Géneros 🟣
Activismo: la impunidad de compartir imágenes de mujeres sin consentimiento
Olimpia Coral Melo, la mexicana que logró cambiar la legislación en su país, está otra vez en Argentina apoyando a mujeres que, como ella, son sobrevivientes de violencia digital, esa que ocurre en el mundo virtual, y que es tan real como la del mundo off line.
En Argentina hay, al menos, 2.000 grupos en redes sociales que aglutinan a varones que comparten imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento, generando en las víctimas consecuencias emocionales, psicológicas y físicas con total impunidad de parte de los agresores que «están ahora más violentos», una realidad denunciada por las sobrevivientes al impulso de la mexicana Olimpia Coral Melo, que logró cambiar la legislación en su país y que el jueves estuvo en el Senado para apoyar la aprobación de la norma local que ahora vuelve a Diputados.
Olimpia está otra vez en Argentina apoyando a mujeres que, como ella, son sobrevivientes de violencia digital, esa que ocurre en el mundo virtual, y que es tan real como la del mundo off line.
Ella, declarada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times, dio su nombre a las leyes que condenan la violencia digital en 32 estados mexicanos y es inspiración para proyectos legislativos que se están debatiendo en Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Estados Unidos y Argentina.
El proyecto ley Olimpia local contempla los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la «difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo» incorporando este tipo de violencia a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
El proyecto de ley ya se votó en Diputados y el jueves se hizo en el Senado, pero regresa a la cámara baja por una modificación de carácter técnico.

A la par, espera tratamiento legislativo el proyecto Ley Belén que busca incluir como delito al Código Penal la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos, la extorsión y los deepfake (video, imagen o audio que imita la apariencia y el sonido de una persona generada por Inteligencia Artificial).
Esta iniciativa es en honor a Belén San Román, una joven policía de 25 años que se suicidó luego que un hombre con quien se relacionaba online difundiera un video íntimo sin su consentimiento.
Este es el panorama parlamentario sobre el que se asienta el activismo, al que Olimpia se refiere en una reunión con editoras de Género de Argentina que coordina el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), de la que participan también sobrevivientes de distintos lugares del país.
«Lo nuestro es un movimiento político, no partidario, que tiene que ver con cambios de conciencia, tecnológico, de narrativa, no sólo es un cambio jurídico», dice la joven mexicana.
«La ley Olimpia no sólo considera a la violencia digital como un delito, agrega la educación, para que se entienda que lo virtual es real»Eliana Sotelo
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Durante el encuentro ella insistirá sobre la narrativa adecuada, sobre el nombrar esta violencia como corresponde, y lo hace ante periodistas, consciente que son interlocutoras necesarias para generar conciencia.
«Hay, por lo menos, 2.000 mercados de explotación sexual digital en el país», explica Olimpia.
Estos «mercados» son grupos de varones, sobre todo creados en Telegram y Facebook, que «ejercen violencia sexual digital» compartiendo materiales íntimos de mujeres sin su consentimiento.
Algunas de las activistas argentinas se infiltraron en estos grupos y vieron en primera persona lo que comparten, lo que dicen.
«Ahora, con este contexto de discursos antiderechos, están más violentos en esos grupos», cuenta una de las activistas argentina.
La defensora digital mexicana resalta que «la situación es más grave para las latinas» y que «uno de cada cinco videos que circulan en la región son de niñas latinas en procesos migratorios».
«No existe la pornovenganza«, agrega Olimpia, porque no hay pornografía, que es otra cosa, y no hay venganza, hay violencia sexual digital.
Destaca también que ella y sus compañeras «no defienden» el punitivismo, que lo que buscan es «acceder a justicia, implicar al Estado en la prevención y en la sanción de la violencia».
Por eso, el proyecto de ley propicia la educación digital, «porque es prevención, porque se trata de no deshumanizar internet, de entender cómo funcionan los algoritmos y tener conocimientos de ciberseguridad», explica.
El proyecto también procura incorporar la contención emocional y jurídica: «Hay videos circulando en los mercados de explotación sexual digital de cámaras ubicadas en baños, en probadores de ropa, por ejemplo, con total impunidad».
Y todo esto con un eje esencial que es «sanar juntas, que es comunitario, que es compartir herramientas de cuidados entre nosotras».

Esa red de contención tiene a sobrevivientes argentinas que rompieron el silencio y se convirtieron en activistas, como Camila Segli, tucumana y estudiante de abogacía que dice a Télam que la justicia le dio «la espalda» y que por esa razón «se necesitan leyes para prevenir»; o Eliana Sotelo que afirma que la violencia digital «arruina vidas».
«La ley Olimpia no sólo considera a la violencia digital como un delito, agrega la educación, para que se entienda que lo virtual es real, y es necesario, ya que las tecnologías están avanzando mucho y también está avanzando la morbosidad y la manera impune en la que se están manejando, saben que no es delito entonces te hacen lo que quieren y no importan las consecuencias para nosotras», añade.
Coincide con sus compañeras Florencia Villegas de la ciudad santafecina de San Justo, que pide que las mujeres «no nos tengamos que volver expertas en algo que no nos compete y que la justicia y el Estado se hagan cargo de lo que les corresponde porque, como dice nuestra compañera Olimpia: Queremos estar seguras también en Internet».
«Hay que mostrar las secuelas que deja la violencia digital que en los casos más extremos, te instigan al suicidio», resume.

Belén San Román
Es lo que le pasó a San Román, una policía rural bonaerense, madre de una niña y un niño, que fue extorsionada por un hombre con el que mantenía una relación online y violentada, porque él difundió un video íntimo, y ella se suicidó.
Su papá, Marcelo, es otro activista contra la violencia digital: «Lo mío no es partidario, lo mío es como padre, confío en que los diputados de la oposición van a tratar la ley», señala a Télam desde Bragado, donde vive y participa activamente en la ONG Brazos que Calman, que reúne a mamás y papás que perdieron hijas o hijos en situaciones traumáticas.
«Doy charlas de prevención de suicidio y para hablar de violencia digital, es la manera de honrar a mi hija», cuenta este hombre que agradece a Olimpia, a las activistas argentinas, a la abogada Florencia Zerda de Género y TIC, (Gentic) y a la diputada Mónica Macha (quien presentó los proyectos de ley).
Lo mismo dicen las activistas: «Este esfuerzo por la ley Olimpia es autónomo, libre e independiente de fines electorales o partidistas «.
«Hay que mostrar las secuelas que deja la violencia digital que en los casos más extremos, te instigan al suicidio»Florencia Villegas
Esta semana ellas y Olimpia realizaron actividades en ciudad y provincia de Buenos Aires, y en Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos.
Participaron de la marcha del jueves desde Plaza de Mayo a Congreso con la consigna La libertad es nuestra, que reunió a miles de personas en las calles porteñas y de distintos lugares del país, y cerraron la jornada en el Senado para presenciar la votación del proyecto que incorporar la figura de la «violencia digital».
El martes 3 de octubre, a las 11, habrá un homenaje a Belén San Román en el auditorio de la Cámara de Diputados.

«Hija de Josefina, nieta de Teresa, bisnieta de Olimpia»
La historia de Olimpia es conocida, pero es bueno recordar que a sus 18 años, su expareja viralizó un video íntimo. Ella pensó en no seguir adelante con su vida. Fueron su mamá y las mujeres de su familia las que la salvaron, por eso siempre se presenta como «hija de Josefina, nieta de Teresa, bisnieta de Olimpia».
Cuando logró ir a hacer la denuncia le dijeron que no había ley para castigar ese delito.
Cuando se googleaba su nombre aparecía ese video, esa violencia. Ahora, cuando se googlea su nombre, aparecen las leyes que ella va regando en todo el continente. En Argentina falta menos.
Córdoba
A dos meses del femicidio de Agostina: nueva pericia en la casa de Barrelier busca más implicados
Este jueves, en medio de la feria judicial, se realiza una pericia visual en el domicilio de la calle Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico, donde fue asesinada la adolescente. El objetivo es determinar si otras personas presentes en la vivienda la noche del crimen tuvieron participación en el hecho. La causa ya tiene cuatro detenidos.
Exactamente dos meses después del brutal femicidio que sacudió a la Argentina, la Justicia de Córdoba avanza con una nueva instancia de investigación en la causa que tiene como principal imputado a Claudio Barrelier, señalado como el autor material del crimen de Agostina Vega. Este jueves se lleva a cabo una pericia visual en la vivienda de la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, lugar donde fue asesinada la joven.
Según confirmaron fuentes del caso, la medida se realiza en el marco de la feria judicial y convoca a todas las partes del proceso: defensas y querellas participan del recorrido visual. La diligencia apunta a establecer si las otras personas que se encontraban en la casa en el momento del hecho podrían tener responsabilidad penal en el crimen.
Cuatro detenidos y la posibilidad de nuevas detenciones
La causa registra actualmente cuatro personas privadas de su libertad: además de Barrelier, están detenidos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero. La pericia de este jueves busca precisamente determinar si el mapa de responsabilidades se extiende más allá de ese cuarteto. Fuentes del caso indicaron que, con el cierre de estas nuevas pericias, podrían producirse nuevas detenciones.
El recorrido visual por el interior del inmueble permitirá a los investigadores reconstruir con mayor precisión la dinámica de los hechos ocurridos aquella noche, cruzar versiones y detectar posibles contradicciones en los relatos de quienes estuvieron presentes. La información que se obtenga podría resultar determinante para definir la situación procesal de otras personas que hasta ahora permanecen en libertad.
Una causa que sacudió a la Argentina
El femicidio de Agostina Vega conmocionó al país desde el momento en que trascendió, y la investigación no ha cesado de arrojar nuevos elementos desde entonces. En etapas previas del proceso, la Justicia realizó pericias con luminol, ordenó una cámara Gesell para la hija de Barrelier y llevó adelante las indagatorias de los imputados ante el fiscal Raúl Garzón. En esa instancia, Barrelier se abstuvo de declarar, mientras que la fiscalía agravó su imputación a homicidio triplemente calificado.
La causa también estuvo atravesada por polémicas institucionales: el fiscal Iván Rodríguez, quien en una causa previa había liberado a Barrelier, enfrenta un proceso de evaluación de juicio político que le impide asumir su cargo como Procurador Penitenciario Adjunto. La Legislatura de Córdoba recibió tres pedidos de jury contra funcionarios judiciales por supuesta negligencia en el manejo del caso.
En este contexto de una investigación que no da respiro, la pericia de este jueves marca un nuevo hito: la Justicia sigue buscando respuestas sobre quiénes más estuvieron involucrados en la muerte de Agostina, y si el círculo de responsabilidades es más amplio de lo que hasta ahora se pudo probar.
Puntos clave
- Este jueves se realiza una pericia visual en la vivienda de barrio Cofico donde fue asesinada Agostina Vega, a dos meses exactos del crimen.
- La diligencia busca establecer si otras personas presentes la noche del hecho tienen responsabilidad penal.
- La causa tiene cuatro detenidos: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.
- Al concluir las pericias podrían producirse nuevas detenciones.
- La imputación contra Barrelier fue agravada a homicidio triplemente calificado; el acusado se negó a declarar ante el fiscal.
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