Gremiales
Pablo Moyano aseguró que la CGT “está facultada” para tomar nuevas medidas de fuerza
El líder camionero sostuvo que en la reunión del Consejo del Salario “no hubo discusión” alguna con los empresarios y que “la propuesta fue cero”. Además, se refirió a “la soberbia e improvisación del gobierno” de Javier Milei.
El cosecretario general de la CGT y adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Pablo Moyano, señaló este viernes que en la reunión del Consejo del Salario de ayer «no hubo discusión» con los empresarios y «la propuesta fue cero», y recordó que la central obrera «está facultada para tomar nuevas medidas» de fuerza.
En declaraciones radiales, Pablo Moyano afirmó que en el encuentro de ayer «no hubo discusión de empresarios con la CGT, la propuesta fue cero» y dijo que, «después de años de funcionamiento democrático del Consejo del Salario, pasó lo mismo que en el Congreso, la soberbia y la improvisación del gobierno».
«Estuvimos cinco horas en un circo del secretario de Trabajo, Omar Yasin, con los empresarios», aseguró Moyano, y sostuvo que «estas cosas aumentan la conflictividad social, ya que mientras discutíamos aumentaba el boleto y la tarifa de luz».
En tanto, al ser consultado sobre la posibilidad de un nuevo paro, Moyano contestó: «No sé la fecha, pero la CGT está facultada para tomar nuevas medidas».
«El pueblo argentino no son los 20 ó 30 que lo aplaudían arriba de un avión», dijo en relación a las muestras de afecto que recibió el presidente Javier Milei en su regreso de la gira que lo llevó a Israel, Italia y el Vaticano.
El Poder Ejecutivo, las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores no llegaron ayer a un acuerdo en la reunión del Consejo del Salario que debía determinar el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, por lo que el Gobierno laudará sobre el nuevo piso de esos ingresos, según informaron fuentes gremiales.
En tanto, en una entrevista que concedió esta mañana a Radio Rivadavia, el presidente Javier Milei descartó la posibilidad de establecer un nuevo salario mínimo, vital y móvil por decreto.
«¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?», se preguntó Milei.
Tras más de cuatro horas de reunión, en la cual hubo dos cuartos intermedios, las partes se retiraron sin definiciones ante el pedido de la CGT y las dos centrales de la CTA de establecer un piso de 288.600 pesos del SMVM a partir de febrero.
La CGT denunció que el Gobierno de Javier Milei «hizo fracasar la reunión» con el «único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo» sobre el salario mínimo, actualmente fijado en 156.000 pesos.
Gremiales
La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales
El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.
El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.
La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).
La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.
Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera
Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.
La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.
Topes por edad y condiciones de egreso
La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.
Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.
Un organismo que custodia el patrimonio natural del país
La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.
La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.
Un patrón que se repite en el Estado
El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.
Puntos clave
- La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
- Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
- Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
- Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
- La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.
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