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Judiciales ⚖️

Fallo ejemplar: ordenan reincorporar a un trabajador despedido en período de prueba

La Cámara Laboral falló a favor de la re instalación considerando la intencionalidad del DNU 329/20 y lo fundamental de la percepción salarial en épocas de pandemia.

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La Cámara Nacional del trabajo ordenó reinstalar provisoriamente y dentro de un plazo de 24 horas a un empleado que durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus fue despedido de una obra social en su período de prueba, confirmaron hoy fuentes judiciales.

La medida cautelar, con el apercibimiento de una multa de 1.500 pesos por cada día de demora en su cumplimiento, fue dictada en la demanda promovida por Javier Palazzo contra la obra social del Personal de la Unión Civil de la Nación, tras evaluar que el caso podría estar incluido dentro de las previsiones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 329/20.

«no se puede soslayar la finalidad protectoria del empleo establecida por el PEN mediante las distintas normativas que en este estado de emergencia sanitaria mundial se vienen dictando que tienen como funalidad la preservación de los puestos de trabajo».

La norma, varias veces prorrogada, dictada el 31 de marzo último en el marco de la emergencia económica, previsional, fiscal, energética y social (Ley 27541, a la que luego se sumó la sanitaria por la pandemia, prohibió por 60 días los despidos sin causa o por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor.

Se planteó si la veda incluye o no a las desvinculaciones decididas durante el «período de prueba» (tres meses) que habilita, con la sola voluntad de cualquiera de las partes, a la extinción de la relación laboral, sin expresión de causa.

En primera instancia se rechazó dictar la medida provisoria porque se consideró que, dentro de las limitaciones impuestas a la actividad judicial por la Corte Suprema de la Nación debido al aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), no se contaba con los elementos necesarios para imponer la «reinstalación cautelar», sin dar intervención a la obra social.

La Sala VII de la Cámara sostuvo que «para decidir la admisión de una pretensión cautelar no es menester efectuar un examen de certeza del derecho invocado, sino que sólo se exige una suficiente apariencia de verosimilitud en el planteo, de acuerdo a la naturaleza, contenido y alcances del acto cuestionado».

El tribunal señaló que «no se puede soslayar la finalidad protectoria del empleo establecida por el Poder Ejecutivo Nacional mediante las distintas normativas que en este estado de emergencia sanitaria mundial se vienen dictando» y «la preservación de los puestos de trabajo».

«Sobre todo -agregó- teniendo en cuenta la dificultad -más que evidente- de que el aquí accionante pueda hacerse de un nuevo puesto de trabajo ante el aislamiento social preventivo y obligatorio que, aunque con ciertas flexibilidades, continúa vigente a la fecha».

Los camaristas Néstor Rodríguez Brunengo y Graciela Carambia recalcaron que la percepción del salario es «prioritaria para las épocas que corren» por ser «una contraprestación esencial y alimentaria».

Córdoba

Justicia para Agostina Vega: Córdoba marchó y piden que la causa no cierre con 6 acusados

A casi cuatro meses del femicidio de la adolescente de 14 años, cientos de personas recorrieron el barrio Cofico hasta la Legislatura provincial. El fiscal pidió elevar la causa a juicio, pero Gabriel Vega, padre de la víctima, insiste en que hay más responsables que aún no fueron imputados.

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Cientos de personas salieron a las calles de Córdoba este sábado para exigir justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada hace casi cuatro meses. La marcha recorrió desde el barrio Cofico, el mismo lugar donde la menor fue vista con vida por última vez, hasta la Legislatura provincial, donde los manifestantes desplegaron una bandera con su imagen y el reclamo de justicia.

Gabriel Vega, padre de Agostina, encabezó la movilización y cuestionó públicamente el avance de la investigación. La causa está a punto de ir a juicio oral con seis personas acusadas, pero la familia sostiene que el expediente cierra con demasiados interrogantes abiertos y que hay responsables que todavía no fueron alcanzados por la Justicia. «Las pruebas hablan. Acá faltan personas», afirmó Vega durante la marcha.

La causa camino al juicio: seis acusados y una estrategia defensiva que cambia

El fiscal Raúl Garzón formalizó el pedido para elevar la causa a juicio oral. El principal imputado es Claudio Barrelier, acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, cargos que contemplan prisión perpetua. Junto a él quedaron imputados por presunto encubrimiento doblemente calificado: Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Soledad Andreani, Marianela Palmero y Eugenia Ascarruz.

La semana previa a la marcha, Barrelier amplió su declaración ante la Justicia y reiteró su versión de los hechos. El fiscal Garzón descartó que lo expresado por el acusado pudiera dejarlo «libre de culpa y cargo», aunque evitó brindar detalles sobre el contenido de esa presentación. La defensa de Barrelier, que cambió tanto de abogado como de estrategia, intenta ahora sostener una hipótesis que lo ubica como un «nexo» entre distintas partes, una figura que diluye su responsabilidad directa en lo ocurrido.

El reclamo del padre: investigar a tres personas más

Gabriel Vega lleva meses señalando que la investigación no agotó todas las líneas posibles. Durante la marcha volvió a reclamar que la Justicia avance sobre Viviana Brizuela, Ángela Barrelier y Mario Muñoz, a quienes la familia considera vinculados con el crimen. También cuestionó la situación procesal de Marianela Palmero, expareja del principal acusado, imputada por encubrimiento pero con una situación que la familia evalúa como insuficiente.

El reclamo del padre condensa una tensión que atraviesa muchas causas de femicidio: la distancia entre lo que la Justicia puede probar y lo que el entorno de la víctima percibe que efectivamente ocurrió. La elevación a juicio, aun siendo un avance procesal, no siempre significa para las familias que se hizo todo lo que se debía hacer.

El juicio oral podría comenzar a fines de 2026 o en los primeros meses de 2027

El abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, estimó que el debate oral podría comenzar entre fines de este año y los primeros meses de 2027, una vez cumplidas las etapas procesales que siguen al pedido de elevación a juicio. La decisión sobre ese pedido deberá atravesar la instancia de control jurisdiccional correspondiente antes de que se fije fecha.

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