La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó un caso de explotación laboral en un establecimiento dedicado a la producción de resina ubicado en Ituzaingó, provincia de Corrientes.

El personal del organismo que conduce Carlos Castagneto encontró a tres personas que vivían en condiciones infrahumanas y que se encontraban en el predio desde hacía más de 45 días, sin descanso ni pago alguno.

Asimismo, los inspectores de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) que conduce Mara Ruiz Malec explicaron que los tres trabajadores vivían en una casilla de madera improvisada sin cama, baño, cocina ni acceso a agua corriente.

Además, se encontraban incomunicados y eran obligados a desempeñar sus tareas de pica de pino para la extracción de resina desde la primera hora de la mañana hasta que desaparecía la luz solar, por lo cual, «No gozaban de francos ni fines de semana y hasta el momento no habían sido informados de la fecha y monto del pago de sus salarios, a pesar de que estaban allí desde hacía más de 45 días corridos», informó el comunicado oficial de la entidad.

Como resultado del operativo, la AFIP dictó infracciones y multas al establecimiento por la falta de registración de los empleados, al tiempo que presentó la denuncia ante el juzgado federal de Corrientes por presunta reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral.

En el operativo, también participaron el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, y el Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la explotación y asistencia a las víctimas.

Por otra parte, la DGRSS detecto irregularidades laborales en aserraderos ubicados en la localidad de Santa Rosa, en esa misma provincia, y relevaron 31 trabajadores dedicados al aserrado de madera, de los cuales el 74% presentó irregularidades.

Durante el procedimiento, los agentes comprobaron que 22 de los empleados no estaban declarados, en tanto 1 de ellos no había obtenido el alta temprana ante el organismo.

A raíz de estos desvíos detectados, se generaron multas y se labraron actas de infracción que incluyeron el cierre de los dos predios donde se llevaron adelante los procedimientos, además, estimaron que las ventas no declaradas a lo largo del último año ascenderían a 18 millones de pesos.

Participaron de las tareas de fiscalización y control de empleados, la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP y Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad.