El caso de Andrea López significó para La Pampa el inicio de una marcada lucha «contra la violencia machista y las redes de trata de personas», al exponer «crudamente» una radiografía «de cómo funciona el sistema prostituyente y las cadenas de complicidades necesarias» para operar, en un contexto en que la provincia era cada vez más «un destino de mujeres reclutadas», consideró la periodista y activista pampeana Mónica Molina.

«El de Andrea se transforma en un caso bisagra, que genera una mirada y una interpelación de la sociedad más firme respecto a lo que pasaba con las redes de trata en La Pampa, algo de lo que no se hablaba», expresó a Télam Molina, también docente de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

Víctor Purreta conoció a Andrea cuando ella tenía 15 años y trabajaba en la planta fabril Calzar, que funcionaba en la ciudad de Santa Rosa, y que tiempo después de formar pareja la obligó a dejar «por celos».

Según se comprobó judicialmente, el ex boxeador profesional sometía a Andrea y a otras parejas posteriores a ejercer la prostitución.

También se supo, a partir de testigos que prestaron declaración, que pese al «terror» que Andrea le tenía a Purreta, «en los últimos días (de su vida) ella se había puesto firme para dejar la prostitución que la obligaba a ejercer».

«El caso de Andrea resultó una radiografía para entender cómo funciona el sistema prostituyente respecto a la explotación de mujeres, tanto económica como sexual, en manos de proxenetas como Purreta», sostuvo Molina.

«También de cómo funciona la cadena de complicidades del Estado, del sector político, de la policía y de la justicia en mujeres que son vulneradas y el impacto que esto tiene en sus vidas», agregó.

La desaparición de Andrea -cuando aún se sospechaba que la había entregado a la trata- se dio en un contexto en que La Pampa y su capital en particular se convertía cada vez más en un lugar de destino de mujeres reclutadas para la prostitución.

Fue Molina quien, durante su gestión como subdirectora de Políticas de Género en Santa Rosa entre 2008 y 2011, impulsó la sanción de una medida «pionera en el país» que prohibió las whiskerías -nombre con el que se habilitaban los prostíbulos regenteados por proxenetas- que funcionaban legalmente en Santa Rosa.

«En julio de 2008, había cinco prostíbulos en la ciudad y 35 en toda la provincia, que fueron paulatinamente cerrando luego de que las localidades avancen con ordenanzas similares. Fue una catarata que se sucedió en otras provincias, en medio de una lucha contra la trata de personas», repasó la activista.

Con los años, el femicidio de Andrea se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia machista y las redes de trata, que impulsó a los grupos de mujeres en La Pampa que se fueron gestando a la par de este caso.

«Como era una mujer de sectores populares, vinculada a la prostitución, que había sido trabajadora de Calzar, las denuncias no fueron tomadas a tiempo y su desaparición no tuvo el impacto y la valoración que se hubiera merecido su búsqueda», recordó Molina.

Y continuó: «En Andrea se vio la mirada social e institucional que había en ese momento y que, a pesar de que aún falta, con el tiempo produjo un quiebre en la provincia».

Su caso motivó importantes acciones a nivel provincial que, sin embargo, hoy «es necesario profundizar porque la trata de personas es un problema que aún persiste en la ciudad, agudizado por el contexto económico del país», alertó.