CABA
Potenciar Trabajo: protesta de cooperativistas y movimientos sociales
Se movilizarán este lunes «en defensa de los puestos de trabajo».
Trabajadores cooperativistas, con el respaldo de organizaciones sociales de izquierda, se movilizarán mañana hacia los ministerios de Desarrollo Social y de Obras Públicas «en defensa de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo» y por el «cumplimiento del 30 por ciento» de las obras públicas para cooperativas en distintos puntos del país, informaron voceros del sector.
La protesta se iniciará mañana desde las 10, con una concentración en la esquina de las avenidas 9 de Julio e Independencia.
«Los dos ejes más importante de nuestra protesta serán la denuncia por el vaciamiento al Programa Potenciar Trabajo, ante los anuncios de nuevas bajas y, además, exigiremos el cumplimiento de la asignación del 30% de participación en la obra pública, que se había anunciado en el Decreto 728» del Gobierno, adelantó a Télam Marianela Navarro, delegada nacional del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Según se informó a través de un comunicado conjunto, la acción callejera está respaldada por el FOL, el MTD Aníbal Verón; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS); el Movimiento Resistencia Popular (MRP); el Frente de Organizaciones de Base (FOB) y el MTR por la Democracia Directa.
En ese marco explicaron: «Ante el vaciamiento del Programa Potenciar Trabajo, las y los trabajadores de las organizaciones sociales, que llevamos adelante desde hace más de una década, espacios de trabajo productivo en todo el país, movilizamos en defensa de nuestros derechos, en defensa de nuestros salarios y por una vida digna».
«Esta avanzada oficial cumple estrictamente al pie de la letra, con todas las recetas de recortes que indica el FMI», dijeron.
Durante esta semana, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que «no hay ninguna nueva meta ni condicionamiento de ajuste del FMI» y rechazó los rumores sobre la posible «reducción de cantidad de titulares del Potenciar Trabajo» u otro programa de la cartera que dirige.
Además, la funcionaria, señaló que desde la cartera social a nivel nacional, «se está incrementando la inversión social» y destacó que «no habrá ajuste en esta gestión».
«Queremos aportar veracidad, tranquilidad y orden ante versiones infundadas publicadas en medios de comunicación que citan como fuentes reportes del FMI con supuestos condicionamientos o nuevas metas fiscales que impactarían sobre la inversión en políticas sociales», escribió Tolosa Paz en su cuenta de Twitter.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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