Denuncia
Del sillón presidencial al banquillo de los acusados: Alberto fue imputado por violencia de género
Las acusaciones incluyen lesiones leves, graves y amenazas coactivas contra Fabiola Yañez. El fiscal ordenó la recolección de historias clínicas y testimonios médicos.
El Ministerio Público Fiscal imputó este miércoles a Alberto Fernández en una causa por violencia de género, tras la denuncia realizada por su expareja, Fabiola Yañez. La acusación incluye los delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas, y amenazas coactivas.
El fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación, tomó la decisión de avanzar con la imputación y ordenó una serie de medidas probatorias para profundizar en el caso. Esta acción judicial marca un precedente significativo al involucrar a un expresidente argentino en una causa de esta naturaleza.
Medidas de prueba ordenadas
González solicitó a la Unidad Médica Presidencial que entregue todas las constancias de atención médica de Fabiola Yáñez desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023. Esta medida busca establecer un registro de posibles lesiones o tratamientos relacionados con los hechos denunciados.
Adicionalmente, el fiscal libró oficios a varias instituciones médicas, incluyendo el Sanatorio Otamendi, SANAR, la Clínica Fertilis y el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO). Se les requirió que remitan la historia clínica de Yañez correspondiente a los años 2016 y 2017, así como información sobre los profesionales que la atendieron durante ese período.
Antecedentes y contexto
La denuncia de Fabiola Yañez, expareja de Alberto Fernández, salió a la luz recientemente, generando conmoción en la opinión pública y el ámbito político. Los hechos denunciados abarcarían un período que incluye el tiempo en que Fernández ocupó la presidencia de la Nación.
La gravedad de las acusaciones, que incluyen lesiones y amenazas, pone de relieve la problemática de la violencia de género en los más altos círculos del poder político argentino. El caso también plantea interrogantes sobre cómo estas situaciones pueden pasar desapercibidas incluso cuando involucran a figuras públicas de alto perfil.
La noticia de la imputación generó diversas reacciones en el ámbito político y social. Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer expresaron su apoyo a Yañez y demandaron una investigación exhaustiva.
Por su parte, el entorno de Alberto Fernández no emitió declaraciones oficiales hasta el momento. Se espera que en los próximos días el exmandatario se pronuncie nuevamente sobre las acusaciones en su contra.
Denuncia
ATE denuncia una nueva ola de despidos en Capital Humano bajo el decreto de Sturzenegger
La Asociación Trabajadores del Estado advirtió que el decreto 378/2026 habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 agentes de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. La octava ola de despidos en el Estado avanza en plena porosidad del Gobierno por el caso Adorni.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el decreto 378/2026, firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello el 22 de mayo, habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 trabajadores de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. Es la octava embestida contra el empleo públçico desde el inicio de la gestión libertaria y llega en plena crisis política del Gobierno por el caso Adorni.
El ministerio de Federico Sturzenegger no para. Mientras el Gobierno enfrenta una turbulencia política sin precedentes por la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la maquinaria de desguace estatal sigue funcionando a pleno. Este viernes, ATE convocó a una conferencia de prensa frente al edificio del Ministerio de Capital Humano para denunciar públicamente lo que los gremios estatales calificaron como una nueva ola de cesantías masivas, la octava desde diciembre de 2023.
El decreto que habilitó la poda
El decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo, establece la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada jurisdicción”. Fuentes del sindicato consultadas por este medio explicaron que, en la práctica, la norma eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías bajo la órbita de Pettovello: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. “Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, detallaron desde ATE.
El delegado general de ATE-Trabajo, Hernán Izurieta, precisó que el expediente ya se encontraba “en la fase final del circuito administrativo, en Legal y Técnica de Presidencia”. “Básicamente lo que hacen es la centralización administrativa a nivel de Capital Humano de las áreas de gestión administrativa, sistemas, jurídicos y otras de esa índole, lo que impacta en las tres secretarías, ya sea mediante la degradación de áreas o directamente de la eliminación”, explicó.
El rastro de la motosierra en Capital Humano
El contexto no es nuevo, pero su magnitud es creciente. Según confirmaciones gremiales, el Ministerio de Capital Humano ya aportó al menos 10.000 trabajadores de los más de 60.000 despidos estatales acumulados desde el inicio de la gestión Milei. La nueva ola, advirtieron gremios como UPCN y ATE, podría sumar otros 400 pases a disponibilidad en lo inmediato, con proyecciones que los sindicatos ubican por encima del millar si se considera el alcance total de la reestructuración.
Detrás de la decisión, según fuentes sindicales y periodistas especializados, se ve la mano del Ministerio de Desregulación. Pettovello, indican fuentes con acceso a la interna del gabinete, aceptó el rediseño que le impuso Sturzenegger con la misma resignación con la que aceptó los recortes de programas sociales ordenados por Luis “Toto” Caputo. La poda presupuestaria vinculada a la reestructuración administrativa alcanza los 2.597.505.424 pesos anuales, equivalentes a unos 200 millones de dólares al tipo de cambio actual, de acuerdo a documentos internos de la cartera.
Doble vara y acusación de evasion fiscal
Desde ATE no solo se resistio el ajuste sobre los puestos de trabajo, sino que se señaló una contradicción que el Gobierno evita explicar. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores. Además, utilizan el Estado para evadir impuestos”, cuestionaron fuentes del sindicato. La referencia apunta directamente a las modificaciones en materia de régimenes de información impulsadas por el Gobierno, que organismos de economistas como el Foro Economía y Trabajo calificaron como un mecanismo que “vació de datos al fisco” y protege la fuga de capitales.
Retiros voluntarios como antesala de los despidos
Mientras tanto, fuentes libertarias confirmaron que en distintos organismos estatales ya se impulsan esquemas de retiro voluntario para achicar la planta de personal. “Es el paso previo a los despidos”, admitieron desde el entorno de La Libertad Avanza, en una caracterización que expone la lógica de la estrategia: desgaste paulatino, presión sobre los trabajadores para que “voluntariamente” abandonen sus puestos antes de que llegue la cesantía formal.
Los dirigentes de ATE precisaron que durante la conferencia de prensa darán a conocer las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para frenar la reestructuración. El ministro Sturzenegger no respondió a las consultas periodistícas al cierre de esta edición.
Puntos clave
- El decreto 378/2026 eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano; al menos 400 trabajadores de planta permanente quedan en riesgo de pase a disponibilidad.
- Es la octava ola de despidos en el Estado desde el inicio de la gestión Milei; el ministerio de Pettovello ya perdió al menos 10.000 trabajadores.
- La reestructuración fue diseñada por el ministerio de Sturzenegger e impuesta sobre Capital Humano, con un recorte presupuestario estimado en 2.597 millones de pesos anuales.
- Fuentes libertarias admitieron que los retiros voluntarios en marcha en distintos organismos son el paso previo a nuevas cesantías formales.
- ATE denunció una doble vara: el Gobierno persigue a los trabajadores mientras Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal para proteger a los evasores.
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