Mientras el gobierno de Javier Milei recortó el gasto primario un 31% desde diciembre de 2023, la inversión en salud mental de niñas, niños y adolescentes continúa por debajo del 10% del presupuesto sanitario total que exige la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, según registros de organismos especializados.

El contexto no es menor: cada 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental convoca a gobiernos y organizaciones a visibilizar una deuda que, en la Argentina de hoy, tiene nombre y apellido institucional.

La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación (conocida como La Defe, con sede en ladefe.gob.ar) publicó este 10 de octubre el dossier «Malestares Contemporáneos«, un material de análisis y reflexión sobre las problemáticas de salud mental que atraviesan las infancias y adolescencias argentinas. A través de su cuenta de Instagram, el organismo sostuvo que «escuchar a niñas, niños y adolescentes es reconocer sus derechos, tener en cuenta sus experiencias y construir respuestas que contemplen sus realidades».

Escucha activa como política de Estado

El dossier parte de una premisa que debería ser elemental pero que el ajuste sistemático del Estado hace cada vez más esquiva: la escucha activa de las infancias no se agota en habilitar la palabra, sino que implica incorporar sus opiniones en las decisiones que afectan sus vidas y promover espacios de participación, cuidado y acompañamiento. Los malestares no pueden comprenderse de manera aislada: sus contextos sociales, culturales, institucionales y vinculares son determinantes para construir respuestas integrales, señala la Defensoría.

El organismo, creado por la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos, lleva años advirtiendo que la salud mental de niñas, niños y adolescentes es una deuda pendiente de las políticas públicas argentinas. Y lo que en otros momentos era una advertencia, hoy se convierte en una urgencia documentada.

La Defe y la OPS: un acuerdo que llega tarde pero es necesario

El 12 de agosto de 2026, la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Argentina, Eva Jané Llopis, y el jefe de Gabinete de la Defensoría, Sebastián Medina, firmaron un acuerdo marco para fortalecer las políticas públicas en salud mental, salud sexual y reproductiva, prevención de violencias e inmunizaciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes. En el marco de ese convenio, la OPS capacitó a profesionales de la Defensoría en el uso de un kit de abordaje comunitario de la salud mental adolescente, con el objetivo de multiplicar esa herramienta en distintas jurisdicciones del país.

El acuerdo representa un avance institucional relevante en un contexto en que el financiamiento efectivo del sector cae muy por debajo de lo que la ley ordena. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Argentina destinó apenas el 1,27% del gasto total en salud al área de salud mental, cuando la ley fija un mínimo del 10%.

El ajuste tiene un costo en salud mental infantil

Las cifras del impacto sobre las infancias son contundentes. Estudios recientes relevados por la Cámara de Diputados de la Nación advierten que entre el 10% y el 15% de los adolescentes en Argentina padece algún tipo de trastorno de conducta alimentaria (TCA), y que los datos del sistema de salud registran cientos de internaciones anuales de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, de referencia nacional, opera en condiciones de creciente restricción presupuestaria.

La experta Alejandra Barcala, con maestría en Salud Mental de la Universidad Nacional de Lanús, lo sintetizó con precisión en un encuentro organizado por la propia Defensoría: «Hay que pensar la salud mental desde que los niños son sujetos de derechos, no en forma tutelar ni acciones caritativas. La salud mental es una deuda pendiente que tenemos en las políticas públicas». En la misma línea, Amelia López, defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba, sostuvo que «las crisis de salud mental deben ser miradas de manera integral desde una perspectiva de derechos».

Un organismo que trabaja sin titular desde hace más de catorce años

La Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes funciona con las autoridades designadas en 2019, en un organismo que, tal como advirtió la Defensoría General de la Nación en julio de 2026, arrastra «una deuda con la niñez» que data de hace más de catorce años, cuando la figura fue creada por la Ley 26.061. El Congreso aprobó un orden de mérito en octubre de 2025, pero los plazos procesales para la designación formal fueron venciendo sin resolución ejecutiva. La omisión fue señalada por organismos internacionales, incluido el Comité sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas.

El contraste entre el mensaje del Día Mundial de la Salud Mental y la realidad institucional argentina es elocuente: mientras el organismo diseñado para defender los derechos de las infancias pide ser plenamente constituido, el presupuesto para atender la salud mental de esas mismas infancias se aleja de los estándares legales. Escuchar a las niñeces, como propone el dossier de La Defe, requiere algo más que publicar un material: requiere un Estado presente, financiado y con decisión política.