Denuncia
Del sillón presidencial al banquillo de los acusados: Alberto fue imputado por violencia de género
Las acusaciones incluyen lesiones leves, graves y amenazas coactivas contra Fabiola Yañez. El fiscal ordenó la recolección de historias clínicas y testimonios médicos.
El Ministerio Público Fiscal imputó este miércoles a Alberto Fernández en una causa por violencia de género, tras la denuncia realizada por su expareja, Fabiola Yañez. La acusación incluye los delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas, y amenazas coactivas.
El fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación, tomó la decisión de avanzar con la imputación y ordenó una serie de medidas probatorias para profundizar en el caso. Esta acción judicial marca un precedente significativo al involucrar a un expresidente argentino en una causa de esta naturaleza.
Medidas de prueba ordenadas
González solicitó a la Unidad Médica Presidencial que entregue todas las constancias de atención médica de Fabiola Yáñez desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023. Esta medida busca establecer un registro de posibles lesiones o tratamientos relacionados con los hechos denunciados.
Adicionalmente, el fiscal libró oficios a varias instituciones médicas, incluyendo el Sanatorio Otamendi, SANAR, la Clínica Fertilis y el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO). Se les requirió que remitan la historia clínica de Yañez correspondiente a los años 2016 y 2017, así como información sobre los profesionales que la atendieron durante ese período.
Antecedentes y contexto
La denuncia de Fabiola Yañez, expareja de Alberto Fernández, salió a la luz recientemente, generando conmoción en la opinión pública y el ámbito político. Los hechos denunciados abarcarían un período que incluye el tiempo en que Fernández ocupó la presidencia de la Nación.
La gravedad de las acusaciones, que incluyen lesiones y amenazas, pone de relieve la problemática de la violencia de género en los más altos círculos del poder político argentino. El caso también plantea interrogantes sobre cómo estas situaciones pueden pasar desapercibidas incluso cuando involucran a figuras públicas de alto perfil.
La noticia de la imputación generó diversas reacciones en el ámbito político y social. Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer expresaron su apoyo a Yañez y demandaron una investigación exhaustiva.
Por su parte, el entorno de Alberto Fernández no emitió declaraciones oficiales hasta el momento. Se espera que en los próximos días el exmandatario se pronuncie nuevamente sobre las acusaciones en su contra.
Denuncia
Inversores excluidos de la causa $LIBRA piden volver a ser querellantes
Cinco inversores apartados de la investigación por la presunta estafa cripto presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano aguarda los resultados de pericias sobre trazabilidad de fondos y comunicaciones, piezas claves para determinar si hubo fraude en el lanzamiento del memecoin que Javier Milei promocionó en febrero de 2025.
Más de 27.000 dólares invertidos por particulares que se evaporaron en minutos: ese es el daño concreto que cinco afectados intentan probar desde adentro de la causa $LIBRA, la investigación por la presunta estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei. Pero la justicia los dejó afuera. Y ahora pelean para volver.
Los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, que representan a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, presentaron este miércoles un recurso ante la Cámara Federal de Casación para revertir la resolución que los excluyó como querellantes en el expediente que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El fallo que los dejó afuera
El 4 de septiembre pasado, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a los cinco inversores de la causa, luego de un pedido formulado por el lobbista Mauricio Novelli. En su resolución, los magistrados sostuvieron que los afectados «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes» a la compra del memecoin y que la pérdida de dinero «fue una consecuencia de ese riesgo asumido». Agregaron, además, que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida».
Para las defensas de los damnificados, ese razonamiento equivale a un prejuzgamiento anticipado del fondo del asunto. En los escritos presentados ante Casación, los letrados también señalaron que no existieron nuevas pruebas ni elementos supervinientes que justificaran un cambio en la situación procesal de sus representados. La exclusión, argumentaron, los deja sin herramientas para impulsar medidas de prueba propias en una causa que avanza con lentitud.
Taiano y las pericias que no llegan
Con los querellantes afuera, el peso de la investigación recae por completo sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien arrastra cuestionamientos por la demora en el avance de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la instrucción se encuentra a la espera de los resultados de pericias técnicas que el propio Taiano solicitó: una sobre la trazabilidad de las inversiones y otra sobre las comunicaciones de los involucrados.
Una de las piezas más esperadas es la pericia sobre el recorrido de transferencias de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, que alcanzarían casi 5 millones de dólares. La tarea estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), pero el organismo no contaba con las licencias necesarias para completarla. La otra pericia pendiente apunta al celular del lobbista Mauricio Novelli y busca reconstruir el posible acuerdo para la promoción de $LIBRA.
A esas esperas se suma la perspectiva de posibles indagatorias que aún no tienen fecha, entre ellas las de Javier Milei y su hermana Karina Milei.
El contexto: un lanzamiento con sello presidencial
La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin $LIBRA, cuyo valor se disparó en minutos para luego desplomarse de manera abrupta, dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas cuantiosas. La difusión presidencial le dio al proyecto una legitimidad que derivó en una avalancha de compras que, según los denunciantes, fue aprovechada por los creadores del token para liquidar sus posiciones y salir del mercado antes del colapso, en lo que se conoce como un esquema de «pump and dump».
La causa ya acumula múltiples frentes: la participación del propio Milei en la difusión del activo, el rol de Hayden Davis como articulador del proyecto, el vínculo con el lobbista Novelli, y las conexiones con estructuras financieras off-shore que, según investigaciones publicadas en informes judiciales, podrían haber servido para canalizar los fondos obtenidos. En ese marco, la incorporación de querellantes no es un detalle procesal menor: es la diferencia entre una causa que avanza por impulso propio de los afectados y una que depende exclusivamente de la voluntad de un fiscal cuestionado.
Lo que tenés que saber
- Cinco inversores apartados de la causa $LIBRA presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes.
- La Cámara Federal de Apelaciones confirmó su exclusión el 4 de septiembre, al sostener que «asumieron voluntariamente los riesgos» del memecoin.
- Las defensas calificaron ese argumento como un prejuzgamiento y señalaron que no hubo nuevas pruebas que justificaran el cambio procesal.
- El fiscal Eduardo Taiano aguarda pericias técnicas sobre la trazabilidad de fondos de Hayden Davis y las comunicaciones del lobbista Mauricio Novelli.
- La causa podría avanzar hacia indagatorias del presidente Javier Milei y de Karina Milei, aunque sin fecha definida.
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