Conectate con El Argentino

Comunidad 👥

Andrea López: un caso icónico en la lucha contra la trata de personas en La Pampa

Víctor Purreta conoció a Andrea cuando ella tenía 15 años y trabajaba en la planta fabril Calzar, que funcionaba en la ciudad de Santa Rosa, y que tiempo después de formar pareja la obligó a dejar «por celos».

Según se comprobó judicialmente, el ex boxeador profesional sometía a Andrea y a otras parejas posteriores a ejercer la prostitución.

Publicado hace

#

El caso de Andrea López significó para La Pampa el inicio de una marcada lucha «contra la violencia machista y las redes de trata de personas», al exponer «crudamente» una radiografía «de cómo funciona el sistema prostituyente y las cadenas de complicidades necesarias» para operar, en un contexto en que la provincia era cada vez más «un destino de mujeres reclutadas», consideró la periodista y activista pampeana Mónica Molina.

«El de Andrea se transforma en un caso bisagra, que genera una mirada y una interpelación de la sociedad más firme respecto a lo que pasaba con las redes de trata en La Pampa, algo de lo que no se hablaba», expresó a Télam Molina, también docente de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

Víctor Purreta conoció a Andrea cuando ella tenía 15 años y trabajaba en la planta fabril Calzar, que funcionaba en la ciudad de Santa Rosa, y que tiempo después de formar pareja la obligó a dejar «por celos».

Según se comprobó judicialmente, el ex boxeador profesional sometía a Andrea y a otras parejas posteriores a ejercer la prostitución.

También se supo, a partir de testigos que prestaron declaración, que pese al «terror» que Andrea le tenía a Purreta, «en los últimos días (de su vida) ella se había puesto firme para dejar la prostitución que la obligaba a ejercer».

Imagen

«El caso de Andrea resultó una radiografía para entender cómo funciona el sistema prostituyente respecto a la explotación de mujeres, tanto económica como sexual, en manos de proxenetas como Purreta», sostuvo Molina.

«También de cómo funciona la cadena de complicidades del Estado, del sector político, de la policía y de la justicia en mujeres que son vulneradas y el impacto que esto tiene en sus vidas», agregó.

La desaparición de Andrea -cuando aún se sospechaba que la había entregado a la trata- se dio en un contexto en que La Pampa y su capital en particular se convertía cada vez más en un lugar de destino de mujeres reclutadas para la prostitución.

Imagen

Fue Molina quien, durante su gestión como subdirectora de Políticas de Género en Santa Rosa entre 2008 y 2011, impulsó la sanción de una medida «pionera en el país» que prohibió las whiskerías -nombre con el que se habilitaban los prostíbulos regenteados por proxenetas- que funcionaban legalmente en Santa Rosa.

«En julio de 2008, había cinco prostíbulos en la ciudad y 35 en toda la provincia, que fueron paulatinamente cerrando luego de que las localidades avancen con ordenanzas similares. Fue una catarata que se sucedió en otras provincias, en medio de una lucha contra la trata de personas», repasó la activista.

Con los años, el femicidio de Andrea se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia machista y las redes de trata, que impulsó a los grupos de mujeres en La Pampa que se fueron gestando a la par de este caso.

Imagen

«Como era una mujer de sectores populares, vinculada a la prostitución, que había sido trabajadora de Calzar, las denuncias no fueron tomadas a tiempo y su desaparición no tuvo el impacto y la valoración que se hubiera merecido su búsqueda», recordó Molina.

Y continuó: «En Andrea se vio la mirada social e institucional que había en ese momento y que, a pesar de que aún falta, con el tiempo produjo un quiebre en la provincia».

Su caso motivó importantes acciones a nivel provincial que, sin embargo, hoy «es necesario profundizar porque la trata de personas es un problema que aún persiste en la ciudad, agudizado por el contexto económico del país», alertó.

Judiciales ⚖️

Tres de cada cuatro abogados usan IA y los jueces ya detectan fallos inventados

La cifra surge de una encuesta de Thomson Reuters y el Colegio Público de la Abogacía porteño. Casi todo lo que se sabe del fenómeno lo cuentan grandes estudios y empresas de tecnología, mientras tribunales de cuatro jurisdicciones encontraron citas falsas en escritos.

Publicado hace

#

Ilustración de una estatua de la Justicia que se levanta la venda de un ojo y guiña, con la balanza en alto

Veintiséis fallos que nunca existieron. Eso encontró la Cámara Civil de Roca en los escritos de dos abogados que litigaban por un auto 0 km con fallas. Ninguno de los dos admitió haber usado inteligencia artificial, pero el tribunal concluyó que probablemente lo hicieron, los dejó sin honorarios en esa instancia y remitió copia de la resolución al Colegio de Abogados de Roca.

El episodio, que difundió el Poder Judicial de Río Negro en septiembre de 2025, es una de las pocas ventanas públicas a un fenómeno que avanza en silencio. Según el Reporte sobre la Inteligencia Artificial en los estudios jurídicos de Argentina 2025, que Thomson Reuters elaboró junto con el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) a partir de una encuesta a «cientos de profesionales del sector legal», tres de cada cuatro abogados ya usan IA en sus tareas.

Lo que dice la encuesta y lo que no muestra

El resumen público del reporte agrega que cerca de un cuarto de los encuestados emplea la IA para mejorar y automatizar procesos legales, y que entre las motivaciones se destacan brindar un mejor asesoramiento y desarrollar nuevas competencias. El documento completo solo se descarga después de completar un formulario con datos personales, y la página no informa el porcentaje exacto, la cantidad de encuestados, las fechas del relevamiento ni la metodología.

El dato tiene otro detalle que no es menor: lo publica una empresa que vende herramientas de IA para abogados. Thomson Reuters comercializa CoCounsel, una de las plataformas especializadas que aparece en los relevamientos del sector.

«IA Blue»: el uso que no se declara

El fenómeno ya tiene nombre: «IA Blue», el uso «solapado» de aplicaciones de inteligencia artificial por fuera de los canales oficiales. Lo acuñó el abogado Ignacio Adrián Lerer, CEO de IntegridAI, en una columna publicada en Abogados.com.ar el 2 de octubre de 2025. El 5 de enero de este año, en el mismo sitio, Lerer aplicó el concepto a otro relevamiento: el Reporte sobre Departamentos Legales elaborado por el estudio Marval O’Farrell Mairal, centrado en los abogados que trabajan dentro de empresas.

Ese reporte es distinto de la encuesta de Thomson Reuters y el CPACF: mide departamentos legales de empresas, no estudios jurídicos, y de él sale el dato de que dos de cada tres usuarios desconfían de la IA. Según las cifras del reporte de Marval que cita Lerer, el 75% de los departamentos legales usa IA de forma regular, contra el 11% de 2023, pero el 67% de quienes la usan desconfía de la precisión de los resultados. Las herramientas más usadas son generalistas: ChatGPT (62%), Microsoft Copilot (60%) y Gemini (30%). Las plataformas pensadas para el trabajo jurídico apenas aparecen, con Harvey en el 7% y CoCounsel en el 4%. Además, el 68% de los departamentos no tiene presupuesto específico para tecnología legal.

Para Lerer, esa combinación tiene una sola explicación: «la única respuesta lógica es que los profesionales utilizan cuentas personales de ChatGPT Plus a veinte dólares mensuales, no infraestructura corporativa auditada». Es su interpretación; el reporte no mide de qué cuentas sale ese uso.

Los que sí lo cuentan

Del otro lado están los que lo anuncian. En mayo de 2024, el estudio Bruchou & Funes de Rioja comunicó que incorporó Harvey AI, una plataforma diseñada para el sector legal, y se presentó como la primera firma de la Argentina en hacerlo. «Nuestros abogados continúan siendo los conductores de cada caso y proyecto», dijo Rodrigo Funes de Rioja, miembro del Consejo de Administración del estudio. El anuncio incluyó una capacitación específica para sus profesionales y una referencia a la «garantía de confidencialidad» de la herramienta.

La foto que queda es despareja: casi todo lo que se sabe sobre el uso de IA en la abogacía argentina proviene de grandes estudios y de empresas que venden tecnología. El abogado que trabaja solo o en un estudio chico no aparece en esos anuncios.

Cuando el silencio llega a los tribunales

Los casos que salieron a la luz lo hicieron por las citas falsas. El 20 de noviembre de 2025, en una ejecución de multa contra la prepaga Medicus, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le aplicó un apercibimiento a un abogado que citó jurisprudencia inexistente atribuida a esa misma Cámara. El tribunal consideró que las citas «pudieron encontrarse originadas en un inadecuado uso» de la inteligencia artificial y dio intervención al Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía.

El 22 de diciembre, el Tribunal de Impugnaciones de San Luis rechazó una apelación en una causa penal que se apoyaba en un supuesto fallo de la Corte Suprema que no figuraba en ninguna base oficial. Los jueces enviaron los antecedentes al Colegio de Abogados y Procuradores provincial y advirtieron que no verificar la jurisprudencia «no solo constituye una falta ética, sino que pone en riesgo la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema de justicia».

En abril de este año, la Cámara de Apelaciones del Interior de Neuquén, según informó el Poder Judicial provincial el 29 de ese mes, detectó al menos cinco fallos falsos en un recurso, entre ellos supuestos precedentes del Tribunal Superior provincial y de la Corte Suprema. «Lo que interesa es el resultado: existen al menos cinco citas falsas que se utilizan como argumento central para fundar un recurso de apelación», escribieron los jueces, que no se detuvieron en si el origen fue la IA y remitieron el caso al Colegio de Abogados de Cutral Có.

Reglas que no obligan

El CPACF publicó en julio de 2025 una «Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados» y, el 8 de agosto de 2025, unos «Criterios orientadores para un uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la Abogacía». Piden verificar todo lo que produce la herramienta, porque puede inventar citas y fallos, no cargar datos sensibles de clientes sin su autorización e informarles cuando se usa IA. Son, como dice su título, criterios orientadores.

En Río Negro, el propio Poder Judicial reconoció la brecha: su protocolo sobre IA rige solo dentro de los tribunales, y los abogados que ejercen de forma privada «no tienen lineamientos específicos» para controlar el uso de estas herramientas en sus escritos. Mientras tanto, cada cita inventada pone en juego la causa de alguien que confió en ese escrito.

Lo que tenés que saber:

  • Según Thomson Reuters y el CPACF, tres de cada cuatro abogados ya usan IA; la página del reporte no informa muestra, fechas ni metodología.
  • Ignacio Lerer llamó «IA Blue», en Abogados.com.ar, al uso solapado de estas herramientas.
  • En otro relevamiento, el de Marval sobre departamentos legales de empresas, el 75% usa IA y el 67% desconfía de sus resultados.
  • Bruchou & Funes de Rioja anunció en 2024 que incorporó Harvey AI.
  • Tribunales federales y de Río Negro, San Luis y Neuquén detectaron fallos inexistentes en escritos de abogados.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo