La orden de desalojo que pesaba desde hace diez días sobre la planta de Fate quedó en suspenso. La fábrica de Virreyes, cerrada por su dueño en febrero con 920 despidos, sigue custodiada por los trabajadores que la ocupan desde hace más de siete meses, y el destino del predio lo decidirá ahora el Tribunal de Casación en lo Penal de la provincia de Buenos Aires. El fallo le dio aire a las familias, pero no resolvió el problema de fondo: los despedidos siguen sin cobrar los salarios que la propia Justicia ordenó pagar.

La resolución lleva la firma del juez Juan Eduardo Stepaniuc, con el acompañamiento de sus colegas de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. El tribunal concedió el recurso de casación presentado por la abogada defensora de los imputados, Liliana Alaniz, contra la resolución notificada el 17 de septiembre en el incidente de apelación por el lanzamiento, dentro de la causa por usurpación impulsada por la empresa contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). En su parte resolutiva, la Sala dispuso elevar lo actuado a Casación y «DAR efecto suspensivo al presente Recurso de Casación», con base en el artículo 431 del Código Procesal Penal bonaerense. En los hechos, el fiscal quedó obligado a frenar el lanzamiento hasta que la instancia superior se pronuncie.

La misma Sala, dos lecturas opuestas

El giro llega apenas doce días después de que esa misma Sala II hiciera lugar al recurso de Javier Madanes Quintanilla, dueño de la firma, y ordenara la restitución del inmueble. Aquella decisión activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio. En marzo, el mismo tribunal había revocado una primera orden de desalojo dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, con el argumento de que el conflicto tenía naturaleza laboral y que debía privilegiarse la negociación entre las partes.

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, había calificado la orden de septiembre como un «disparate jurídico» en una conferencia de prensa frente a la planta. «La Justicia penal no puede resolver una situación laboral», sostuvo entonces, y adelantó que el gremio llegaría a Casación para impedir que el fallo quedara firme. Esa estrategia es la que ahora consiguió frenar, al menos por un tiempo, la intervención policial sobre la fábrica.

La empresa, por su parte, sostuvo ante la Justicia que quienes permanecen en el establecimiento ya no son sus empleados, advirtió sobre las dificultades para garantizar la seguridad del inmueble y considera «ilegítima» la permanencia de los operarios en instalaciones privadas.

Nueve quincenas impagas

La suspensión del desalojo no cierra el frente judicial. Según denunciaron los trabajadores, la jueza Liliana Rodríguez impide que se cumpla el fallo que ordenó a Fate pagar los salarios durante la vigencia del acuerdo firmado entre la empresa y el SUTNA, que se extendía hasta el 30 de junio. La deuda alcanza nueve quincenas: algunos despedidos cobraron apenas tres y otros no recibieron ninguna. Por ese motivo, el gremio convocó a una marcha al juzgado para este miércoles.

No es la primera vez que la conducta de la empresa frente a sus obligaciones salariales queda bajo la lupa. En marzo, el Ministerio de Capital Humano de la Nación sumarió a Fate por violar la conciliación obligatoria al no abonar salarios y cerrar la fábrica. Mientras la patronal reclama con urgencia la devolución del predio, los sueldos que le corresponden a 920 familias siguen sin aparecer.

La ley de ocupación temporaria y el reclamo a Kicillof

El otro eje de la pelea está en La Plata. El SUTNA impulsa en la Legislatura bonaerense un proyecto de ocupación temporaria de la planta, que declararía de utilidad pública la producción de Fate para impedir que la empresa deje de fabricar y para sostener las fuentes de trabajo. El sindicato reclamó además al gobernador Axel Kicillof que intervenga en el conflicto y reciba a los trabajadores.

El dirigente del Frente de Izquierda Christian Castillo celebró la resolución en su cuenta de X y la atribuyó a «la voluntad de resistencia» que los trabajadores sostuvieron en el acampe y sobre el techo de la fábrica, además del apoyo popular. En el mismo sentido, Nicolás del Caño llamó a seguir acompañando el reclamo para que se paguen todos los salarios adeudados y se apruebe el proyecto de ocupación temporaria.

Milei, entre el insulto y la indiferencia

Desde el primer día del cierre, Javier Milei eligió convertir el conflicto en una pelea personal con Madanes Quintanilla. Lo acusó de «extorsión» por los despidos, lo llamó «extorsionador y prebendario» ante un auditorio empresarial y lo bautizó «Don Gomita Alumínica». El 4 de septiembre, el Presidente reposteó un fragmento del periodista Esteban Trebucq en el canal de streaming La Casa, en el que se insultaba al empresario y se deslindaba al Gobierno de toda responsabilidad por el cierre.

La propia empresa, en cambio, atribuyó su decisión a un extenso conflicto gremial, a la apertura comercial dispuesta por el Gobierno libertario y a la caída de la demanda interna. Al momento del cierre, la Unión Industrial Argentina advirtió que no se trataba de un hecho aislado y que ya se habían perdido 65 mil puestos de trabajo industrial. Los ataques presidenciales contra el dueño de Fate no se tradujeron en una sola medida para recuperar los 920 empleos perdidos en San Fernando.

Lo que tenés que saber:

• La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro concedió el recurso de casación de la defensa de los trabajadores y le dio efecto suspensivo: el desalojo de Fate quedó frenado.
• El caso fue elevado al Tribunal de Casación en lo Penal bonaerense, que deberá resolver sobre la validez de la orden de lanzamiento.
• Los trabajadores denuncian que se les adeudan nueve quincenas y que la jueza Liliana Rodríguez impide ejecutar el fallo que ordenó pagarlas.
• El SUTNA impulsa en la Legislatura bonaerense un proyecto de ocupación temporaria de la planta y reclamó la intervención de Axel Kicillof.
• El conflicto comenzó el 18 de febrero de 2026, cuando Fate cerró la planta de San Fernando y despidió a 920 trabajadores.