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Judiciales ⚖️

Lo ataron de pies y manos y lo mataron a golpes: tres ladrones van a juicio por el crimen del jubilado de Núñez

La jueza Fabiana Galletti elevó la causa tras el pedido del auxiliar fiscal Facundo Vidal. La víctima, José Alberto Ronderos, fue hallada muerta, atada de pies y manos y salvajemente golpeada en su casa de Vuelta de Obligado al 3100.

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Mataron a golpes a un jubilado para robarle y ahora los acusados enfrentan el debate oral.

Tres ladrones serán juzgados por el crimen de un jubilado de 70 años, asesinado el 7 de diciembre de 2025 durante un robo ocurrido en una vivienda del barrio porteño de Núñez. La jueza Fabiana Galletti, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 37, elevó el caso a juicio tras acceder al pedido del auxiliar fiscal Facundo Vidal.

Una muerte a golpes para robar

S.J.M., de 42 años, se encuentra imputado en calidad de coautor por homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento, el concurso premeditado de dos o más personas y por criminis causa (matar para ocultar otro ilícito), en concurso real con el robo. S.M.A.J. (34) y el venezolano Y.E.V.F. (29) están acusados como partícipe necesario y partícipe secundario, respectivamente, de los mismos delitos.

Los familiares radicaron la denuncia el 9 de diciembre en la Comisaría 13B de la Policía de la Ciudad porque la víctima, identificada como José Alberto Ronderos, no contestaba los mensajes desde hacía dos días. Los oficiales concurrieron a su domicilio, situado en la calle Vuelta de Obligado al 3100, y lo hallaron muerto, semidesnudo, atado de pies y manos y salvajemente golpeado.

La autopsia determinó que falleció como consecuencia de politraumatismos y una hemorragia interna, mientras que el fiscal pidió informes a compañías de telefonía y delegó tareas investigativas a la Policía de la Ciudad, según remarcó el sitio Fiscales.

La reconstrucción del hecho

El testimonio de la cocinera de un bar al que el damnificado concurría y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad acreditaron que, en los días anteriores al hecho, los tres delincuentes frecuentaron la zona. Tras asesinar al septuagenario, S.J.M. y D.A.M. (un cuarto involucrado que está prófugo) subieron a un colectivo junto a S.M.A.J. hacia Parque Patricios.

Dos de los involucrados tomaron un micro de larga distancia hasta el partido bonaerense de Dolores y posteriormente viajaron a la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde chocaron, en estado de ebriedad, contra una vivienda, donde se concretaron sus arrestos. Por su parte, el extranjero fue detenido el 7 de enero pasado cuando se retiraba de la nueva casa que habitaba junto a su mujer, en Longchamps.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Vidal sostuvo que D.A.M. y S.J.M. entraron al departamento de Ronderos y lo «maniataron y dieron muerte a golpes para luego apoderarse de sus pertenencias», luego de seguirlo a la salida de un restaurante situado en Manuela Pedraza y Cabildo.

«Redujeron a la víctima y lo ataron de pies y manos con cinta adhesiva plástica transparente, un cordón y un cable de teléfono. Así anulada toda capacidad de resistencia por parte de Ronderos, lo golpearon en su rostro, torso y extremidades, provocándole numerosas excoriaciones y equimosis, la fractura de varias vértebras y finalmente, la muerte por politraumatismos y hemorragia interna», argumentó el funcionario judicial.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los magistrados Adolfo Calvete, Enrique Gamboa y Diego Leif Guardia, llevará adelante el debate, mientras que el representante del Ministerio Público Fiscal será el fiscal general Aldo de la Fuente.

Puntos clave

Tres ladrones irán a juicio por el crimen del jubilado José Alberto Ronderos, de 70 años.

La víctima fue hallada muerta, atada de pies y manos y salvajemente golpeada en su casa de Núñez.

S.J.M. está imputado como coautor de homicidio triplemente agravado en concurso real con el robo.

Un cuarto involucrado, D.A.M., permanece prófugo.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires.

Educación

Milei tiene cinco días para cumplir la Ley universitaria o pagar multas

El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a dar efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo perentorio de cinco días. Si no lo hace, el Gobierno deberá abonar astreintes por cada día de demora. La norma lleva 336 días aprobada por el Congreso y el Ejecutivo sigue sin aplicarla.

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Un juez federal le puso un reloj al Gobierno: cinco días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario o enfrentar multas económicas diarias. La intimación la dictó el magistrado Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, y representa un nuevo revés judicial para la gestión de Javier Milei en su pulseada con las universidades nacionales.

La resolución establece que el demandado, el Estado Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, debe «dar efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días» a la medida cautelar vigente vinculada con la ejecución de la ley N°27.795, «bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora». La norma fue aprobada por el Congreso hace 336 días y el Ejecutivo sigue sin ejecutarla.

Qué dice la resolución y qué exige el gremio docente

La federación docente CONADU Histórica fue quien impulsó la acción judicial y difundió la resolución de Cormick. El gremio precisó que «para cumplir con la ley el aumento debe ser de 33,4%» y sintetizó su posición en una frase que ya circula en las redes sociales de los claustros universitarios: «Milei no sos rey, cumplí la ley».

Las astreintes son multas de aplicación progresiva: cada día que el Gobierno no cumpla con la cautelar, la deuda crece. Es el mecanismo que la Justicia tiene para forzar el acatamiento de sus resoluciones cuando el Estado demora o evita ejecutarlas.

El mismo juez ya había ordenado al Gobierno liberar partidas para la UBA

La intimación de esta semana no es la primera intervención de Cormick en el conflicto universitario. En septiembre, el mismo juzgado había hecho lugar a una cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires y ordenado ejecutar partidas destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En aquella oportunidad, Cormick sostuvo que, luego del rechazo legislativo al veto presidencial, el proceso constitucional de sanción de la norma «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley».

El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario en 2024, pero el Congreso rechazó ese veto. Desde entonces, el Ejecutivo se niega a aplicar la norma, lo que derivó en sucesivas intervenciones judiciales y en cuatro marchas federales universitarias, con una quinta anunciada para octubre.

Un conflicto que ya tiene calle y tribunales

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a cuatro marchas federales desde que comenzó el conflicto presupuestario y anunció una quinta para octubre. Las movilizaciones reunieron a cientos de miles de personas en todo el país en defensa de la educación pública y el salario docente. El recorte real al presupuesto universitario supera el 31% desde diciembre de 2023, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y del propio Presupuesto Nacional.

La intimación judicial llega en ese contexto: un Gobierno que recorta la educación pública, ignora una ley sancionada por el Congreso, desafía las órdenes judiciales y ahora tiene un contador regresivo de cinco días antes de que empiecen a correr las multas.

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