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Femicidio

Desmienten intento de suicidio de Barrelier, alojado en el pabellón psiquiátrico de Bouwer

El Servicio Penitenciario de Córdoba salió a desmentir a través de un comunicado oficial.

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Barrelier está en el pabellón psiquiátrico de Bouwer y desmienten se haya intentado quitar la vida


El Servicio Penitenciario de Córdoba desmintió este domingo de manera categórica que Claudio Gabriel Barrelier haya intentado quitarse la vida dentro del complejo carcelario de Bouwer.

Lo que sí confirmó el organismo es que, durante controles médicos de rutina, el imputado por el femicidio de Agostina Vega verbalizó ante el personal penitenciario su intención de atentar contra su propia vida, situación que derivó en la activación de protocolos preventivos y su derivación al pabellón psiquiátrico. Mientras tanto, la causa judicial avanza con pruebas que lo comprometen cada vez más, en el marco de un caso que conmocionó a la provincia y a todo el país.

La aclaración oficial frente a los trascendidos

La primera versión sobre un intento de suicidio la confirmaron los abogados de Gabriel Vega, padre de la adolescente asesinada, a medios nacionales. La información fue difundida por la Agencia NA y reproducida ampliamente: se indicó que Barrelier debió ser asistido de urgencia y que se encontraba estabilizado bajo efectos de sedación.

Sin embargo, el Servicio Penitenciario de Córdoba salió a desmentir esa caracterización de manera categórica a través de un comunicado oficial. El organismo precisó que no existió ningún intento concreto de autolesión ni acto físico contra la integridad del detenido. Lo que se registró, según las autoridades, fue la detección de «ideas y pensamientos suicidas» durante los controles médicos y psicológicos de rutina, seguida de la verbalización de esa intención ante el personal del establecimiento.

Como medida preventiva, las autoridades judiciales y penitenciarias activaron de inmediato los protocolos correspondientes. Barrelier fue trasladado al pabellón psiquiátrico del penal de Bouwer, donde permanece con sedación farmacológica, custodia permanente y seguimiento diario por parte de profesionales de salud mental pertenecientes al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

La distinción entre una manifestación verbal y un intento concreto tiene consecuencias jurídicas y mediáticas relevantes. El organismo provincial eligió precisar públicamente los hechos en un contexto marcado por la saturación informativa y la circulación de versiones con distinto grado de verificación.

El crimen que dejó a Córdoba sin palabras

Agostina Madeleine Vega tenía 14 años cuando desapareció en la noche del sábado 23 de mayo de 2026. Salió de su casa en el barrio General Mosconi, en el noreste de la ciudad de Córdoba, con la excusa de ir al negocio de su abuelo en la misma cuadra. En lugar de eso, tomó un remís y viajó al barrio Cofico.

En un audio enviado a sus amigas antes de desaparecer, la adolescente dijo: «No sé porque tengo que ir con mi… con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar.»

Las cámaras de seguridad captaron a Agostina ingresando al domicilio del imputado pasadas las 22.30 de ese sábado. Nunca se la vio salir.

Una semana de búsqueda desesperada terminó este sábado 31 de mayo con el hallazgo del cuerpo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, a 17 kilómetros del domicilio de Barrelier. Fuentes judiciales confirmaron a medios nacionales que el cuerpo fue desmembrado.

Los rastrillajes en el predio, de más de 240 hectáreas, continuaron este domingo para recuperar todos los restos. La hipótesis de la fiscalía apunta a un **abuso sexual seguido de Femicidio

**. La causa se mantiene bajo secreto de sumario y la autopsia no arrojó resultados definitivos al cierre de esta edición.

Frente a la casa de la familia, un altar improvisado con fotos de la niña y carteles que decían «No se murió, la mataron» resumió el dolor de una comunidad entera.

El imputado: empleado municipal con antecedentes previos

Claudio Gabriel Barrelier tiene 33 años y trabajaba como empleado de la Municipalidad de Córdoba a través de la empresa tercerizada Squad Security, en el área de Tránsito. El municipio cordobés lo dio de baja tras conocerse su detención.

No llegó a esta causa sin historia judicial. Barrelier tenía antecedentes previos por privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas contra una expareja, hechos por los que ya se encontraba imputado. Era, además, amigo de Melisa Heredia, la madre de Agostina, con quien había tenido una relación sentimental aproximadamente tres años antes del crimen. Ese vínculo previo fue la vía de acceso del acusado a la menor.

Las pruebas que lo señalan

Las evidencias que comprometen a Barrelier son múltiples y de distinta naturaleza. Las cámaras de seguridad del barrio Cofico registraron a Agostina ingresando a su domicilio esa noche, sin salida registrada posterior. Los datos de telefonía lo ubicaron en la zona donde fue encontrado el cuerpo.

El propio Barrelier debió comparecer dos veces ante el fiscal Raúl Garzón para rectificar sus declaraciones: primero negó haber estado con la víctima; luego reconoció que la joven ingresó a su casa, pero alegó que salió por sus propios medios y subió a «un auto rojo». La fiscalía desestimó esa versión.

La pieza más comprometedora es un Ford Ka negro que Barrelier consiguió prestado a una amante del barrio Yofré el domingo 24, bajo la excusa de realizar tareas laborales. Los investigadores sostienen que utilizó ese vehículo para trasladar los restos de Agostina hacia el sur de la capital, en dos conservadoras pequeñas ubicadas en el asiento trasero y un tercer bulto más voluminoso en el asiento del acompañante.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el automóvil «fue lavado» antes de la revisión pericial. La dueña del rodado prestó declaración ante la Justicia y su testimonio resultó central para la causa. Los investigadores además determinaron que Barrelier frecuentaba la zona del descampado, donde concurría semanalmente a jugar al fútbol en el Complejo Deportivo y Recreativo ATACC.

La familia, el dolor y el acceso a la Justicia

La investigación también reveló un aspecto que generó cuestionamientos: la Justicia rechazó la incorporación de Melisa Heredia, la madre de Agostina, como querellante en la causa. La mujer, que tuvo que ser sedada al enterarse de la muerte de su hija, quedó excluida del proceso como parte acusadora. Gabriel Vega, el padre, sí participa en la causa con representación legal.

La madre del imputado, Viviana, rompió el silencio en declaraciones públicas y se distanció de su hijo: «Quiero que me explique por qué lo hizo. Estoy en shock. Me cuesta creer todo. No quiero ni prender la televisión. Yo no creía una cosa así. Hace bastante que no lo veía. Nunca me lo hubiera imaginado.»

El caso de Agostina Vega se inscribe en una larga y brutal cadena de femicidios que, año tras año, interpela a la sociedad argentina y pone en evidencia la urgencia de políticas públicas integrales de prevención y protección. El audio de la propia niña, «Me tengo que escapar», quedó como testimonio de una situación que no pudo ser advertida a tiempo.

Femicidio

Cuatro femicidios, cero garantías: paran las trabajadoras sexuales

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre. Denuncia que la criminalización, la falta de derechos y hasta los reclamos impositivos de ARCA empujan a la clandestinidad, el terreno donde ocurrieron cuatro femicidios.

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Ammar convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».

Cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas entre agosto y octubre y ninguna superaba los 30 años. Por ellas, las trabajadoras sexuales de todo el país paran este martes bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».

La medida fue convocada por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), cuya secretaria general, Georgina Orellano, precisó que las víctimas eran jefas de familias monoparentales y con experiencias recientes en el trabajo sexual. Se trata de Débora Bordón, asesinada en agosto en su departamento del barrio Agote de Rosario; Bárbara Aragón, también en Rosario; Daniela Villalba, de 29 años, en Córdoba; y Tatiana Fernández, de 27, en el barrio porteño de Retiro. Según el recuento difundido en torno al paro, en diez meses de 2026 se cometieron 240 femicidios en la Argentina.

Una vida precarizada, una vida que importa

Orellano explicó que muchas de las víctimas venían de trabajos informales, con deudas y precariedad, y que trabajaban en departamentos y publicaban sus servicios en páginas web. El paro, de alcance nacional, busca en primer lugar denunciar la precarización laboral de quienes ejercen el trabajo sexual en todos los ámbitos. Pero también pretende instalar que la vida de las trabajadoras sexuales vale, y que su oficio no habilita a nadie a culpabilizarlas ni a revictimizarlas.

La dirigente apuntó además contra un Estado que, según planteó, criminaliza y persigue al mismo tiempo. Detalló que las mujeres que trabajan en plataformas digitales reciben notificaciones de ARCA con reclamos de deuda y exigencias de pago de impuestos. «Por un lado el Estado te pide que pagues impuestos pero no te ofrece ninguna garantía, ningún derecho», afirmó. Cuando ocurre un femicidio de una trabajadora sexual, sostuvo, el Estado se desentiende.

El «asesino serial» y el problema que se esconde

Por los dos últimos casos, el de Villalba en Córdoba y el de Fernández en Retiro, hay un solo detenido, y la Justicia investiga si la autoría corresponde a una misma persona. Orellano rechazó el modo en que los medios hegemónicos instalaron la figura del «asesino serial». «Hablar de asesino serial para nosotras es individualizar un problema que es social y estructural», sostuvo, y lo vinculó con el machismo, el patriarcado, la criminalización del trabajo sexual y la falta de derechos.

En esa línea, la secretaria general de Ammar relacionó estos crímenes con el femicidio de Nanci, la docente asesinada en Corrientes, un caso que también dejó a la vista las malas condiciones laborales y la ausencia del Estado frente a una trabajadora que denunciaba y reclamaba mejoras.

Clandestinidad: el costo de prohibir

Orellano recordó que el trabajo sexual no es un delito en la Argentina, pero que existen espacios criminalizados, como bares y whiskerías, y que tampoco se permite publicar avisos en los diarios. Para la dirigente, la prohibición no hizo desaparecer el trabajo sexual sino que lo individualizó y lo empujó a la clandestinidad. Proliferaron así las plataformas digitales y los departamentos temporarios, donde por ser trabajadoras sexuales deben pagar el doble o el triple.

«No nos mata el trabajo sexual, nos mata la clandestinidad, nos mata la falta de derechos, nos mata la criminalización a la que nos empujaron», resumió. En esa clandestinidad, advirtió, quedaron expuestas a situaciones de inseguridad y de riesgo.

Cómo se para en un trabajo sin patronal

La decisión salió de una asamblea federal que se realizó de manera virtual. El primer debate fue cómo hacer una huelga en un trabajo criminalizado, sin derechos, sin patronal y sin registro. «Teníamos que apelar a la creatividad», contó Orellano, y planteó que esa pregunta le cabe también a buena parte del movimiento obrero, que debe replantearse estrategias, alcance y representatividad.

La organización se tramitó en grupos de WhatsApp. Quienes trabajan en las rutas harán una asamblea y una olla popular, y las trabajadoras visibles publicarán durante toda la jornada una imagen en sus redes sociales. Algunas pararán apenas dos horas y colocarán un cartel en su esquina contra los femicidios y la violencia. En distintas provincias hay actividades que van desde radios abiertas hasta manifestaciones. En la Ciudad de Buenos Aires, mujeres sindicalistas y actrices se sumarán a una acción a las 11 frente al Congreso de la Nación. Ammar convocó además a compartir su imagen oficial en WhatsApp, Instagram, X o Telegram.

Una violencia que escala, también en las redes

Orellano describió una situación de violencia permanente: llegan videos, mensajes y audios con denuncias de agresiones de la policía y de vecinos. Mencionó el caso de Palermo, donde jóvenes van a la zona de trabajo sexual a hostigar a las compañeras, filman con sus celulares y suben el material a TikTok y otras redes. Según planteó la organización, la violencia se acentuó desde la llegada del gobierno de Javier Milei y, en la Ciudad, con la gestión de Jorge Macri.

«Todo vale cuando la vida de la otra no tiene un valor», dijo la dirigente, y afirmó que esos discursos tienen una bajada desde el gobierno nacional y calaron en la sociedad. «Estamos viviendo en una sociedad rota», sentenció. Esperan que la jornada genere conciencia social y reclaman justicia por las víctimas. «No podemos seguir contando muertas», concluyó Orellano.

Lo que tenés que saber:

  • Cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas entre agosto y octubre: Débora Bordón, Bárbara Aragón, Daniela Villalba y Tatiana Fernández.
  • Ammar convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».
  • Por los dos últimos casos hay un solo detenido y la Justicia investiga si la autoría corresponde a una misma persona.
  • Orellano denunció que ARCA reclama impuestos a trabajadoras de plataformas digitales sin ofrecer garantías ni derechos.
  • En la Ciudad de Buenos Aires habrá una acción a las 11 frente al Congreso de la Nación.
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