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Tras el escándalo de Vidal ¿quiénes se sentaron a la Mesa Nacional de JxC?

Sin muchos cambios, salvo la ausencia de Vidal y los presidentes de PBA, al interior del partido denuncian decepción y falta de representatividad por la «no tan nueva» mesa.

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Juntos por el Cambio mostró la conformación de su nueva Mesa Nacional, el espacio de conducción política de la coalición opositora, pero muchos de quienes resultaron ganadores en los comicios de noviembre pasado no aparecen representados y ya comenzaron a expresar su malestar.

La Mesa Nacional tuvo este lunes una reunión en la sede del PRO del barrio porteño de San Telmo, en lo que constituyó el primer encuentro de ese espacio tras los comicios legislativos, con el objetivo de reflejar el resultado de las urnas en la representatividad de cada sector.

Sin embargo, la composición anunciada resultó similar a la actual, con los asientos de la Mesa ocupados por los presidentes de los partidos, los gobernadores y las autoridades de los bloques legislativos.

La foto de ayer mostró casi la misma conducción de antes de las elecciones, salvo la exclusión de María Eugenia Vidal y de los presidentes de los partidos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Los que se garantizaron un lugar en la Mesa fueron los cuatro presidentes de los partidos que componen JxC: Patricia Bullrich (PRO); Gerardo Morales (UCR); Miguel Pichetto (Peronismo Republicano) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

También estarán los gobernadores del espacio: Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), además de Morales (mandatario de Jujuy, que también está por su condición de titular de la UCR), y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

A esto se suman las autoridades de los bloques en Diputados y en el Senado: Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo, además de Mauricio Macri, quien se garantizó su plaza como exPresidente.

Asimismo, cada espacio político podrá sumar integrantes: el PRO tendrá dos plazas extras, la UCR otras dos y la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano una cada uno.

Algunas de estas plazas ya están ocupadas, como el caso de Lousteau por el radicalismo y Maricel Etchecoin de la Coalición Cívica, mientras que las otras son motivo de negociación.

En la conducción de la Mesa Nacional anunciada ayer como «nueva» quedaron afuera dirigentes como Diego Santilli, Facundo Manes, Carolina Losada, Luis Juez, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy o Rogelio Frigerio, muchos de los cuales fueron claves para el triunfo electoral de Cambiemos del pasado 14 de noviembre.

«Lo que pasó ayer fue que cambió algo para que no cambie nada. Hay mucha bronca en el interior del país por esa foto de ayer en San Telmo, ya que muchos sienten que no están representados», dijo un legislador de Juntos por el Cambio.

Otra fuente que quedó afuera del reparto de cargos en la Mesa Nacional agregó que «como forma de compensar esto se habla de hacer una mesa federal, pero todos saben que no tendrá poder» y señaló que «se habla de mesas provinciales o locales a conformarse, que en la práctica ya existen». Asimismo, también existen cuestionamientos en relación a que no todos los bloques parlamentarios están respetados.

Así por ejemplo, la Mesa Nacional considera a los bloques de la UCR, la Coalición Cívica y el PRO, pero deja afuera, por ejemplo, a los nuevos bloques surgidos tras las elecciones. En este sentido hay que recordar que históricamente el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados era integrado por tres bloques y ahora son diez.

El nuevo titular del bloque UCR-Evolución, el cordobés Rodrigo de Loredo, por ejemplo, no tiene representación en la Mesa, a pesar de haber sido clave para el triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba.

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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