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Denuncia

Luciana Peker pidió asilo político en España por amenazas de muerte

La periodista feminista denunció que se vio obligada a abandonar la Argentina tras recibir reiteradas amenazas relacionadas con sus coberturas sobre violencia de género y casos de abuso. La comunicadora, referente en temas de género en América Latina, confirmó que solicitó el asilo político del gobierno español y apuntó contra sectores libertarios y de las fuerzas de seguridad.

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El Argentino Diario-Luciana Peker.

⬛ La periodista Luciana Peker, referente en temas de género en América Latina, en diálogo con Víctor Hugo Morales confirmó que pidió asilo político en España luego de autoexiliarse de Argentina. La comunicadora reveló que la decisión fue consecuencia del hostigamiento y las amenazas de muerte que recibió durante los últimos años por su trabajo periodístico.

Durante la comunicación con Víctor Hugo, Peker contó que decidió irse del país porque recibió reiteradas amenazas de muerte que, según aseguró, provenían de una estructura organizada con conexiones directas con el poder político y militar, específicamente de personas vinculadas al gobierno libertario y de personal retirado de la fuerza aérea. La periodista denunció además que estas intimidaciones estaban directamente relacionadas con sus coberturas periodísticas sobre casos de violencia de género y denuncias de abuso sexual.

Un contexto de hostigamiento creciente

El caso de Peker se enmarca en un contexto de creciente presión sobre el periodismo crítico en Argentina. «Te mereces ser la próxima» le dijeron después de publicar una nota en un reconocido medio de alcance internacional, según denunció la propia periodista, donde alertaba que «la libertad retrocede y nuestras voces, trabajos y vida está en riesgo».

La comunicadora había estado particularmente expuesta por su cobertura del caso de Thelma Fardín y su denuncia contra Juan Darthés por abuso sexual. Peker fue una de las periodistas que acompañó a Fardín para poder atravesar el largo camino de la justicia y así denunciar que había sido abusada a sus 16 años por el actor Juan Dartés.

La decisión del exilio

Peker denunció la falta de libertad para seguir escribiendo en Argentina, ya que las amenazas habían escalado a tal punto que consideró insostenible continuar su trabajo en el país, razón por la cual decidió exiliarse, puntualmente, por el hostigamiento con el que sectores de la extrema derecha buscan silenciar su voz, al igual que la de otras feministas que han puesto el cuerpo para que la sociedad sea más igualitaria.

Un síntoma de época

Durante el último Día del Periodista, el caso de Luciana Peker interpeló con fuerza a colegas y lectores. No se trata de una historia individual, sino del síntoma de una época. Una democracia donde los comunicadores y comunicadoras deben elegir entre callar, exponerse a la violencia oficialista y a los discursos de odio o exiliarse. Estamos frente a una coyuntura donde no existe una plena democracia.

El pedido de asilo político de Peker representa un caso paradigmático de la situación que atraviesan periodistas y activistas en Argentina, particularmente aquellas voces críticas que cubren temas sensibles como la violencia de género y los derechos humanos.

La situación de la comunicadora se suma a otros casos de hostigamiento contra periodistas que han denunciado públicamente presiones y amenazas por su trabajo en el país. Su solicitud de asilo en España pone en evidencia las dificultades que enfrentan los profesionales de la comunicación para ejercer libremente su labor en el actual contexto político argentino, y esto es algo que, más temprano que tarde, tiene que cambiar.

Puntos clave:

  • Luciana Peker pidió asilo político en España tras exiliarse de Argentina
  • La periodista denunció amenazas de muerte vinculadas a estructuras con conexiones políticas y militares
  • Las intimidaciones estaban relacionadas con sus coberturas sobre violencia de género y casos de abuso
  • Su exilio se enmarca en un contexto de creciente presión sobre el periodismo crítico en Argentina
  • El caso representa un síntoma de las dificultades para el ejercicio del periodismo independiente

Denuncia

Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.

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El Argentino Diario-Luis Caputo-Santiago Bausili.
Las operaciones con derivados de oro del BCRA dejaron más de mil millones de dólares en rojo: Dalbón pide la detención de Caputo, Bausili y Curutchet.

Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.

El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las figuras penales y el rol de Caputo

En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».

El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.

El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura

Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.

Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.

El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría

Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.

Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.

Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable

La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».

La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».

La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.

Lo que tenés que saber:

  • El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
  • La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
  • Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
  • La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
  • La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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