Un acto de represión que conmocionó al país

El 11 de septiembre del año pasado, una marcha de jubilados frente al Congreso Nacional terminó en un episodio que generó indignación y repudio generalizado. En medio de la protesta, el oficial de la Policía Federal Cristian Rivaldi fue señalado por rociar gas lacrimógeno a corta distancia contra Carla Pegoraro y su hija Fabrizia, de tan solo 10 años, quienes se encontraban sentadas en la vía pública sin representar amenaza alguna.

El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, calificó el accionar de Rivaldi como «desmedido e injustificado», y detalló que el uso del Disuasivo Presurizado Orgánico provocó en la niña una conjuntivitis química que le causó dolor y malestar durante varios días. La madre y la hija tuvieron que ser asistidas en el lugar por las dolencias en los ojos, un hecho que quedó registrado en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando una ola de críticas hacia las fuerzas de seguridad.

La citación judicial y el contexto del caso

El juez Sebastián Ramos accedió al pedido del fiscal y citó a Rivaldi a declarar el próximo 6 de mayo. Según fuentes judiciales, el oficial podrá designar un abogado de confianza o recurrir a un defensor oficial. La causa busca determinar si el accionar del policía constituye un abuso de autoridad y una violación a los derechos humanos, en un contexto donde el uso de la fuerza policial en manifestaciones ha sido objeto de múltiples cuestionamientos.

Este caso no es un hecho aislado. En los últimos años, organizaciones de derechos humanos han denunciado un incremento en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en protestas sociales. Según un informe de Amnistía Internacional, en Argentina se registraron al menos 15 casos de represión violenta en manifestaciones durante 2022, con un saldo de heridos y detenciones arbitrarias.

El impacto social y político del caso

El episodio de Fabrizia Pegoraro no solo expone la vulnerabilidad de los manifestantes frente a la represión policial, sino que también pone en evidencia la falta de protocolos claros para el uso de armamento no letal. «Es inadmisible que un agente de seguridad utilice gas lacrimógeno contra una niña. Esto no es un error, es una muestra de la impunidad con la que actúan algunos sectores de las fuerzas», expresó Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la madre de Fabrizia declaró en su momento que «no había ninguna razón para que nos atacaran. Estábamos sentadas, pacíficamente, y de repente sentí el ardor en los ojos de mi hija». Estas palabras reflejan el dolor y la impotencia de quienes, lejos de buscar confrontación, se ven afectados por un sistema que muchas veces prioriza la represión por sobre el diálogo.

Un debate urgente sobre el uso de la fuerza

El caso Pegoraro reabre el debate sobre la necesidad de reformar las políticas de seguridad en la Argentina. Mientras, el Gobierno nacional asegura que trabaja en la “capacitación” de las fuerzas para evitar excesos, sin embargo, los hechos demuestran lo contrario, porque, además, la represión es fogoneada por el propio Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la falta de sanciones ejemplares en casos similares alimenta la percepción de impunidad y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La citación a indagatoria de Cristian Rivaldi es un paso importante, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión integral de los inconstitucionales “protocolos antipiquetes”. En un país donde las manifestaciones son una herramienta clave para la expresión social, garantizar el respeto por los derechos humanos debe ser una prioridad ineludible.