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Denuncia

Citan a indagatoria al policía acusado de gasear a una niña en represión contra jubilados

El juez federal Sebastián Ramos convocó al oficial Cristian Rivaldi para el 6 de mayo, tras ser acusado de usar gas lacrimógeno de manera desmedida contra una niña de 10 años y su madre durante una protesta pacífica en el Congreso.

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El Argentino Diario-Niña gaseada por la policía en represión en el Congreso.

Un acto de represión que conmocionó al país

El 11 de septiembre del año pasado, una marcha de jubilados frente al Congreso Nacional terminó en un episodio que generó indignación y repudio generalizado. En medio de la protesta, el oficial de la Policía Federal Cristian Rivaldi fue señalado por rociar gas lacrimógeno a corta distancia contra Carla Pegoraro y su hija Fabrizia, de tan solo 10 años, quienes se encontraban sentadas en la vía pública sin representar amenaza alguna.

El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, calificó el accionar de Rivaldi como «desmedido e injustificado», y detalló que el uso del Disuasivo Presurizado Orgánico provocó en la niña una conjuntivitis química que le causó dolor y malestar durante varios días. La madre y la hija tuvieron que ser asistidas en el lugar por las dolencias en los ojos, un hecho que quedó registrado en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando una ola de críticas hacia las fuerzas de seguridad.

La citación judicial y el contexto del caso

El juez Sebastián Ramos accedió al pedido del fiscal y citó a Rivaldi a declarar el próximo 6 de mayo. Según fuentes judiciales, el oficial podrá designar un abogado de confianza o recurrir a un defensor oficial. La causa busca determinar si el accionar del policía constituye un abuso de autoridad y una violación a los derechos humanos, en un contexto donde el uso de la fuerza policial en manifestaciones ha sido objeto de múltiples cuestionamientos.

Este caso no es un hecho aislado. En los últimos años, organizaciones de derechos humanos han denunciado un incremento en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en protestas sociales. Según un informe de Amnistía Internacional, en Argentina se registraron al menos 15 casos de represión violenta en manifestaciones durante 2022, con un saldo de heridos y detenciones arbitrarias.

El impacto social y político del caso

El episodio de Fabrizia Pegoraro no solo expone la vulnerabilidad de los manifestantes frente a la represión policial, sino que también pone en evidencia la falta de protocolos claros para el uso de armamento no letal. «Es inadmisible que un agente de seguridad utilice gas lacrimógeno contra una niña. Esto no es un error, es una muestra de la impunidad con la que actúan algunos sectores de las fuerzas», expresó Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la madre de Fabrizia declaró en su momento que «no había ninguna razón para que nos atacaran. Estábamos sentadas, pacíficamente, y de repente sentí el ardor en los ojos de mi hija». Estas palabras reflejan el dolor y la impotencia de quienes, lejos de buscar confrontación, se ven afectados por un sistema que muchas veces prioriza la represión por sobre el diálogo.

Un debate urgente sobre el uso de la fuerza

El caso Pegoraro reabre el debate sobre la necesidad de reformar las políticas de seguridad en la Argentina. Mientras, el Gobierno nacional asegura que trabaja en la “capacitación” de las fuerzas para evitar excesos, sin embargo, los hechos demuestran lo contrario, porque, además, la represión es fogoneada por el propio Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la falta de sanciones ejemplares en casos similares alimenta la percepción de impunidad y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La citación a indagatoria de Cristian Rivaldi es un paso importante, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión integral de los inconstitucionales “protocolos antipiquetes”. En un país donde las manifestaciones son una herramienta clave para la expresión social, garantizar el respeto por los derechos humanos debe ser una prioridad ineludible.

Denuncia

Femicidio de Agostina: su padre denunció que Barrelier no actuó solo y hay más implicados

Gabriel Vega, padre de la adolescente asesinada, encabezó una conferencia de prensa junto a su equipo de abogados y aseguró que el principal sospechoso del crimen no actuó en soledad. La pareja del imputado también quedó en la mira de la investigación.

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Más cómplices, policía demorada y medios morbosos: la familia de Agostina habló sin filtros.

El padre de Agostina afirmó que Barrelier no actuó solo y hay más investigados

★ El padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y cuyos restos fueron hallados descuartizados en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba, aseguró que el principal sospechoso del crimen, Claudio Barrelier, «no actuó solo» y que «hay más gente implicada» en el caso.

Gabriel Vega realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa brindada en un hotel de la capital cordobesa, junto a su equipo de abogados encabezados por la letrada Fernanda Alaniz. El hombre remarcó que no va a descansar «hasta que estén todos presos», aunque aclaró que no puede dar más detalles para no entorpecer el curso de la investigación judicial.

El señalamiento a la pareja del sospechoso

Vega afirmó que Barrelier «mintió», y agregó que «la persona que estaba al lado, también». La referencia apuntó directamente a Soledad, pareja del principal imputado en el crimen, quien habría facilitado el vehículo en el que, presuntamente, el hombre transportó los restos de la adolescente.

El padre de Agostina admitió, además, haber tenido contacto con Barrelier durante su propia búsqueda particular, antes de que las autoridades dieran con los restos de su hija. Las palabras que reservó para el imputado no dejaron margen a la ambigüedad: «A ese hijo de p… ni siquiera lo puedo nombrar. Lamentablemente, nos cruzamos con un hijo de p…, un enfermo, pero las vas a pagar. Es un psicópata, nunca debió salir de la cárcel», sentenció, en alusión a los antecedentes de Barrelier, quien cumplió prisión por una condena anterior vinculada a abuso sexual.

La voz del abuelo y el reclamo de justicia

Miguel Heredia, abuelo de Agostina, también tomó la palabra. «Esto no puede quedar así, el responsable debe pagar», sostuvo, aunque admitió no contar con información propia sobre posibles cómplices: «No sé si hay más personas, no lo sé, ojalá tuviera algún indicio».

Heredia también formuló duras críticas al accionar policial en las primeras horas posteriores a la denuncia de desaparición. En declaraciones a un canal de noticias, señaló que a su hija «la boludearon» cuando fue a radicar la denuncia, ya que la hicieron esperar varias horas sin obtener una respuesta: «Tenía que salir al toque, y no lo hizo», reprochó, apuntando a la demora institucional que pudo haber sido determinante en las primeras horas de la búsqueda.

El reclamo del abuelo excedió lo familiar y se proyectó como una demanda social: «No olviden a mi nieta, que no haya más Agostinas, esto tiene que servir para algo. Que cambie algo, se atravesó un enfermo en nuestra vida, un degenerado».

El perfil de Agostina y la crítica a la cobertura mediática

Gabriel Vega describió brevemente a su hija como «una nena feliz, pero muy confiada», y señaló que el caso debería servir «para que no se repitan estos hechos», dado que «hay muchos chicos en situación de vulnerabilidad».

El padre expresó también su malestar ante lo que describió como «la morbosidad de algunos medios», que difundieron versiones no verificadas sobre la intimidad de la adolescente, incluyendo afirmaciones sobre un supuesto embarazo. «Las versiones le hacen mal a toda la familia, a mí, a su madre y sus abuelos», remarcó Vega, y exigió «respeto» hacia la memoria de la joven.

Puntos clave

  • Gabriel Vega aseguró que Claudio Barrelier «no actuó solo» en el asesinato de Agostina y que «hay más gente implicada».
  • La pareja del imputado, identificada como Soledad, está en la mira de la investigación por haber facilitado presuntamente el vehículo utilizado en el crimen.
  • Barrelier tiene antecedentes penales por abuso sexual y cumplió condena anterior.
  • El abuelo de Agostina denunció demoras de la policía en responder a la denuncia de desaparición en las primeras horas críticas.
  • La familia rechazó versiones mediáticas no verificadas sobre la adolescente y reclamó respeto por su memoria.
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