El Gobierno nacional avanzó formalmente con la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante la venta del 90% de las acciones que posee el Estado. La decisión quedó plasmada en el Decreto 494/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y marca un giro estructural en la prestación del servicio público de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según la normativa, la privatización se implementará en dos etapas: la primera, a través de una licitación pública nacional e internacional para adjudicar al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico del sector privado. La segunda contempla la colocación del remanente de acciones en los mercados bursátiles del país. No se prevé, en esta instancia, la implementación de un Programa de Propiedad Participada para trabajadores.

Cambio regulatorio y nuevos márgenes para el sector privado

El decreto fue dictado en el marco de la modificación del régimen jurídico que regía los servicios de agua y saneamiento, impulsada por el oficialismo en el Congreso junto con la Ley Bases. Entre otros cambios, se habilitó legalmente la entrada de capitales privados en AySA, así como la posibilidad de cortes de servicio por falta de pago, lo que modifica derechos adquiridos por usuarios y usuarias desde la reestatización de la empresa en 2006.

El texto oficial sostiene que “el Ministerio de Economía, en su carácter de autoridad de aplicación, adoptará las medidas necesarias para garantizar que la privatización no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.

Argumentos económicos y crítica a la gestión estatal

Entre los fundamentos expuestos, el Ejecutivo calificó a AySA como una empresa “deficitaria” y argumentó que su funcionamiento dependió de una “constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional”. Citando estados contables oficiales, señaló que entre 2006 y 2023 el Estado transfirió más de 13.400 millones de dólares para sostener su operación.

El decreto también apunta al “deterioro en la eficiencia y productividad” de la compañía, lo que se vería reflejado en la “disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos”.

“La intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no dio los resultados esperados”, sostiene el Gobierno, y remarca que la prestación actual “implica importantes erogaciones para el Estado Nacional”.

Objetivos de la privatización y nuevo modelo de gestión

En la letra del decreto, el Gobierno expresa que la transferencia mayoritaria de acciones al capital privado apunta a facilitar inversiones en infraestructura que la empresa, en su estado actual, no estaría en condiciones de financiar.

La operación busca “contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público”, según la redacción oficial, y plantea que ello se logrará mediante “técnicas regulatorias adecuadas” que permitan “satisfacer las necesidades de los usuarios”.

La medida implica un cambio sustancial en la naturaleza jurídica y operativa de AySA, que desde su reestatización —durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner— funcionaba como sociedad anónima con control estatal mayoritario y cobertura en Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

Sin participación accionaria para trabajadores

A diferencia de otras privatizaciones históricas en el país, el proceso no contempla —al menos en esta etapa— un Programa de Propiedad Participada (PPP) para que trabajadoras y trabajadores de AySA accedan a acciones de la empresa. La ausencia del PPP fue señalada por referentes sindicales como un retroceso en los derechos laborales, aunque desde el Ejecutivo no se emitieron declaraciones al respecto.

Puntos clave:

• El Gobierno oficializó la venta del 90% de las acciones estatales de AySA mediante el Decreto 494/2025.
• La operación se realizará en dos etapas: licitación a operadores privados y colocación en bolsa.
• El texto argumenta que la empresa fue deficitaria y dependió de US$13.400 millones del Tesoro entre 2006 y 2023.
• Se modificó el marco regulatorio: se habilitan cortes por falta de pago y entrada de capital privado.
• No se implementará un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores de la empresa.