El abogado de la joven de 23 años que en 2016 había denunciado que fue drogada y violada en grupo por varios hombres en el partido bonaerense de Florencio Varela, y que este domingo fue hallada muerta en su domicilio, explicó que “parte de la familia no cree en el suicidio”.

En diciembre de 2016, Paula Martínez denunció que había sido drogada, secuestrada y violada en grupo cuando asistió a un cumpleaños y estaba a la espera del juicio que comenzaría a fines de marzo de 2022, cinco años después de sucedida la violación.

“La familia tiene muchas dudas, no están claras las circunstancias en las que fue hallada Paula”, sostuvo el abogado de sus familiares, Daniel Giaquinta, quien aseveró que “hubo muchas circunstancias en la escena del crimen que no son claras”.

En tanto, en diálogo con C5N, el letrado enfatizó en que «Paula vivió un martirio en estos 5 años», la familia piensa que ella no se suicidó y señaló que el cuerpo “pudo haber sido acomodado ahí”.

“Yo tengo el mandato de la familia de trabajar en que se investigue otra hipótesis que no sea estrictamente la del suicidio”, dijo, y señaló que la joven había tenido intentos de suicidios controlados, y “en este caso nos encontramos con una escena totalmente distinta”.

Según el parte oficial, personal policial del comando de patrullas de Florencio Varela se hizo presente en el domicilio de la calle Guardia Nacional donde habría «un posible suicidio”.

El cuerpo de la víctima, identificada como Paula Martínez, fue hallado por uno de sus tíos. En el lugar, personal policial se entrevistó con el hombre quien les indicó a los oficiales que su sobrina había sido víctima de abuso sexual y estaba esperando su juicio lo cual “la tenía muy depresiva”.

Sin embargo, otros familiares de la joven fallecida también relataron que recibía «amenazas de ellos (los acusados) y de sus familiares”, y que era acosada de esa manera. Si es que, también introdujeron en la causa la posibilidad de que se trate de un femicidio.

La causa está caratulada como “Averiguación de causal de muerte” a cargo de Federico Pagliuca, de la Unidad funcional de instrucción y juicio (UFIyJ) Nro. 5.

“Me arruinaron la vida, yo no pude volver a trabajar porque tenía ataques de pánico y no quería salir, estuve un año sin salir de mi casa”, relató la víctima en una entrevista realizada en 2019.

El hecho ocurrido en 2016, está caratulado como “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado con privación de libertad”, con injerencia de la UFI N.º 10 descentralizada de Florencio Varela y que a la fecha tiene cinco detenidos y un prófugo, con fecha del juicio oral prevista para el mes de marzo del año 2022, según indica el parte oficial.

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