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Denuncia

Velocidad y negligencia en ruta 51: detuvieron al chofer del micro que volcó y dejó cinco muertos

El conductor fue imputado por homicidio culposo agravado, mientras surgen denuncias sobre el estado del vehículo. El siniestro, ocurrido en General La Madrid, expone fallas estructurales en el transporte de larga distancia.

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El Argentino Diario-Choque fatal en ruta 51.

La madrugada del domingo se tiñó de tragedia en la ruta 51, a la altura de General La Madrid, cuando un micro de larga distancia volcó, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y 25 heridas. El conductor, Daniel Alejandro Pereyra, resultó ileso y fue detenido horas después, imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas. Según los testimonios de los pasajeros, el vehículo circulaba a alta velocidad, lo que habría sido un factor determinante en el siniestro.

“Yo venía entredormida, pero sentía que íbamos muy rápido. De repente, el micro se volteó y salí despedida. Caí al pasto, al barro… Tengo el brazo quebrado en tres partes”, relató una de las sobrevivientes, visiblemente conmocionada. Este testimonio, junto con otros similares, refuerza la hipótesis de que la imprudencia del conductor fue clave en el desenlace fatal.

El caso quedó en manos de la UFI N°7 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, quien en las próximas horas tomará declaración indagatoria al imputado. Sin embargo, las responsabilidades no parecen limitarse al chofer: denuncias recientes apuntan a fallas estructurales en el sistema de transporte de larga distancia.

Denuncias por fallas en el vehículo: ¿negligencia empresarial?

La Opinión Austral reveló que el micro siniestrado presentaba fallas mecánicas y que debía haber sido reemplazado por una unidad más moderna y segura. Según uno de los pasajeros, el vehículo enviado no cumplía con las condiciones prometidas: “Yo pagué por un coche cama, pero nos mandaron uno común. No era lo que correspondía”. Este tipo de irregularidades, lamentablemente frecuentes en el transporte de larga distancia, ponen en evidencia la falta de controles efectivos y la precarización del servicio.

El estado del micro será clave en la investigación. Si bien la velocidad excesiva parece haber sido el detonante inmediato, las condiciones del vehículo podrían agravar las responsabilidades de la empresa. En este sentido, el caso no solo apunta a la conducta del chofer, sino también a un sistema que prioriza la rentabilidad por sobre la seguridad de los pasajeros.

Un problema estructural: la seguridad vial en crisis

El siniestro en la ruta 51 no es un hecho aislado. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en 2023 se registraron más de 5.000 muertes en accidentes de tránsito en Argentina, de las cuales un porcentaje significativo involucró vehículos de transporte público. La falta de controles rigurosos, tanto en las rutas como en las empresas, sigue siendo una deuda pendiente del Estado.

En este contexto, el caso de General La Madrid reaviva el debate sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen la seguridad vial. Desde la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real para controlar la velocidad de los micros, hasta la exigencia de revisiones técnicas más estrictas, las soluciones están al alcance, pero requieren voluntad política y compromiso empresarial.

¿Quién responde por las víctimas?

Mientras las familias de las cinco personas fallecidas enfrentan el duelo, y los 25 heridos intentan recuperarse, las preguntas sobre las responsabilidades siguen abiertas. ¿Por qué un micro con fallas evidentes estaba en circulación? ¿Qué controles fallaron para que un vehículo en esas condiciones transportara pasajeros? Y, sobre todo, ¿qué medidas se tomarán para evitar que tragedias como esta se repitan?

El caso de la ruta 51 no solo es un llamado de atención para las autoridades, sino también un recordatorio de que la seguridad vial no puede seguir siendo una asignatura pendiente. Las vidas perdidas en este siniestro no deben quedar en el olvido, y las promesas de justicia deben traducirse en acciones concretas.

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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