Denuncia
Citan a indagatoria al policía acusado de gasear a una niña en represión contra jubilados
El juez federal Sebastián Ramos convocó al oficial Cristian Rivaldi para el 6 de mayo, tras ser acusado de usar gas lacrimógeno de manera desmedida contra una niña de 10 años y su madre durante una protesta pacífica en el Congreso.
Un acto de represión que conmocionó al país
El 11 de septiembre del año pasado, una marcha de jubilados frente al Congreso Nacional terminó en un episodio que generó indignación y repudio generalizado. En medio de la protesta, el oficial de la Policía Federal Cristian Rivaldi fue señalado por rociar gas lacrimógeno a corta distancia contra Carla Pegoraro y su hija Fabrizia, de tan solo 10 años, quienes se encontraban sentadas en la vía pública sin representar amenaza alguna.
El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, calificó el accionar de Rivaldi como «desmedido e injustificado», y detalló que el uso del Disuasivo Presurizado Orgánico provocó en la niña una conjuntivitis química que le causó dolor y malestar durante varios días. La madre y la hija tuvieron que ser asistidas en el lugar por las dolencias en los ojos, un hecho que quedó registrado en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando una ola de críticas hacia las fuerzas de seguridad.
La citación judicial y el contexto del caso
El juez Sebastián Ramos accedió al pedido del fiscal y citó a Rivaldi a declarar el próximo 6 de mayo. Según fuentes judiciales, el oficial podrá designar un abogado de confianza o recurrir a un defensor oficial. La causa busca determinar si el accionar del policía constituye un abuso de autoridad y una violación a los derechos humanos, en un contexto donde el uso de la fuerza policial en manifestaciones ha sido objeto de múltiples cuestionamientos.
Este caso no es un hecho aislado. En los últimos años, organizaciones de derechos humanos han denunciado un incremento en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en protestas sociales. Según un informe de Amnistía Internacional, en Argentina se registraron al menos 15 casos de represión violenta en manifestaciones durante 2022, con un saldo de heridos y detenciones arbitrarias.
El impacto social y político del caso
El episodio de Fabrizia Pegoraro no solo expone la vulnerabilidad de los manifestantes frente a la represión policial, sino que también pone en evidencia la falta de protocolos claros para el uso de armamento no letal. «Es inadmisible que un agente de seguridad utilice gas lacrimógeno contra una niña. Esto no es un error, es una muestra de la impunidad con la que actúan algunos sectores de las fuerzas», expresó Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, la madre de Fabrizia declaró en su momento que «no había ninguna razón para que nos atacaran. Estábamos sentadas, pacíficamente, y de repente sentí el ardor en los ojos de mi hija». Estas palabras reflejan el dolor y la impotencia de quienes, lejos de buscar confrontación, se ven afectados por un sistema que muchas veces prioriza la represión por sobre el diálogo.
Un debate urgente sobre el uso de la fuerza
El caso Pegoraro reabre el debate sobre la necesidad de reformar las políticas de seguridad en la Argentina. Mientras, el Gobierno nacional asegura que trabaja en la “capacitación” de las fuerzas para evitar excesos, sin embargo, los hechos demuestran lo contrario, porque, además, la represión es fogoneada por el propio Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la falta de sanciones ejemplares en casos similares alimenta la percepción de impunidad y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La citación a indagatoria de Cristian Rivaldi es un paso importante, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión integral de los inconstitucionales “protocolos antipiquetes”. En un país donde las manifestaciones son una herramienta clave para la expresión social, garantizar el respeto por los derechos humanos debe ser una prioridad ineludible.
Denuncia
Pagano contra la casta libertaria: “Karina tiene la lapicera y la llave de Olivos”
La diputada Marcela Pagano, que rompió con La Libertad Avanza y hoy lidera el monobloque Coherencia, disparó contra el corazón del poder libertario: acusó a Karina Milei de ser quien realmente gobierna, describió a los hermanos Menem como los «gerentes» del esquema y anticipó que habrá más denuncias contra funcionarios del Gobierno nacional.
Casi mil millones de pesos en contratos de mantenimiento adjudicados entre dos empresas del mismo grupo, sobrefacturación en catering presidencial, irregularidades en la Quinta de Olivos y un ex jefe de Gabinete imputado que tuvo que salir del Gobierno para explicar su patrimonio ante un fiscal. Son los cimientos de una arquitectura de denuncias que la diputada nacional Marcela Pagano viene construyendo, ladrillo a ladrillo, desde que rompió con La Libertad Avanza (LLA) en agosto de 2025.
Pagano conduce el monobloque Coherencia en la Cámara de Diputados y, en una entrevista difundida este fin de semana, apuntó con precisión quirúrgica contra la conducción del gobierno de Javier Milei. Su diagnóstico fue terminante: el proyecto que llevó al libertario a la Casa Rosada pasó de tener como eslogan «la casta tiene miedo» a convertirse en «la casta tiene despacho».
Karina manda, Javier pone la cara
El retrato más crudo del poder libertario que trazó Pagano tiene un nombre propio: Karina Milei, la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario. «Javier tiene la banda y el micrófono; ella, la lapicera, la agenda y la llave de Olivos. Nadie la votó y decide quién entra y quién es candidato», aseguró la legisladora. En ese esquema, los hermanos Martín y Lule Menem funcionarían como los «gerentes» operativos: el primero manejando Diputados «como una escribanía» y el segundo armando las listas, con al menos 17 parientes en cargos públicos según información publicada en forma oficial.
El primer quiebre de Pagano con el oficialismo fue en abril de 2024, cuando fue postulada para presidir la Comisión de Juicio Político con el aval del entonces jefe de bloque Oscar Zago. El titular de la Cámara, Martín Menem, canceló la sesión de forma sorpresiva y la interna escaló, en particular con la diputada Lilia Lemoine, referente del entorno presidencial. Dieciséis meses después, Pagano formalizó su salida y en una carta pública le dijo al Presidente que estaba «cercado por oportunistas y aduladores» y que el proyecto original había sido abandonado.
El mapa de las denuncias
Pagano fue construyendo un expediente político y judicial de considerable alcance. Acusó penalmente al Presidente por «presunto desvío discrecional de fondos viales» orientado a comprar votos en el Congreso durante el debate de la Ley Bases. Solicitó el arresto del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien está imputado en el fuero federal por supuesto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales y tiene prohibición de salir del país. Y denunció licitaciones por casi 700 millones de pesos para el mantenimiento de Olivos y la Casa Rosada donde, según afirmó, las dos empresas «competidoras» pertenecían al mismo grupo empresario.
A ese mapa se sumaron las irregularidades en el catering presidencial, proveedores supuestamente falsificados, el contrato estatal de la asistente personal de Karina Milei y un crédito de 52.600 millones de pesos que el Banco Nación habría intentado otorgar a una empresa mientras trasladaba al gerente que se negó a firmarlo. «Va a haber más denuncias, pero yo no las anuncio, las presento: primero el sello de Comodoro Py, después el tuit», subrayó la diputada, precisando que ya concurrió dos veces a ampliar sus presentaciones por Olivos.
El miedo adentro de LLA y el silencio cómplice
Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista fue la confirmación de que existen legisladores dentro de La Libertad Avanza que quieren desprenderse del espacio pero no pueden. «Son más de los que se imaginan», afirmó Pagano, quien reconoció mantener contacto con varios de ellos. Describió el clima interno como de «miedo real»: no solo al cargo perdido, sino al «carpetazo», al escrache desde cuentas anónimas y al cierre de puertas. «Yo también me callé un tiempo, hasta que entendí que el silencio me hacía cómplice. A ellos les digo lo mismo: las firmas quedan, y el que hoy firma por miedo mañana se lo va a tener que explicar a un juez», les advirtió.
2027 y el escenario de la herencia libertaria
Sobre el panorama electoral, Pagano rechazó la lectura de que el PRO estaría «copando» a LLA y planteó la hipótesis inversa: es Karina Milei quien usa al PRO, tomando sus dirigentes y votos mientras conserva la lapicera. Lo que sí está disuelto, según la diputada, es el proyecto original que la ciudadanía votó en 2023. Para 2027, anticipó una «pelea por la herencia» entre Milei y Macri, aunque descartó que eso cambie el contenido de fondo: «Es el mismo menú con distinto cocinero: ajuste al que labura, dólar barato y fábricas cerradas».
Respecto a la posibilidad de que los involucrados sean procesados, Pagano fue categórica: «Denunciados ya están porque yo misma denuncié al Presidente, a su hermana y a Adorni, y no soy la única». Aunque reconoció que en Argentina «las causas contra el poder suelen despertarse cuando el poder se termina», señaló que algo cambió: Adorni tuvo que renunciar y hoy explica su patrimonio ante un fiscal. Sobre la reelección, sintetizó: «La gente no vota expedientes, vota heladera, y con familias endeudadas y pymes que cierran, yo no la veo».
Lo que tenés que saber:
- La diputada Marcela Pagano afirmó que Karina Milei «es la que manda» en el Gobierno y que ningún ciudadano la votó para ese rol.
- Pagano confirmó que mantiene contacto con legisladores de LLA que quieren irse del espacio pero tienen miedo a represalias.
- Las denuncias de Pagano abarcan al Presidente, a su hermana, al ex jefe de Gabinete Adorni y a irregularidades en Olivos, catering y licitaciones millonarias.
- Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y está imputado en el fuero federal por enriquecimiento ilícito con prohibición de salida del país.
- Para 2027, Pagano anticipó disputa entre Milei y Macri por la «herencia» libertaria, pero sostuvo que ambos proyectos son «el mismo menú con distinto cocinero».
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