Femicidio
Piden una “investigación clara” frente a la impunidad en el femicidio de Cecilia Basaldúa
Al cumplirse el tercer aniversario del hallazgo del cuerpo de la mujer que había viajado a las sierras para escribir un libro, su familia, acompañada por numerosas organizaciones, marchará a la plaza San Martín de Capilla del Monte para reclamar justicia.
Por Néstor Llidó
A tres años del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, la joven mochilera porteña que fue asesinada y su cuerpo hallado en un basural de la localidad cordobesa de Capilla del Monte, se abrió una nueva investigación en la que sus padres exigen que las pericias estén a cargo de otros expertos, entre otras medidas, para avanzar “ante un poder corporativo policial y judicial que ha permitido que la causa siga impune”.
Hubo un primer juicio en el que se absolvió al único acusado en el marco de una cuestionada actuación de la fiscal Paula Kelm. Sucede que el imputado Lucas Bustos siempre fue considerado como un “perejil”. En ese mismo fallo se ordenó continuar la investigación para hallar a los “verdaderos responsables” del crimen de Cecilia Basaldúa, a la que estrangularon durante un ataque sexual.
Mañana se cumplirá el tercer aniversario del día en que encontraron el cadáver de la mujer, que había viajado a las sierras de Córdoba en el inicio del aislamiento por la pandemia para escribir un libro sobre sus experiencias en los viajes por el continente americano. El 5 de abril de 2020 perdió el contacto con su familia y la búsqueda de la mujer de 36 años movilizó a la comunidad de Capilla del Monte, además de tener repercusión a nivel nacional.
“Ese primer juicio fue la construcción de la impunidad, para encubrir al autor del femicidio y sus cómplices, en un entramado de narcos y policías, con la protección de funcionarios. Terminó con la absolución de un absurdo acusado, ya que todas las pruebas carecían de seriedad, algo que sabíamos de antemano. Sin dudas, a Cecilia la revictimizaron, una y otra vez”, sostiene Daniel Basaldúa, padre de la víctima, en diálogo con El Argentino.
Como resultado de ese debate se decidió abrir una nueva investigación que, finalmente, quedó a cargo del fiscal de Cruz del Eje, Raimundo Barrera. “Estuvimos reunidos con el nuevo fiscal, quien mostró buena predisposición, pero sabemos que es difícil romper con esa corporación que sirvió y sirve al encubrimiento. Y si bien ya no confiamos en nadie, nos mueve saber la verdad, condenar a los asesinos. Hemos pedido que las pericias al cuerpo, a las pruebas encontradas en la casa de Mario Mainardi donde ella estuvo alojada se hagan con expertos a nivel nacional”, señala el hombre, quien viajó para esa entrevista junto a su esposa Susana Reyes.
Con la asistencia en Córdoba de la abogada Daniela Pavón, la familia Basaldúa sigue de cerca, en el día a día, qué sucede con el expediente en el que los sospechosos deberían ser imputados. La referencia es para Mario Mainardi, el dueño de la vivienda donde su hija estaba residiendo desde su llegada a Capilla del Monte, una artesana de la zona llamada Viviana Juárez (alias La Rasta) y otro hombre identificado como José Meza.
También los policías José López (el que culpó a Bustos, el albañil que resultó absuelto, luego de pasar preso más de un año) y Ariel Zárate (hoy detenido en una causa por violencia de género), más el “amparo” del comisario Alejandro Bracamonte, como parte de esa “red de protección”.
Para seguir pidiendo Justicia por Cecilia, mañana por la tarde habrá una marcha en la plaza San Martín de Capilla del Monte, a la que convocan numerosas organizaciones sociales y del colectivo feminista, para acompañar a los padres de la víctima que estarán presentes en el acto en su memoria y exigiendo el fin de la impunidad.
El femicidio de Cecilia Basaldúa
Cecilia Basaldúa decidió viajar a Córdoba con la idea de quedarse un tiempo allí en las sierras y escribir sobre sus experiencias como mochilera en aquel momento del inicio del aislamiento por la crisis sanitaria por el coronavirus. A los pocos días de instalarse en Capilla del Monte se reportó su sospechosa desaparición, más tarde su cuerpo sin vida con signos de abuso sexual, golpes y estrangulamiento fue hallado el 25 de abril de 2020, en un descampado a las orillas del río Calabalumba. Entonces, las sospechas apuntaron a un hombre que la alojó en su casa, a una joven artesana con la que la habían visto y a los efectivos policiales que poco y nada hicieron en esa supuesta “intensa búsqueda”.
Sin embargo, la investigación a cargo de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, en medio de los cuestionamientos por no seguir esta hipótesis, derivó en la detención de Lucas Adrián Bustos, un joven albañil de 23 años, por vivir en las cercanías de donde se encontró el cadáver.
El “culpable perfecto”, que fue detenido, procesado con prisión preventiva y sometido a un Jurado Popular que lo absolvió por “inexistencia de pruebas” en su contra, tal como argumentaba la familia Basaldúa, fue un “perejil”. Y en el fallo de la Cámara del Crimen Correccional de Villa Dolores ordenó a la Fiscalía General de Córdoba la “prosecución de la investigación” por el “tentativa de abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado por criminis causa y por mediar violencia de género”.
Femicidio
A un mes del femicidio de Agostina Vega, quién es quién en la causa que sacude a Córdoba
A un mes del asesinato de la adolescente de 14 años en Córdoba, la causa tiene tres detenidos y avanza sin secreto de sumario. El principal imputado, Claudio Barrelier, cambió su versión en dos oportunidades ante el fiscal Raúl Garzón, quien también quedó en la mira por su cuestionada actuación.
Este martes se cumple un mes del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba. La causa tiene tres detenidos, el secreto de sumario fue levantado la semana pasada y la investigación judicial recién comienza a mostrar su verdadero alcance. En el centro de la escena permanece Claudio Barrelier, imputado como presunto autor de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. A su lado, dos acusados por encubrimiento agravado: Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Ninguno colaboró con la justicia.
La última noche de Agostina
El sábado 23 de mayo, Agostina Vega le dijo a su madre, Melisa Heredia, que iría a la rotisería de su abuelo. En cambio, tomó un remís hasta la calle Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico, donde vivía Barrelier, expareja de su progenitora. Antes de llegar, la adolescente le envió un audio a su grupo de amigas para contarles que el hombre de 33 años tenía una «sorpresa» para su mamá. El remisero Ariel Torres, que la trasladó hasta allí, declaró ante la justicia que la joven se mostró tranquila y confiada durante todo el trayecto. Al llegar, un hombre encapuchado se acercó al vehículo para pagar el viaje sin dar la cara: Torres reconoció más tarde, al ver en redes sociales la foto de la búsqueda activada al día siguiente, que él mismo había transportado a Agostina hasta la casa de su presunto asesino.
Barrelier intentó construir una coartada enviándole un mensaje de voz al padre de la menor, Gabriel Vega, en el que afirmó que Agostina había llegado a las 22:30 a Fragueiro y Campillo y que desde allí se comunicó telefónicamente con él para pedirle dinero para un taxi. Según el imputado, la joven quería que la llevara a la casa de «su noviecito», pero él aseguró no tener movilidad. La versión, sin embargo, no cerró en ninguna de sus dos declaraciones ante el fiscal Raúl Garzón: en la primera, Barrelier afirmó que la menor que aparece en imágenes de cámaras de seguridad era su «hija»; en la segunda, reconoció que se trataba de Agostina.
La autopsia preliminar confirmó que la adolescente fue estrangulada y que habría sido abusada sexualmente, aunque los forenses no pudieron realizar los hisopados correspondientes debido al «compromiso severo de la región pélvica, compatible con el proceso de desmembramiento», según el informe técnico. La muerte ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo 24 de mayo. Agostina llevaba pocas horas dentro de la vivienda de Barrelier cuando fue asesinada. Su cuerpo permaneció una semana sin ser encontrado, pese a la activación del Alerta Sofía y a los allanamientos realizados en la finca del imputado. Fue hallado finalmente en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital cordobesa.
Quién es quién en la causa
Claudio Gabriel Barrelier es el principal imputado y quien la justicia sindica como presunto autor del femicidio. Tenía 33 años al momento del crimen y había sido pareja de Melisa Heredia, madre de Agostina. Aunque la relación sentimental terminó, mantuvieron una relación de confianza que llevó a la adolescente a acudir a su domicilio sin despertar sospechas. Trabajaba en la Municipalidad de Córdoba y tenía vínculos con la barra brava del Club Instituto. Actualmente permanece detenido bajo máxima seguridad en la cárcel de Bouwer y se negó a brindar información útil a la investigación en sus dos comparecencias.
Osvaldo Fassetta (47 años) es el segundo detenido. Alquilaba una habitación en la vivienda de Barrelier y lo conocía desde hacía aproximadamente diez meses. Está acusado de encubrimiento agravado. A través de su defensor, Eduardo Medina Allende, manifestó ser «inocente» y sostuvo que «la pieza acusatoria no se ajusta a cómo fueron las cosas», según informó la Agencia NA.
Soledad Andreani es la tercera detenida y también enfrenta cargos de encubrimiento agravado. Es propietaria del Ford Ka negro que se presume fue utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el descampado donde fue hallado, y que habría sido lavado con posterioridad. Andreani además regenteaba el bar «Wachitas», establecimiento clausurado tras el escándalo ante las sospechas de explotación sexual de menores y posibles vínculos con sectores políticos y policiales. En su declaración ante la justicia, se abstuvo de declarar.
Melisa Heredia, madre de Agostina, permanece bajo tratamiento psiquiátrico desde hace un mes. La justicia investiga sus movimientos, aunque no tiene imputación formal hasta el momento.
Gabriel Vega, padre de la víctima y ex policía, fue el primero en señalar a Barrelier como responsable del crimen. Mantiene desde hace años conflictos judiciales con Melisa Heredia. Es querellante en la causa.
Miguel y Elizabeth Heredia, abuelos de Agostina, lideran el reclamo de justicia y son querellantes en el expediente.
El fiscal que generó polémica y el expediente abierto
La figura del fiscal Raúl Garzón fue uno de los focos de cuestionamiento desde el primer día. En la conferencia de prensa posterior al hallazgo del cuerpo de Agostina, dedicó un extenso elogio al trabajo de un perro de la División Canes de la Policía de Córdoba: «Diría que hay que entregarle una medalla de distinción a ese perro que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, con su olfato y la guía de los profesionales», declaró. La frase fue repudiada públicamente por Laura Vilches, exconcejal, quien le pidió que «se ahorre el cinismo» y calificó las palabras del funcionario como una «payasada». Sobre Garzón pesan, además, solicitudes de jury de enjuiciamiento presentadas en la Legislatura provincial por legisladores opositores, en el marco de una causa que también involucra al fiscal Iván Rodríguez, quien en 2025 había liberado a Barrelier en un caso previo.
Con el secreto de sumario levantado el viernes pasado, la investigación entra en una nueva etapa. La familia de Agostina Vega, que encabezó diversas marchas en la capital provincial desde el día del hallazgo, aguarda una condena ejemplar para los tres detenidos y exige que el expediente avance sin dilaciones.
Puntos clave
- Claudio Barrelier está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio); cambió su versión en dos oportunidades ante la fiscalía.
- Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani están acusados de encubrimiento agravado; ninguno colaboró con la investigación.
- La autopsia preliminar confirmó el estrangulamiento y presumible abuso sexual; el cuerpo presentaba signos de desmembramiento que impidieron la realización de hisopados.
- El bar «Wachitas», vinculado a Andreani, fue clausurado ante sospechas de explotación sexual de menores y nexos con sectores políticos y policiales.
- El secreto de sumario fue levantado el viernes 20 de junio, lo que abre una nueva etapa judicial mientras la familia de la víctima exige una condena ejemplar.
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