Judiciales ⚖️
La familia de Paula Martínez no cree que la joven se haya suicidado
Hace solo unos días se anunciaba que en marzo comenzaría el juicio en la causa por violación en manada, en la que hay cinco imputados y un prófugo. El hecho ocurrió en 2016, cuando la joven tenía 17 años. “La familia tiene muchas dudas, no están claras las circunstancias en las que fue hallada”, sostuvo el abogado Daniel Giaquinta.
El abogado de la joven de 23 años que en 2016 había denunciado que fue drogada y violada en grupo por varios hombres en el partido bonaerense de Florencio Varela, y que este domingo fue hallada muerta en su domicilio, explicó que “parte de la familia no cree en el suicidio”.
En diciembre de 2016, Paula Martínez denunció que había sido drogada, secuestrada y violada en grupo cuando asistió a un cumpleaños y estaba a la espera del juicio que comenzaría a fines de marzo de 2022, cinco años después de sucedida la violación.
“La familia tiene muchas dudas, no están claras las circunstancias en las que fue hallada Paula”, sostuvo el abogado de sus familiares, Daniel Giaquinta, quien aseveró que “hubo muchas circunstancias en la escena del crimen que no son claras”.
En tanto, en diálogo con C5N, el letrado enfatizó en que «Paula vivió un martirio en estos 5 años», la familia piensa que ella no se suicidó y señaló que el cuerpo “pudo haber sido acomodado ahí”.

“Yo tengo el mandato de la familia de trabajar en que se investigue otra hipótesis que no sea estrictamente la del suicidio”, dijo, y señaló que la joven había tenido intentos de suicidios controlados, y “en este caso nos encontramos con una escena totalmente distinta”.
Según el parte oficial, personal policial del comando de patrullas de Florencio Varela se hizo presente en el domicilio de la calle Guardia Nacional donde habría «un posible suicidio”.
El cuerpo de la víctima, identificada como Paula Martínez, fue hallado por uno de sus tíos. En el lugar, personal policial se entrevistó con el hombre quien les indicó a los oficiales que su sobrina había sido víctima de abuso sexual y estaba esperando su juicio lo cual “la tenía muy depresiva”.
Sin embargo, otros familiares de la joven fallecida también relataron que recibía «amenazas de ellos (los acusados) y de sus familiares”, y que era acosada de esa manera. Si es que, también introdujeron en la causa la posibilidad de que se trate de un femicidio.
La causa está caratulada como “Averiguación de causal de muerte” a cargo de Federico Pagliuca, de la Unidad funcional de instrucción y juicio (UFIyJ) Nro. 5.
“Me arruinaron la vida, yo no pude volver a trabajar porque tenía ataques de pánico y no quería salir, estuve un año sin salir de mi casa”, relató la víctima en una entrevista realizada en 2019.
El hecho ocurrido en 2016, está caratulado como “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado con privación de libertad”, con injerencia de la UFI N.º 10 descentralizada de Florencio Varela y que a la fecha tiene cinco detenidos y un prófugo, con fecha del juicio oral prevista para el mes de marzo del año 2022, según indica el parte oficial.
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DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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