Un juez federal le puso un reloj al Gobierno: cinco días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario o enfrentar multas económicas diarias. La intimación la dictó el magistrado Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, y representa un nuevo revés judicial para la gestión de Javier Milei en su pulseada con las universidades nacionales.

La resolución establece que el demandado, el Estado Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, debe «dar efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días» a la medida cautelar vigente vinculada con la ejecución de la ley N°27.795, «bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora». La norma fue aprobada por el Congreso hace 336 días y el Ejecutivo sigue sin ejecutarla.

Qué dice la resolución y qué exige el gremio docente

La federación docente CONADU Histórica fue quien impulsó la acción judicial y difundió la resolución de Cormick. El gremio precisó que «para cumplir con la ley el aumento debe ser de 33,4%» y sintetizó su posición en una frase que ya circula en las redes sociales de los claustros universitarios: «Milei no sos rey, cumplí la ley».

Las astreintes son multas de aplicación progresiva: cada día que el Gobierno no cumpla con la cautelar, la deuda crece. Es el mecanismo que la Justicia tiene para forzar el acatamiento de sus resoluciones cuando el Estado demora o evita ejecutarlas.

El mismo juez ya había ordenado al Gobierno liberar partidas para la UBA

La intimación de esta semana no es la primera intervención de Cormick en el conflicto universitario. En septiembre, el mismo juzgado había hecho lugar a una cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires y ordenado ejecutar partidas destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En aquella oportunidad, Cormick sostuvo que, luego del rechazo legislativo al veto presidencial, el proceso constitucional de sanción de la norma «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley».

El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario en 2024, pero el Congreso rechazó ese veto. Desde entonces, el Ejecutivo se niega a aplicar la norma, lo que derivó en sucesivas intervenciones judiciales y en cuatro marchas federales universitarias, con una quinta anunciada para octubre.

Un conflicto que ya tiene calle y tribunales

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a cuatro marchas federales desde que comenzó el conflicto presupuestario y anunció una quinta para octubre. Las movilizaciones reunieron a cientos de miles de personas en todo el país en defensa de la educación pública y el salario docente. El recorte real al presupuesto universitario supera el 31% desde diciembre de 2023, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y del propio Presupuesto Nacional.

La intimación judicial llega en ese contexto: un Gobierno que recorta la educación pública, ignora una ley sancionada por el Congreso, desafía las órdenes judiciales y ahora tiene un contador regresivo de cinco días antes de que empiecen a correr las multas.