Denuncia
Citan a indagatoria al policía acusado de gasear a una niña en represión contra jubilados
El juez federal Sebastián Ramos convocó al oficial Cristian Rivaldi para el 6 de mayo, tras ser acusado de usar gas lacrimógeno de manera desmedida contra una niña de 10 años y su madre durante una protesta pacífica en el Congreso.
Un acto de represión que conmocionó al país
El 11 de septiembre del año pasado, una marcha de jubilados frente al Congreso Nacional terminó en un episodio que generó indignación y repudio generalizado. En medio de la protesta, el oficial de la Policía Federal Cristian Rivaldi fue señalado por rociar gas lacrimógeno a corta distancia contra Carla Pegoraro y su hija Fabrizia, de tan solo 10 años, quienes se encontraban sentadas en la vía pública sin representar amenaza alguna.
El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, calificó el accionar de Rivaldi como «desmedido e injustificado», y detalló que el uso del Disuasivo Presurizado Orgánico provocó en la niña una conjuntivitis química que le causó dolor y malestar durante varios días. La madre y la hija tuvieron que ser asistidas en el lugar por las dolencias en los ojos, un hecho que quedó registrado en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando una ola de críticas hacia las fuerzas de seguridad.
La citación judicial y el contexto del caso
El juez Sebastián Ramos accedió al pedido del fiscal y citó a Rivaldi a declarar el próximo 6 de mayo. Según fuentes judiciales, el oficial podrá designar un abogado de confianza o recurrir a un defensor oficial. La causa busca determinar si el accionar del policía constituye un abuso de autoridad y una violación a los derechos humanos, en un contexto donde el uso de la fuerza policial en manifestaciones ha sido objeto de múltiples cuestionamientos.
Este caso no es un hecho aislado. En los últimos años, organizaciones de derechos humanos han denunciado un incremento en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en protestas sociales. Según un informe de Amnistía Internacional, en Argentina se registraron al menos 15 casos de represión violenta en manifestaciones durante 2022, con un saldo de heridos y detenciones arbitrarias.
El impacto social y político del caso
El episodio de Fabrizia Pegoraro no solo expone la vulnerabilidad de los manifestantes frente a la represión policial, sino que también pone en evidencia la falta de protocolos claros para el uso de armamento no letal. «Es inadmisible que un agente de seguridad utilice gas lacrimógeno contra una niña. Esto no es un error, es una muestra de la impunidad con la que actúan algunos sectores de las fuerzas», expresó Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, la madre de Fabrizia declaró en su momento que «no había ninguna razón para que nos atacaran. Estábamos sentadas, pacíficamente, y de repente sentí el ardor en los ojos de mi hija». Estas palabras reflejan el dolor y la impotencia de quienes, lejos de buscar confrontación, se ven afectados por un sistema que muchas veces prioriza la represión por sobre el diálogo.
Un debate urgente sobre el uso de la fuerza
El caso Pegoraro reabre el debate sobre la necesidad de reformar las políticas de seguridad en la Argentina. Mientras, el Gobierno nacional asegura que trabaja en la “capacitación” de las fuerzas para evitar excesos, sin embargo, los hechos demuestran lo contrario, porque, además, la represión es fogoneada por el propio Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la falta de sanciones ejemplares en casos similares alimenta la percepción de impunidad y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La citación a indagatoria de Cristian Rivaldi es un paso importante, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión integral de los inconstitucionales “protocolos antipiquetes”. En un país donde las manifestaciones son una herramienta clave para la expresión social, garantizar el respeto por los derechos humanos debe ser una prioridad ineludible.
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Denuncia
Primero el disparo, después la censura: Villarruel y Bullrich prohíben muestra fotográfica de Pablo Grillo
Cancelaron la exhibición y la ceremonia en la que se le iba a entregar al fotoperiodista gravemente herido durante una represión un diploma de honor. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
Censura y represión: Villarruel y Bullrich vetaron la muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso
★ En el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor que iba a entregarse este viernes al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
La actividad estaba programada para este viernes 8 de mayo a las 16:30 en el Salón Azul del Senado, organizada por el senador justicialista Eduardo «Wado» De Pedro en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El evento incluía la entrega de un diploma de honor a Grillo y una exposición de su obra fotográfica, pero fue cancelada intempestivamente horas antes de su realización, a pesar de haber contado con autorización previa.
La denuncia de De Pedro
«La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada», señaló De Pedro en una publicación en la red social X. El senador por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra las responsables: «Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional». De Pedro calificó la medida como «una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura».
La familia: «No solo censuran fotos, atacan la libertad de expresión»
El padre de Pablo, Fabián Grillo, fue contundente al repudiar la cancelación: «No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada». Convocó a reunirse este viernes a las 16:30 en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) para compartir igualmente la obra del fotógrafo.
La fecha elegida no fue casual: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando Gendarmería Nacional y Policía Federal reprimieron a los jubilados y a trabajadores de prensa que cubrían la marcha del 12 de marzo de 2025.
El ataque y sus consecuencias
Pablo Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una lata de gas lacrimógeno directamente hacia su cabeza. Según estableció la investigación judicial, Guerrero efectuó seis disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) «sin que existiera un contexto de agresión». Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, con secuelas cognitivas permanentes. Permaneció meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El 27 de noviembre de 2025 recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos.
El gendarme, a un paso del juicio oral
La cancelación del homenaje se produjo en medio de un avance judicial de enorme trascendencia: el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Guerrero. Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado, cometido en cinco oportunidades. Taiano sostuvo que el comportamiento del efectivo representó «un peligro concreto para la vida e integridad física» de los manifestantes y que actuó con «plena conciencia de que infringía las normas». A su vez, la querella de la familia Grillo también requirió a la jueza María Servini la elevación a juicio oral del caso.
La Editorial Perfil le otorgó a Grillo el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional en reconocimiento a su trabajo y al impacto institucional del ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa. El galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien expresó: «No debería estar acá yo. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas».
Censura que confirma el patrón
La decisión de vetar la muestra de Grillo se inscribe en una serie de restricciones a la libertad de prensa que el actual gobierno impulsa de manera sistemática: acreditaciones negadas a periodistas críticos en la Casa Rosada y el Congreso, cierre de medios públicos y reducción del financiamiento a la comunicación. Desde la cuenta «Justicia por Pablo Grillo» el resumen fue lapidario: «Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura».
Puntos clave:
- Villarruel y Bullrich cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor a Grillo en el Salón Azul del Senado, pese a estar autorizada previamente.
- La cancelación ocurrió en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo de 2026.
- El fiscal federal Taiano y la querella de la familia Grillo pidieron la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Guerrero.
- Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado en cinco oportunidades.
- La familia convocó a mostrar la obra de Grillo en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) a las 16:30 del viernes 8 de mayo.
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