La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a la Argentina por violar la independencia judicial al destituir, en 2003, al juez de la Corte Suprema Eduardo José Antonio Moliné O’Connor. La sentencia del caso Moliné O’Connor Vs. Argentina, dictada en agosto, se notificó este jueves. El tribunal concluyó que el Congreso lo removió con fundamento en el criterio jurídico de decisiones que dictó como juez, por lo que se le atribuyó “mal desempeño”.

En diciembre de 2003, el Senado lo destituyó con 45 votos de 64 en la acusación por dos de los nueve cargos, ambos de la causa “Meller S.A.”, más de los dos tercios exigidos. Moliné O’Connor asumió en la Corte en 1990 y murió en agosto de 2014, a los 76 años, sin que se resolviera el proceso que inició para cuestionar la revocación de su pensión.

Qué declaró el tribunal

La Corte IDH constató que distintas decisiones del juicio político carecieron de la motivación necesaria y que las autoridades que revisaron los recursos de Moliné O’Connor no respondieron a sus agravios. También consideró que la revocación de su pensión vitalicia, dispuesta en 2004, vulneró sus derechos y que el juicio que inició para cuestionarla se prolongó sin justificación por más de una década.

Declaró violadas las garantías judiciales y la protección judicial, los derechos políticos y los derechos a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, y reconoció la afectación del proyecto de vida de la víctima. La mayoría de los puntos se votó por unanimidad. La afectación al proyecto de vida se declaró por tres votos a favor y tres parcialmente en contra (los de Ricardo Pérez Manrique, Alberto Borea Odría y Rodrigo Mudrovitsch), y la violación de los derechos al trabajo y a la seguridad social, por cuatro votos contra dos (los de Patricia Pérez Goldberg y Borea Odría). La jueza argentina, Verónica Gómez, no participó del caso.

Reparaciones y cifras

El Estado debe regularizar el régimen de pensión de la Ley 24.018, con efectos desde la muerte del exjuez, en el plazo de un año desde la notificación. Además, debe pagar 600.000 dólares por daño material y 25.000 por daño inmaterial: la mitad a su cónyuge, Susana Rita Almeyra, y la otra mitad, en partes iguales, entre sus cuatro hijos. A los representantes les corresponden 30.000 dólares por costas y gastos. Los pagos tienen el mismo plazo de un año.

Los 600.000 dólares son solo el daño material: de esa suma, 300.000 corresponden a la cónyuge y 75.000 a cada uno de los cuatro hijos. El mismo reparto a mitades se aplica a los 25.000 del daño inmaterial. Los representantes pidieron más de 2,3 millones de dólares en honorarios, además de 60.000 por una pericia contable, y el Estado sostuvo que no documentaron esos gastos; la Corte IDH fijó 30.000 “en equidad”. Allegados al exjuez hablaron de unos 770.000 dólares más la pensión actualizada; la suma de los montos de la sentencia es de 655.000 dólares y la pensión se regulariza por separado.

El Estado también deberá publicar el resumen oficial en el Boletín Oficial y en un medio de circulación nacional, en seis meses, y el texto completo durante un año en los sitios del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, la ANSES y el Congreso. La Corte IDH supervisará el cumplimiento y dispuso que las autoridades internas interpreten y apliquen el artículo 53 de la Constitución, que regula la acusación en el juicio político, conforme a la Convención Americana y a su jurisprudencia.

El contexto de 2003 y las voces del fallo

El proceso se dio tras un mensaje público del presidente Néstor Kirchner, en junio de 2003, que cuestionó el desempeño de la Corte Suprema e instó al Congreso a separar a uno o varios de sus integrantes. Se apuntaba a la llamada “mayoría automática” de la Corte de la era menemista. Julio Nazareno renunció en junio de 2003; Guillermo López, en octubre de ese año; y Adolfo Vázquez, un año después. Moliné O’Connor fue el primero en llegar al Senado y Antonio Boggiano fue destituido en 2005. En su defensa, Moliné O’Connor planteó que las declaraciones de diputados evidenciaban un plan para desplazar a todos o casi todos los jueces de la Corte.

La sentencia aclara que la única víctima declarada es Moliné O’Connor y que el tribunal limitó su examen al juicio político, la destitución, la revocación de la pensión y las impugnaciones. No cuestiona que el Congreso pueda destituir jueces: en su voto concurrente, el presidente de la Corte IDH, Mudrovitsch, sostuvo que un filtro técnico en la destitución de magistrados de altas cortes “no carece de legitimidad democrática” ni es un “escudo corporativo para los jueces”, y que lo que se impide es que “la divergencia política con sus votos se convierta en una falta”.

Borea Odría, en un voto concurrente y parcialmente disidente, objetó, según el resumen oficial, que se ordenara interpretar el artículo 53 conforme a los estándares de la Corte IDH y que se declarara la violación de los derechos laborales y de seguridad social. Según los análisis publicados, el fallo es un antecedente que podría limitar futuros juicios políticos a jueces de la Corte Suprema por el contenido de sus sentencias.

Lo que tenés que saber:

• La Corte IDH notificó este jueves la sentencia del caso Moliné O’Connor Vs. Argentina, dictada en agosto.
• Declaró que la destitución de 2003, por el contenido de sus fallos, violó la independencia judicial y otros derechos de la Convención Americana.
• El Estado debe regularizar la pensión de la Ley 24.018 y pagar 600.000 dólares por daño material, 25.000 por daño inmaterial y 30.000 por costas, en un año.
• La mitad de las indemnizaciones corresponde a la cónyuge y la otra mitad, en partes iguales, a los cuatro hijos del exjuez.