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Privatización de AySA: el Gobierno oficializó la venta del 90% de las acciones estatales
La operación se realizará en dos etapas: primero, una licitación nacional e internacional para adjudicar el paquete mayoritario a un operador privado; luego, el remanente irá a la Bolsa.
El Gobierno nacional avanzó formalmente con la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante la venta del 90% de las acciones que posee el Estado. La decisión quedó plasmada en el Decreto 494/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y marca un giro estructural en la prestación del servicio público de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Según la normativa, la privatización se implementará en dos etapas: la primera, a través de una licitación pública nacional e internacional para adjudicar al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico del sector privado. La segunda contempla la colocación del remanente de acciones en los mercados bursátiles del país. No se prevé, en esta instancia, la implementación de un Programa de Propiedad Participada para trabajadores.
Cambio regulatorio y nuevos márgenes para el sector privado
El decreto fue dictado en el marco de la modificación del régimen jurídico que regía los servicios de agua y saneamiento, impulsada por el oficialismo en el Congreso junto con la Ley Bases. Entre otros cambios, se habilitó legalmente la entrada de capitales privados en AySA, así como la posibilidad de cortes de servicio por falta de pago, lo que modifica derechos adquiridos por usuarios y usuarias desde la reestatización de la empresa en 2006.
El texto oficial sostiene que “el Ministerio de Economía, en su carácter de autoridad de aplicación, adoptará las medidas necesarias para garantizar que la privatización no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.
Argumentos económicos y crítica a la gestión estatal
Entre los fundamentos expuestos, el Ejecutivo calificó a AySA como una empresa “deficitaria” y argumentó que su funcionamiento dependió de una “constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional”. Citando estados contables oficiales, señaló que entre 2006 y 2023 el Estado transfirió más de 13.400 millones de dólares para sostener su operación.
El decreto también apunta al “deterioro en la eficiencia y productividad” de la compañía, lo que se vería reflejado en la “disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos”.
“La intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no dio los resultados esperados”, sostiene el Gobierno, y remarca que la prestación actual “implica importantes erogaciones para el Estado Nacional”.
Objetivos de la privatización y nuevo modelo de gestión
En la letra del decreto, el Gobierno expresa que la transferencia mayoritaria de acciones al capital privado apunta a facilitar inversiones en infraestructura que la empresa, en su estado actual, no estaría en condiciones de financiar.
La operación busca “contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público”, según la redacción oficial, y plantea que ello se logrará mediante “técnicas regulatorias adecuadas” que permitan “satisfacer las necesidades de los usuarios”.
La medida implica un cambio sustancial en la naturaleza jurídica y operativa de AySA, que desde su reestatización —durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner— funcionaba como sociedad anónima con control estatal mayoritario y cobertura en Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Sin participación accionaria para trabajadores
A diferencia de otras privatizaciones históricas en el país, el proceso no contempla —al menos en esta etapa— un Programa de Propiedad Participada (PPP) para que trabajadoras y trabajadores de AySA accedan a acciones de la empresa. La ausencia del PPP fue señalada por referentes sindicales como un retroceso en los derechos laborales, aunque desde el Ejecutivo no se emitieron declaraciones al respecto.
Puntos clave:
- El Gobierno oficializó la venta del 90% de las acciones estatales de AySA mediante el Decreto 494/2025.
- La operación se realizará en dos etapas: licitación a operadores privados y colocación en bolsa.
- El texto argumenta que la empresa fue deficitaria y dependió de US$13.400 millones del Tesoro entre 2006 y 2023.
- Se modificó el marco regulatorio: se habilitan cortes por falta de pago y entrada de capital privado.
- No se implementará un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores de la empresa.
Energía
Los servicios públicos subieron 10% en junio en el AMBA: gas, luz y transporte golpean en pleno invierno
En junio, una familia tipo del AMBA sin subsidios gasta $282.758 por mes solo en servicios públicos, un 10% más que en mayo y un 54% más que en junio de 2025. Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios acumuló una suba del 919%, cuadruplicando la inflación general del período.
El invierno llegó con factura incluida. Según el informe mensual del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET), una familia representativa del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios desembolsa $282.758 por mes para cubrir sus necesidades de energía, transporte y agua potable. La cifra implica un incremento del 10,1% respecto a mayo y supera en un 54% al valor de junio del año pasado.
El dato no es anecdótico: la canasta de servicios públicos se ubicó en junio 20 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período, cuya variación interanual se estima en torno al 34%. La brecha confirma que los servicios básicos siguen corriendo muy por delante de los precios generales, aplastando el poder adquisitivo de los hogares trabajadores.
El invierno como acelerador del ajuste
El IIEP precisó que el aumento mensual del 10,1% responde a «la combinación de incrementos tarifarios en todos los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno», con el gas como componente de mayor incidencia.
En materia de gas, el cargo fijo subió un 4,4% y el variable un 2,2% en junio. Pero el efecto estacional amplificó esa suba: al iniciarse el pico de consumo invernal, la factura promedio trepó un 23,4% respecto al mes anterior. El gas es el servicio con mayor peso en la canasta durante el período frío y su impacto se sentirá con mayor fuerza en julio.
La energía eléctrica siguió una lógica similar: ajuste tarifario del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable, más el efecto del incremento de consumo invernal. El resultado fue un aumento del gasto del 14,8% frente a mayo.
En transporte, las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 4,6%, mientras que las líneas interjurisdiccionales registraron una suba del 7,1%, luego de haber subido ya un 7,7% en abril. El gasto total de las familias en transporte creció un 5,7% mensual.
El agua fue el único servicio que mostró contención relativa: tres factores confluyeron, según el IIEP, el ajuste tarifario, un día menos de facturación por tratarse de un mes de 30 días, y el nuevo tope de incremento mensual del 3% vigente desde mayo. El resultado fue una suba mínima del 0,2% respecto a mayo.
El transporte, principal amenaza al ingreso
En términos interanuales, el transporte lidera el ranking de aumentos con una suba del 75% respecto a junio de 2025, por encima del IPC estimado. El agua, la electricidad y el gas acumularon incrementos interanuales del 48%, 43% y 37% respectivamente.
El peso del transporte sobre el ingreso familiar es ya alarmante. Según el IIEP, ese rubro explica el 41% del salario destinado a servicios públicos, convirtiendo al colectivo y al tren en el gasto más pesado dentro de la canasta básica de supervivencia cotidiana.
En términos generales, el informe precisó que la canasta de servicios de junio representa el 15% del salario promedio registrado estimado del mes, calculado en $1.919.353. Dicho de otro modo: con un sueldo promedio, un trabajador puede costear apenas 6,8 canastas de servicios públicos, contra las 8 que podía afrontar en junio de 2025. La capacidad real de hacer frente a esos costos cayó un 15% en un año.
919% acumulado: cuatro veces la inflación general
El dato estructural que el informe del IIEP vuelve a poner sobre la mesa es el más devastador: desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023 hasta junio de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó un 919%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en un 236%. Los servicios subieron casi cuatro veces más que la inflación general en dos años y medio de gestión libertaria.
Ese diferencial no es casual. Responde a la política deliberada de «sinceramiento tarifario» que el gobierno de Milei aplicó desde el primer día, eliminando o reduciendo subsidios sin que los ingresos de los trabajadores recuperaran terreno equivalente. La consecuencia directa es que una porción cada vez mayor del salario se destina a pagar facturas, erosionando la capacidad de consumo en alimentos, vestimenta y bienes básicos.
El IIEP advirtió además que, a pesar del ajuste sistemático, el Estado todavía cubre el 42% del costo real de los servicios vía subsidios, con una cobertura que varía según el servicio y el nivel de ingresos del hogar. La pregunta que el informe deja implícita es cuánto más puede recortarse ese colchón sin que el impacto social se vuelva inmanejable.
Puntos clave
- La canasta de servicios públicos en el AMBA llegó en junio a $282.758 mensuales para un hogar sin subsidios, un 10,1% más que en mayo.
- Desde diciembre de 2023, los servicios acumularon una suba del 919%, contra un 236% de inflación general en el mismo período.
- El gas lideró el aumento mensual con una factura un 23,4% más cara que en mayo, impulsada por ajuste tarifario y estacionalidad invernal.
- El transporte encabeza los incrementos interanuales con un 75% de suba respecto a junio de 2025.
- La canasta de servicios representa el 15% del salario promedio registrado, y un trabajador puede costear hoy 6,8 canastas, frente a las 8 que podía en junio de 2025.
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