Por Néstor Llidó

A tres años del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, la joven mochilera porteña que fue asesinada y su cuerpo hallado en un basural de la localidad cordobesa de Capilla del Monte, se abrió una nueva investigación en la que sus padres exigen que las pericias estén a cargo de otros expertos, entre otras medidas, para avanzar “ante un poder corporativo policial y judicial que ha permitido que la causa siga impune”.

Hubo un primer juicio en el que se absolvió al único acusado en el marco de una cuestionada actuación de la fiscal Paula Kelm. Sucede que el imputado Lucas Bustos siempre fue considerado como un “perejil”. En ese mismo fallo se ordenó continuar la investigación para hallar a los “verdaderos responsables” del crimen de Cecilia Basaldúa, a la que estrangularon durante un ataque sexual.

Mañana se cumplirá el tercer aniversario del día en que encontraron el cadáver de la mujer, que había viajado a las sierras de Córdoba en el inicio del aislamiento por la pandemia para escribir un libro sobre sus experiencias en los viajes por el continente americano. El 5 de abril de 2020 perdió el contacto con su familia y la búsqueda de la mujer de 36 años movilizó a la comunidad de Capilla del Monte, además de tener repercusión a nivel nacional.

“Ese primer juicio fue la construcción de la impunidad, para encubrir al autor del femicidio y sus cómplices, en un entramado de narcos y policías, con la protección de funcionarios. Terminó con la absolución de un absurdo acusado, ya que todas las pruebas carecían de seriedad, algo que sabíamos de antemano. Sin dudas, a Cecilia la revictimizaron, una y otra vez”, sostiene Daniel Basaldúa, padre de la víctima, en diálogo con El Argentino.

Como resultado de ese debate se decidió abrir una nueva investigación que, finalmente, quedó a cargo del fiscal de Cruz del Eje, Raimundo Barrera. “Estuvimos reunidos con el nuevo fiscal, quien mostró buena predisposición, pero sabemos que es difícil romper con esa corporación que sirvió y sirve al encubrimiento. Y si bien ya no confiamos en nadie, nos mueve saber la verdad, condenar a los asesinos. Hemos pedido que las pericias al cuerpo, a las pruebas encontradas en la casa de Mario Mainardi donde ella estuvo alojada se hagan con expertos a nivel nacional”, señala el hombre, quien viajó para esa entrevista junto a su esposa Susana Reyes.

Con la asistencia en Córdoba de la abogada Daniela Pavón, la familia Basaldúa sigue de cerca, en el día a día, qué sucede con el expediente en el que los sospechosos deberían ser imputados. La referencia es para Mario Mainardi, el dueño de la vivienda donde su hija estaba residiendo desde su llegada a Capilla del Monte, una artesana de la zona llamada Viviana Juárez (alias La Rasta) y otro hombre identificado como José Meza.

También los policías José López (el que culpó a Bustos, el albañil que resultó absuelto, luego de pasar preso más de un año) y Ariel Zárate (hoy detenido en una causa por violencia de género), más el “amparo” del comisario Alejandro Bracamonte, como parte de esa “red de protección”.

Para seguir pidiendo Justicia por Cecilia, mañana por la tarde habrá una marcha en la plaza San Martín de Capilla del Monte, a la que convocan numerosas organizaciones sociales y del colectivo feminista, para acompañar a los padres de la víctima que estarán presentes en el acto en su memoria y exigiendo el fin de la impunidad.

El femicidio de Cecilia Basaldúa

Cecilia Basaldúa decidió viajar a Córdoba con la idea de quedarse un tiempo allí en las sierras y escribir sobre sus experiencias como mochilera en aquel momento del inicio del aislamiento por la crisis sanitaria por el coronavirus. A los pocos días de instalarse en Capilla del Monte se reportó su sospechosa desaparición, más tarde su cuerpo sin vida con signos de abuso sexual, golpes y estrangulamiento fue hallado el 25 de abril de 2020, en un descampado a las orillas del río Calabalumba. Entonces, las sospechas apuntaron a un hombre que la alojó en su casa, a una joven artesana con la que la habían visto y a los efectivos policiales que poco y nada hicieron en esa supuesta “intensa búsqueda”.

Sin embargo, la investigación a cargo de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, en medio de los cuestionamientos por no seguir esta hipótesis, derivó en la detención de Lucas Adrián Bustos, un joven albañil de 23 años, por vivir en las cercanías de donde se encontró el cadáver.

El “culpable perfecto”, que fue detenido, procesado con prisión preventiva y sometido a un Jurado Popular que lo absolvió por “inexistencia de pruebas” en su contra, tal como argumentaba la familia Basaldúa, fue un “perejil”. Y en el fallo de la Cámara del Crimen Correccional de Villa Dolores ordenó a la Fiscalía General de Córdoba la “prosecución de la investigación” por el “tentativa de abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado por criminis causa y por mediar violencia de género”.