intentara forzar a una subordinada a mantener relaciones sexuales en una dependencia militar y comenzara a hostigarla hasta empujarla a un intento de suicidio, la justicia reconoció que el daño existió, que fue probado y que debe ser reparado aquí y ahora, sin más dilaciones.

La Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad de la Sala II integrada por los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar y la jueza Ángela Ledesma, ordenó la reparación integral de la víctima, una mujer que prestaba servicios en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú (Entre Ríos), donde el sargento Víctor Hugo Mercado se desempeñaba como su superior jerárquico. El fallo revocó parcialmente la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay, que en septiembre de 2025 había condenado a Mercado a cuatro años y seis meses de prisión pero rechazado el pedido de reparación del daño.

Un crimen, cinco años de terror y un intento de suicidio

En julio de 2016, Mercado obligó a la suboficial a realizar una tarea fuera de su horario laboral y, aprovechándose de esa situación de vulnerabilidad jerárquica, intentó forzarla a mantener relaciones sexuales y le efectuó distintos tocamientos sin su consentimiento. Ante su negativa, el sargento no retrocedió: inició un hostigamiento sistemático que incluyó burlas y expresiones denigrantes delante de sus compañeros, además del uso deliberado de su posición de mando para trasladarla en forma reiterada a distintas oficinas, impidiéndole desarrollar su carrera con normalidad.

El acoso persistió pese a las denuncias presentadas por la víctima y a una orden judicial de alejamiento. El deterioro psicológico acumulado en cinco años de persecución institucional derivó, en septiembre de 2021, en un intento de suicidio que la llevó a solicitar la baja del servicio militar. Su carrera en las Fuerzas Armadas quedó destruida.

El tribunal oral condenó pero negó la reparación

El TOF de Concepción del Uruguay condenó a Mercado el 8 de septiembre de 2025 como autor de abuso sexual simple en concurso real con lesiones psicológicas graves mediando violencia de género. Sin embargo, rechazó el pedido de reparación integral argumentando tres razones: que resultaba «sorpresivo», que la víctima no había tenido intervención como actora civil y que conceder el resarcimiento en sede penal impediría el ejercicio posterior de una acción civil autónoma.

La Fiscalía Federal de Gualeguaychú apeló esa decisión. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la reparación estaba lejos de ser sorpresiva: tanto la fiscalía de instrucción como la querella la habían planteado en sus requerimientos de elevación a juicio. Además, el cálculo elaborado en febrero de 2024 por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) había sido puesto en conocimiento de la defensa, que en ningún momento formuló objeciones.

Casación revirtió el rechazo con argumentos de derechos humanos

La Cámara de Casación acogió el recurso de la fiscalía y ordenó la reparación. El fallo estableció que remitir a una víctima a la vía civil luego de un proceso penal que ya acreditó el daño, su entidad y su vínculo causal con la conducta del condenado, no solo contradice la finalidad de la norma sino que impone una carga adicional e injustificada sobre quien ya atravesó un proceso de esa naturaleza. En palabras textuales del tribunal: «no solo resulta contrario a la finalidad de la norma, sino que importa, en los hechos, una carga adicional e injustificada sobre quien ya ha transitado un proceso de esta naturaleza».

Los jueces señalaron que el artículo 29 del Código Penal no establece como requisito que la víctima se constituya en actora civil ni que mantenga su participación como querellante hasta el debate. El Ministerio Público Fiscal, en su rol de representante del interés general y de los derechos de las víctimas, tiene plena legitimidad para solicitar ese resarcimiento.

Además, el tribunal remarcó que garantizar el acceso efectivo a la reparación es una obligación internacional del Estado argentino en materia de derechos humanos, y recordó los compromisos asumidos mediante la Convención de Belém do Pará. El monto estimado en febrero de 2024 equivale a los salarios que la víctima debería haber percibido durante los cinco años en que soportó los hechos investigados, calculado en $29.228.298.

La recalificación y la nueva pena pendiente

En forma paralela, la Sala II introdujo una modificación en la tipificación del hecho: con los votos de Yacobucci y Ledesma y la disidencia de Slokar, recalificó la conducta de abuso sexual consumado a tentativa de abuso sexual, criterio que, según el fallo, había sido sostenido también por la propia fiscalía durante su alegato en el juicio oral. El tribunal aclaró expresamente que esa modificación no altera la escala penal aplicable, ni desconoce la materialidad del hecho ni la responsabilidad del sargento Mercado, confirmada por unanimidad sobre la base de las pruebas testimoniales y documentales incorporadas al debate.

Como consecuencia, la Cámara de Casación Penal ordenó devolver la causa al tribunal de origen para que, con una nueva integración, fije la pena correspondiente al delito tentado previa audiencia con intervención de todas las partes.

Lo que tenés que saber

• La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la reparación integral de una víctima de abuso sexual y hostigamiento laboral en el Ejército Argentino en Gualeguaychú.
• El sargento Víctor Hugo Mercado había sido condenado en septiembre de 2025 a cuatro años y seis meses de prisión; el tribunal oral rechazó la reparación y Casación revirtió ese rechazo.
• El fallo estableció que quien ya probó el daño en sede penal no puede ser obligada a iniciar un proceso civil para cobrar el resarcimiento.
• El monto de reparación estimado por organismos especializados del Ministerio Público equivale a $29.228.298, calculados sobre los salarios de los cinco años en que ocurrieron los hechos.
• La causa regresa al tribunal oral con nueva integración para que fije la pena correspondiente a la conducta recalificada como tentativa de abuso sexual.