Mujeres
#8M en la era Milei: el 64% de las personas pobres son mujeres y 9 de cada 10 no podrán jubilarse
El desempleo femenino alcanzó el 7,4% mientras el Centro de Economía Política Argentina advierte que 7,5 de cada 10 programas para reducir brechas de género sufrieron recortes o fueron eliminados. Las mujeres representan apenas el 30% de quienes tributan Ganancias.
★ Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundido en el marco del 8 de marzo reveló que las brechas de género en la economía argentina se profundizaron durante el último año, marcadas por un incremento en la desocupación femenina, la consolidación de la feminización de la pobreza y el desmantelamiento progresivo de las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad.
El documento «8 de marzo en perspectiva económica», elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares al tercer trimestre de 2025, expone cómo el ajuste fiscal implementado por el gobierno nacional golpeó específicamente a las mujeres, eliminando herramientas de movilidad social y transfiriendo las tareas de cuidado desde el Estado hacia los hogares.
Desempleo femenino: 7,4% y en ascenso
La tasa de desempleo para las mujeres ascendió al 7,4%, frente al 5,9% de los varones, según los datos oficiales relevados por CEPA. Esta brecha de 1,5 puntos porcentuales evidencia que las mujeres enfrentan mayores dificultades para insertarse y permanecer en el mercado laboral formal.
La situación resulta particularmente crítica entre las mujeres jóvenes de 14 a 29 años, donde la desocupación prácticamente duplica el nivel general. Este segmento etario, que debería estar en plena etapa de formación laboral y desarrollo profesional, enfrenta barreras estructurales que limitan sus oportunidades de empleo.
El incremento del desempleo femenino se da en un contexto de retracción económica general, pero golpea con mayor intensidad a las mujeres debido a factores estructurales como la segregación ocupacional, la sobrecarga de tareas de cuidado no remuneradas y la discriminación en los procesos de selección laboral.
La feminización de la pobreza: 64,2% de los sectores más vulnerables
El informe de CEPA destaca una marcada «feminización de la pobreza»: las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos en el país. Este dato expone que casi dos de cada tres personas en situación de pobreza son mujeres, evidenciando una desigualdad estructural en la distribución del ingreso.
En el extremo opuesto, la riqueza permanece mayoritariamente en manos masculinas: el 63% del sector de mayores ingresos son varones. Esta concentración patrimonial se replica en el sistema tributario, donde las mujeres apenas representan el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% en el Impuesto a las Ganancias.
Estos datos muestran que las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores de menores ingresos y subrepresentadas en los de mayores recursos, consolidando una estructura económica profundamente desigual que perpetúa la brecha de género a través de generaciones.
Ajuste fiscal con impacto desproporcionado en mujeres
Uno de los hallazgos más críticos del informe de CEPA es el impacto diferencial del ajuste fiscal sobre las políticas de género. Según el análisis del presupuesto para 2026, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron recortes o fueron eliminados.
Este desfinanciamiento no es neutral: golpea específicamente herramientas que permitían a las mujeres acceder a derechos básicos, insertarse en el mercado laboral y escapar de situaciones de dependencia económica.
Moratoria previsional: 9 de cada 10 mujeres sin jubilación
La moratoria previsional sufrió un ajuste real del 41,71% según el informe de CEPA. Esta herramienta, que permitía a personas con trayectorias laborales interrumpidas o informales acceder a una jubilación, resultaba fundamental para las mujeres, cuyas carreras laborales están marcadas por discontinuidades asociadas a tareas de cuidado.
Con la eliminación práctica de esta herramienta, el informe estima que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación ordinaria. Esta proyección evidencia que el ajuste sobre la moratoria previsional condena a la mayoría de las mujeres a una vejez sin ingresos propios, perpetuando la dependencia económica incluso en la tercera edad.
Jardines de infantes: programa eliminado
El programa de construcción de jardines de infantes fue directamente eliminado del presupuesto 2026, y no se proyecta la creación de ningún jardín para este año, según el relevamiento de CEPA.
La eliminación de este programa tiene un impacto directo sobre las posibilidades de las mujeres de insertarse en el mercado laboral. Sin infraestructura de cuidado infantil, las mujeres deben asumir personalmente estas tareas o pagar servicios privados, lo que resulta inaccesible para los sectores de menores ingresos.
Esta decisión presupuestaria transfiere la responsabilidad del cuidado desde el Estado hacia las familias, y dentro de las familias, hacia las mujeres, reforzando la división sexual del trabajo y limitando las oportunidades económicas femeninas.
Línea 144: recorte del 23% en recursos ejecutados
La línea 144 (línea nacional de atención por violencia de género) registró una caída del 23% en el crédito ejecutado entre 2023 y 2025, según el análisis de CEPA. Este recorte se da precisamente en un contexto donde la violencia machista se mantiene en niveles alarmantes, con 262 víctimas fatales registradas durante 2025 por distintos observatorios.
La reducción de recursos para la línea de atención implica menor capacidad de respuesta, menos personal disponible, y mayores tiempos de espera para mujeres que buscan asesoramiento o asistencia urgente en situaciones de violencia.
Reforma laboral: retroceso en derechos de cuidado
El informe de CEPA advierte que la reforma laboral aprobada recientemente profundiza las desigualdades de género a través de dos mecanismos específicos.
La introducción del «banco de horas», que permite compensar horas extras con descanso en lugar de pagarlas, choca con la necesidad de previsibilidad que requieren las tareas de cuidado. Las mujeres destinan 3 horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado, según datos relevados por CEPA, lo que implica que necesitan certezas en sus horarios laborales para organizar las tareas de cuidado de niños, personas mayores o con discapacidad.
El banco de horas elimina esa previsibilidad, obligando a las mujeres a ajustar constantemente sus estrategias de cuidado o directamente a abandonar empleos que no permitan compatibilizar ambas esferas.
Por otra parte, la derogación de la Ley de Teletrabajo suprime la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral. Esta ley establecía derechos específicos para personas con tareas de cuidado, permitiendo cierta flexibilidad horaria y reconocimiento de estas responsabilidades.
Su eliminación implica que las tareas de cuidado vuelven a ser consideradas un asunto privado, sin reconocimiento ni protección en el ámbito laboral, reforzando la invisibilización del trabajo reproductivo.
El modelo económico y la transferencia del cuidado hacia las mujeres
Para CEPA, este escenario consolida un modelo donde el retiro del Estado de las políticas de cuidado obliga a las mujeres a absorber estas tareas en sus hogares, limitando aún más sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo formal.
La eliminación del programa de jardines de infantes, el ajuste sobre la moratoria previsional, el recorte a la línea 144 y la reforma laboral que ignora las tareas de cuidado componen un paquete de políticas que, en su conjunto, empujan a las mujeres hacia el ámbito doméstico y las alejan de la autonomía económica.
Este proceso no es neutral ni accidental: responde a una concepción ideológica que considera que el cuidado es responsabilidad individual (y femenina) de las familias, y no una responsabilidad social que el Estado debe garantizar a través de políticas públicas.
Las consecuencias de la desigualdad económica de género
La profundización de las brechas económicas de género tiene consecuencias que exceden lo individual. Cuando el 64,2% de las personas pobres son mujeres, cuando 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación ordinaria, cuando se eliminan jardines de infantes y se recortan programas de violencia de género, se está condenando a sectores enteros de la población a la dependencia económica, la vulnerabilidad y la falta de autonomía.
Esta desigualdad se reproduce generacionalmente: las niñas que crecen en hogares donde sus madres no pueden acceder a empleo formal por falta de jardines de infantes, o que ven a sus abuelas sin jubilación, internalizan que la dependencia económica es el destino natural de las mujeres.
El desmantelamiento de políticas de género no solo afecta a las mujeres adultas de hoy, sino que hipoteca las oportunidades de las próximas generaciones.
Puntos clave:
• Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos en Argentina, mientras los varones concentran el 63% de los mayores ingresos
• La tasa de desempleo femenino alcanzó el 7,4%, frente al 5,9% de los varones, con mayor impacto en mujeres jóvenes de 14 a 29 años
• 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron recortes o fueron eliminados en el presupuesto 2026
• La moratoria previsional fue recortada un 41,71%, lo que impedirá a 9 de cada 10 mujeres acceder a una jubilación ordinaria
• Se eliminó el programa de construcción de jardines de infantes y la reforma laboral suprimió la única ley que reconocía las tareas de cuidado en el ámbito laboral ★
Géneros 🟣
Caso Luna: Casación confirmó la absolución y otra vez la Justicia da la espalda
Casación confirmó la absolución de Hernán González Rizzi, el progenitor de Luna, denunciado por abusos que la acusación ubicó entre los 6 y los 9 años de la niña. La causa nació en 2011, el fiscal había pedido 15 años de prisión y su madre, Yama Corín, anunció que otra vez, apelará.
La Justicia sostiene que las pruebas no alcanzan para condenar al progenitor de Luna, y lo sostiene después de un pedido fiscal de 15 años de prisión, un juicio oral de 14 audiencias y más de una década de expediente. Casación confirmó su absolución y Yama Corín, la madre de Luna, anunció que apelará y reclama respuestas.
Se trata de Hernán González Rizzi, a quien el Tribunal Oral en lo Criminal N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Virginia Sansone, Adrián Martín y María Elisa Gaeta, había absuelto el 21 de noviembre de 2023 de la acusación de abuso sexual agravado contra su hija Luna, hechos que la acusación ubicó entre los 6 y los 9 años de ella. Ahora, Casación ratificó esa decisión.
El juicio había comenzado el 8 de agosto de aquel año y el fiscal Guillermo Morosi había solicitado 15 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo filial. El tribunal lo absolvió de todos los cargos, tanto los de la querella como los de la fiscalía. Fue la querella la que recurrió para pedir la condena, y no la absolución.
Una causa que nació en 2011
La causa comenzó en el fuero civil de Morón en 2011, cuando Luna tenía 9 años. Un año después, luego de que la psicóloga que la atendía confirmara las sospechas de su madre, Yama Corín realizó la denuncia penal y se interrumpió el régimen de visitas del progenitor. Siguieron las pericias, el descreimiento y los intentos de revinculación.
Luna recién pudo declarar a los 18 años, ya como adulta y sin acceso a la Cámara Gesell. Yama recordó que su hija “pasó toda su infancia con nosotras peleando que fuera oída en Cámara Gesell”. El procesamiento llegó recién en febrero de 2022, cuando la joven ya había cumplido 19 años. Para cuando se sentó el tribunal, la niña que denunció era una persona adulta.
Lo que dijeron las partes en 2023
La abogada querellante Marina González había calificado de “inentendible” la absolución de primera instancia y sostuvo que había pruebas suficientes para la condena. Yama Corín habló en aquel momento de una “habilitación de la crueldad” y cuestionó la actuación de la defensa del progenitor.
Del otro lado, la defensa de González Rizzi, a cargo de Patricia Anzoátegui, directora del Observatorio de Falsas Denuncias, presentó el fallo como un precedente frente a las denuncias falsas en contextos de separaciones conflictivas, según un comunicado difundido el mismo día de la absolución. A nivel mundial, se calcula que las denuncias falsas no llegan al 5 por ciento.
“Había más elementos para condenar”
Yama sostuvo que “había más elementos para condenar que para absolver”, pero que la Justicia optó por no escuchar a Luna. Para ella, el mensaje que deja este recorrido es que quienes denuncian serán investigadas, peritadas y culpabilizadas. Contó además que, cuando sintió que no podía más, fue Luna quien le dijo que no podían retirarse en ese momento.
En 2023, tras la absolución, había dicho que “otra vez la justicia nos dio la espalda”. Con la confirmación de Casación, esa frase vuelve a ser la síntesis de un reclamo que sigue en pie.
Un contexto que empuja al silencio
El caso se inscribe en un escenario donde la impunidad es la regla. Las estimaciones indican que solo se denuncia formalmente entre el 10 y el 15 por ciento de los casos de abuso sexual en la infancia y que apenas el 1 por ciento termina en condena. El primer informe sobre violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes del Ministerio de Justicia bonaerense, publicado en junio de 2025, registró 96.137 causas penales por abuso sexual entre 2017 y 2022, de las cuales seis de cada diez tuvieron víctimas menores; en casi ocho de cada diez el agresor pertenecía al ámbito familiar y en el 90 por ciento era varón. El informe no detalla cuántas de esas causas terminaron en condena.
Yama sostiene que la batalla cultural del Gobierno de Javier Milei golpea a quienes denuncian y busca desalentar las denuncias. En el Congreso, proyectos de la diputada libertaria Lilia Lemoine y de la senadora radical Carolina Losada buscan instalar penas para las “denuncias falsas” en contextos de violencia de género y delitos contra menores; las organizaciones de protección de las infancias advierten que, de aprobarse, intimidarían a quienes denuncian y criminalizarían a las madres.
A la vez, el Gobierno nacional desarmó, achicó o disolvió dispositivos del Ministerio de Justicia, entre ellos el Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Una encuesta de Red por la Infancia sobre 283 casos reveló que al 70 por ciento de los denunciantes no se les ofreció patrocinio gratuito. Sin acompañamiento jurídico, denunciar se vuelve un privilegio de clase.
Lo que tenés que saber
- Casación confirmó la absolución del progenitor de Luna, denunciado por abuso sexual cuando ella tenía 9 años.
- Fue la querella la que recurrió para pedir la condena; la Justicia sostiene que las pruebas no alcanzan.
- El Tribunal Oral N° 15 lo había absuelto el 21 de noviembre de 2023, pese a que el fiscal Guillermo Morosi pidió 15 años de prisión.
- La causa se inició en 2011 y Luna recién declaró a los 18 años, sin acceso a la Cámara Gesell.
- Yama Corín anunció que apelará.
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