Buenos Aires
Supermartes: la Legislatura bonaerense tratará leyes clave, el Presupuesto 2022 y la reelección de intendentes
Además de debatir proyectos impositivos y de ministerios, no se descarta que hoy mismo se incluya en el temario de las Cámaras de Diputados y Senadores la modificación a la ley que limita las reelecciones indefinidas, sancionada en 2016, durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sesionará este martes con el objetivo de tratar el proyecto de Presupuesto 2022, la Ley Impositiva y la reforma de la Ley de Ministerios, y no se descarta que ese mismo día se incluya en el temario la modificación a la ley que limita las reelecciones indefinidas.
Las cámaras de Senadores y de Diputados bonaerenses convocaron a sesiones extraordinarias para las 12 y las 15 respectivamente con el objetivo de tratar una batería de normas fundamentales para la administración de Axel Kicillof.
De acuerdo a fuentes legislativas y del Poder Ejecutivo, existe un avanzado acuerdo con Juntos para sancionar el Presupuesto 2022 y la Ley Fiscal.
Para ello, hace semanas que los miembros del Gabinete se presentan en la Legislatura para exponer ante diputados y senadores de todos los bloques los principales puntos de la ley de leyes enviada por el Gobierno y brindar precisiones sobre las inversiones que se realizarán en cada área el año próximo.
Ya participaron de las reuniones informativas con legisladores los ministros Augusto Costa (Producción), Pablo López (Hacienda), Cristian Girard (ARBA), Julio Alak (Justicia), Mara Ruiz Malec (Trabajo) y Nicolás Kreplak (Salud).
El Gobierno prevé un gasto total para el año próximo de $ 3,1 billones, un aumento de los impuestos patrimoniales del 35% promedio para la mayoría de los contribuyentes, y un pedido de nuevo endeudamiento de algo más de $90 mil millones, para lo que se requiere de dos tercios de los votos.
En Diputados, el Frente de Todos (FdT) es la primera minoría con 43 legisladores sobre un total de 92 y en el Senado está empatado con Juntos en 23 senadores, por lo que en ambos cuerpos se requiere generar consensos para conseguir los votos que le permitan llegar a la mayoría especial.
En simultáneo, se discuten también la modificación a las reelecciones indefinidas y los cargos que esa fuerza reclama en distintos organismos bonaerenses. Pero desde el oficialismo advierten que esos acuerdos están supeditados a que sancione el presupuesto.
La oposición pide unos 25 puestos en el directorio del Banco Provincia y en el Grupo Bapro, en el Tribunal de Cuentas, en la Contaduría, en la Defensoría del Pueblo, en la Autoridad del Agua y en el Organismo de Control de la Energía Eléctrica.
El peronismo ingresó ayer los pliegos de de designación de cuatro de los ocho directores del Banco Provincia: Humberto Vivaldo, Sebastián Galmarini, Daniel Horacio Barrera y Alejandro Formento.
En las próximas horas se conocerá quiénes son los restantes nombres requeridos por la oposición para esos puestos que requieren de acuerdo de la Cámara alta, pero ya se habla del exministro de Gobierno porteño Bruno Screnci y del exdiputado radical Carlos Fernández.
También ingresó al Senado el pliego para que Alberto Sileoni sea el nuevo Director General de Cultura y Educación (DGCyE), en reemplazo de Agustina Vila, y otro para que el exsecretario General de la Gobernación, Federico Thea, sea el sucesor de Eduardo Grinberg -que se jubilará en febrero- en el Tribunal de Cuentas, el organismo que revisa la ejecución del gasto y los números de las dependencias estatales en territorio bonaerense y de los 135 municipios.
Ley que limita las reelecciones
Probablemente, el debate en torno a la modificación de la ley 14.836 aprobada en 2016 -que limita a dos mandatos consecutivos la posibilidad de reelecciones de los intendentes, legisladores, concejales y consejeros- sea el que más aguas divide.
El problema es que esa norma tomó como el de inicio el que los intendentes estaban cumpliendo a partir de 2015. Pero diversos intendentes del oficialismo y también del PRO y del radicalismo consideran que «ninguna ley puede ser retroactiva».
Por ello, se analiza por estas horas modificar el artículo 7° de la Ley para para saldar el debate de interpretación y dejar en claro que el primer mandato a considerar es 2019 y, así, los intendentes podrían reelegir una vez más en las próximas elecciones.
Sin embargo, esa discusión genera rispideces dentro de todas las fuerzas políticas: en Juntos, los legisladores alineados con María Eugenia Vidal y en el FdT los que responden a Sergio Massa ya adelantaron que no votarán cambios. Los liberales de José Luis Espert y la Izquierda tampoco acompañarán la propuesta.
Resta saber si los legisladores que se referencian con intendentes que aspiran a reelegir en sus cargos logran reunir el número.
En tanto, otra de las propuestas que se discutirá en las sesiones de hoy es la reforma de la Ley de Ministerios, ingresada ayer por el Senado, para crear las carteras de Transporte, en la que recalará el exlegislador massista Jorge D’Onofrio; de Vivienda, que será para el exministro Agustín Simone, y de Ambiente, que ocupará para la diputada nacional de La Cámpora de Lomas de Zamora, Daniela Vilar.
A la vez, se reflotará el Instituto Cultural, cuya titular será la ex diputada y ex decana de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout.
Buenos Aires
El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.
Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.
El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial
La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.
«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión
La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.
El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que tenés que saber:
- Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
- La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
- La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
- La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
- La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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