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Gremiales

Hugo Yasky: “La marcha será multitudinaria y pacífica contra la crueldad del Gobierno”

El titular de la CTA aseguró que las centrales sindicales garantizarán una movilización pacífica frente al Congreso. La protesta busca visibilizar el impacto de las políticas económicas que profundizan la desigualdad y el desempleo en Argentina.

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El-Argentino-Hugo Yasky

Una marcha contra la «crueldad» y la desigualdad

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky, anticipó que la marcha convocada para esta tarde frente al Congreso será «multitudinaria y pacífica». La movilización, organizada por las tres principales centrales sindicales, se realizará en apoyo a la tradicional marcha de los miércoles de los jubilados y como antesala de un paro general de 24 horas previsto para mañana.

“Va a ser una marcha multitudinaria y pacífica, porque las organizaciones vamos a garantizar que la gente pueda movilizarse en paz”, afirmó Yasky en declaraciones al programa Sin corbata de Radio Splendid. Según el dirigente, la protesta es una respuesta a lo que calificó como «la crueldad de un Gobierno que toma medidas que castigan a los trabajadores».

Yasky denunció que las políticas actuales han generado despidos masivos, contratos precarios y un aumento de la desigualdad. “Es la crueldad en su expresión más alta, porque rompen contratos laborales de forma brutal e ilegal y tienen desprecio por los trabajadores”, sostuvo.

Desempleo y precarización: el trasfondo de la protesta

El dirigente sindical señaló que la situación económica del país ha llevado a un deterioro significativo del empleo, especialmente en sectores clave como la industria automotriz. Según Yasky, “la industria automotriz tiene unos 10.000 trabajadores que están suspendidos o al borde de perder el empleo”. Este dato refleja, según el titular de la CTA, una contradicción entre las cifras oficiales de disminución de la pobreza y la realidad que enfrentan los trabajadores.

Además, Yasky criticó las políticas de apertura económica que, según él, favorecen las importaciones en detrimento de la producción nacional. “Las condiciones económicas en Argentina hacen que sea más barato importar que producir en el país, y cuando eso pasa lo primero que desaparece es el empleo”, advirtió.

Una Argentina más desigual

El secretario general de la CTA también apuntó contra el modelo económico actual, al que acusó de profundizar las brechas sociales. “La Argentina es hoy más desigual”, afirmó, y agregó que las medidas del Gobierno no solo afectan a los trabajadores, sino también a los sectores más vulnerables, como los jubilados. En este sentido, la marcha de esta tarde busca visibilizar las demandas de los jubilados, quienes enfrentan una pérdida constante de poder adquisitivo frente a la inflación.

Según datos del INDEC, la inflación acumulada en el último año supera el 100%, lo que ha erosionado los ingresos de los sectores populares. A esto se suma un aumento en la precarización laboral, con un crecimiento de los contratos temporales y la falta de acceso a indemnizaciones en casos de despido.

El paro general: una medida de fuerza con amplio respaldo

La movilización de este miércoles será el preludio de un paro general de actividades convocado para mañana por las centrales sindicales. La medida, que afectará a diversos sectores, busca enviar un mensaje claro al Gobierno sobre la necesidad de un cambio en las políticas económicas. “Es una respuesta a un modelo que prioriza los intereses de unos pocos en detrimento de la mayoría”, expresó Yasky.

El paro contará con la adhesión de gremios clave, como los del transporte, la educación y la salud, lo que anticipa un impacto significativo en la actividad diaria del país. Según los organizadores, el objetivo es visibilizar el descontento social y exigir medidas concretas para proteger el empleo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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