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Consumo

Endeudarse para vivir: una diputada bonaerense impulsa una ley contra el acoso financiero y los préstamos digitales sin control

La legisladora Noelia Saavedra presentó en la Cámara bonaerense un proyecto para regular el crédito digital, limitar las cobranzas extrajudiciales abusivas y proteger a las familias que se endeudan para pagar servicios, medicamentos y alimentos. La iniciativa surge de un diagnóstico territorial que convirtió el sobreendeudamiento en un problema de convivencia barrial y violencia cotidiana.

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El Argentino Diario-Billetera.
Se endeudan para comer, los acosar para cobrarles: la ley que quiere frenar el negocio de la desesperación.

El sobreendeudamiento de las familias argentinas dejó de ser un fenómeno estadístico para volverse un problema de barrio: vecinos que se prestan entre sí, conflictos que escalan, violencia que irrumpe donde antes había comunidad. Ese diagnóstico, construido desde el territorio del conurbano bonaerense, es el que empujó a la diputada provincial Noelia Saavedra, del espacio Reconquista que conduce la intendenta de Moreno Mariel Fernández, a presentar en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para frenar el acoso financiero y regular el crecimiento descontrolado del crédito digital.

«Las problemáticas barriales se convierten en situaciones muy peligrosas y muy violentas entre vecinos. Nosotros entendemos que estas problemáticas no son de índole personal, sino que tiene que intervenir el Estado», definió Saavedra en declaraciones públicas. La afirmación resume la lógica de fondo de una iniciativa que no trata el endeudamiento como un vicio individual, sino como una consecuencia directa del ajuste que el gobierno de Javier Milei descargó sobre los sectores populares desde diciembre de 2023.

El ajuste que no necesita nombre propio

La explicación que ofrece la propia legisladora no deja lugar a interpretaciones ambiguas: «Lo que vemos es que cada vez más familias se endeudan para cubrir necesidades básicas, comprar medicamentos y pagar servicios a partir de todas las quitas de regulaciones del gobierno nacional y de subsidios, tanto en los servicios como en el transporte; en los medicamentos de las personas jubiladas y en los recortes que hay en la política alimentaria». El circuito es conocido y documentado: tarifas que desde diciembre de 2023 acumulan subas de hasta el 912% en transporte y el 748% en gas, medicamentos sin acceso para jubilados tras el vaciamiento del PAMI, y una política alimentaria que se desmanteló junto con los fondos del Fondo de Sustentabilidad.

En ese contexto, el crédito dejó de ser un instrumento de inversión o consumo voluntario para convertirse en una válvula de supervivencia. Y cuando esa válvula explota, el sistema de cobranza extrajudicial es el que ocupa el espacio que el Estado abandonó.

Fintech, click y deuda: el negocio que no informa

La iniciativa apunta con especial énfasis al funcionamiento de las plataformas de crédito digital, billeteras virtuales y sistemas de financiamiento del tipo «compra ahora, paga después» (Buy Now, Pay Later). Saavedra señaló que estos préstamos «llegan sin mucha información, sin hacer por parte de las empresas un cálculo sobre un scoring de cuánta deuda puede tomar» el solicitante, o incluso «sabiendo que esa familia no va a poder pagar». La denuncia no es menor: describe un modelo de negocio que capitaliza la desesperación y la falta de acceso al crédito formal.

El proyecto propone que las empresas exhiban una «Ficha de Costo Total» con tasas, punitorios, refinanciaciones y costo final de cada operación, y prohíbe cargos ocultos, renovaciones automáticas y consentimientos tácitos. Además, restringe el acceso de las aplicaciones a datos personales sensibles, como contactos, galería de imágenes, ubicación permanente y micrófono, cuando esa información no sea necesaria para la operación financiera. La norma busca poner en caja a operadores como Mercado Pago y Ualá, que hoy funcionan en un marco de escasa regulación provincial.

El hostigamiento como negocio

Uno de los capítulos más extensos y urgentes del proyecto regula las cobranzas extrajudiciales. Las prácticas que describe no son hipotéticas, sino documentadas: llamadas a deshora, mensajes amenazantes por WhatsApp, contacto con familiares, compañeros de trabajo y exparejas, escraches y simulación de instancias judiciales que en la mayoría de los casos no tienen respaldo legal real. «Las comunicaciones hostigantes, la utilización de mecanismos automatizados sin control, el contacto con terceros, las amenazas o la simulación de instancias judiciales constituyen formas de violencia económica que afectan la dignidad de las personas y agravan las situaciones de vulnerabilidad«, justificó Saavedra.

Los números que respaldan esa descripción son concretos. Solo en el primer semestre de 2026, la Dirección de Derechos de Consumidores y Usuarios del municipio de Moreno recibió 287 denuncias contra bancos y financieras virtuales y brindó 372 asesoramientos jurídicos vinculados a esta problemática. No es un caso aislado; es la tendencia que se repite en el conurbano profundo.

Moreno como laboratorio de política pública

La propuesta legislativa no llegó de la nada. Se construyó sobre una experiencia concreta: en abril de 2026, el municipio de Moreno sancionó una ordenanza para familias en situaciones de vulnerabilidad financiera que habilitó la reestructuración de deuda a través de una instancia conciliatoria municipal, sancionó las prácticas usureras y creó un registro obligatorio de todos los comercios y entidades que otorgan créditos al consumo en el territorio. El proyecto de Saavedra escala esa experiencia al ámbito provincial.

A nivel legislativo, la iniciativa propone facultar a la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios como autoridad de aplicación para fiscalizar plataformas de crédito digital, billeteras virtuales, proveedores de servicios de pago y sistemas de cobranza automatizada dentro del ámbito bonaerense. Esto implica que el Estado provincial recuperaría capacidad regulatoria sobre un segmento del mercado financiero que hasta ahora opera con una supervisión mínima.

La propuesta de Saavedra llega en un momento en que el sobreendeudamiento dejó de ser un dato técnico para convertirse en el termómetro más preciso de lo que el ajuste libertario le hace a la gente. Endeudarse para comprar pan, medicamentos o pagar la luz no es libertad económica, es la contracara del abandono del Estado. Y regularlo, aunque sea desde una legislatura provincial, es al menos reconocer que el problema existe y que alguien debe hacerse cargo.

Puntos clave

  • La diputada bonaerense Noelia Saavedra presentó un proyecto para crear el «Sistema Bonaerense de Protección frente al Endeudamiento de Consumo, el Endeudamiento Digital y las Cobranzas Abusivas».
  • El proyecto regula el crédito digital, las fintech, las billeteras virtuales y los sistemas Buy Now Pay Later, exigiendo transparencia total sobre tasas y costos finales.
  • Prohíbe prácticas de cobranza extrajudicial abusiva: mensajes amenazantes, contacto con terceros, escraches y simulación de instancias judiciales.
  • Solo en el primer semestre de 2026, Moreno registró 287 denuncias contra bancos y financieras virtuales y brindó 372 asesoramientos jurídicos sobre endeudamiento.
  • La iniciativa propone escalar a nivel provincial la ordenanza de Moreno, que en abril de 2026 creó una instancia conciliatoria municipal para reestructuración de deudas.

Consumo

Morosidad: LLA ganó el dictamen y responde a la crisis con educación financiera

Con 32 firmas contra 27, el oficialismo y sus aliados se quedaron con el dictamen de mayoría en Diputados: un proyecto sin tope de tasas ni refinanciación para quienes ya están en mora. La oposición confía en dar vuelta la votación en el recinto.

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"Cuando le llega el agua al cuello": LLA ganó el dictamen y dejó a los endeudados sin salvavidas.

La mora de las familias con las fintech ya trepa al 31,5% y en el sistema bancario llega al 12,5%, según los números que expuso el propio Banco Central. Frente a ese cuadro, la respuesta que el oficialismo logró imponer en el Congreso no toca las tasas de interés ni ofrece un solo plan de refinanciación a quienes ya no pueden pagar: el Gobierno propone informar mejor a los deudores y enseñarles educación financiera, mientras millones de hogares siguen atrapados en cuotas que no pueden cubrir.

La Libertad Avanza, junto a sus aliados del PRO y la UCR, se alzó con el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados. El proyecto oficialista reunió 32 firmas, contra las 27 que cosechó la iniciativa conjunta de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica. Los dos representantes de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, suscribieron un tercer dictamen de minoría. Se trata, sin embargo, de una mayoría circunstancial que responde a la forma en que están integradas las comisiones, y en la oposición se entusiasman con revertir la tendencia cuando el tema llegue al recinto.

Transparencia sin alivio: la receta libertaria

La iniciativa del oficialismo lleva por nombre «ley de transparencia crediticia, educación financiera, mitigación del fraude digital y protección de los consumidores». Tal como anticipa su título, pone el acento en brindar información detallada al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene con tasas máximas ni con planes de refinanciación para los deudores en situación crítica.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici defendió el texto y señaló como uno de sus pilares la transparencia y el acceso a la información sobre los créditos al consumo, con especial detalle en los de corto plazo, que suelen tener las tasas más altas. Entre los otros ejes mencionó la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de las obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de las entidades bancarias y las plataformas.

La legisladora acusó a la oposición de buscar un «atajo» con «parches» que, a su juicio, provocan «la caída y el quiebre del régimen financiero». Comparó los topes a las tasas, los plazos obligatorios y la condonación de punitorios con la ley de alquileres y sostuvo: «Poniendo topes ficticios porque lo diga una ley momentánea, lo que hacen es quebrar un mercado, quebrarle las posibilidades de oportunidad a la gente para poder pensar en un país distinto». Cerró su intervención cuestionando el «populismo» opositor.

El argumento repite una matriz conocida del discurso libertario: cualquier regulación en defensa de los sectores más débiles es presentada como una amenaza para el mercado. Lo que el dictamen oficial no explica es qué ocurre con las familias que ya cayeron en mora y no tienen margen para esperar que la información llegue a tiempo.

La alternativa opositora: emergencia, refinanciación y tope a las tasas

El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado «ley de regularización y alivio financiero», declara la emergencia por 180 días y crea un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas. Pueden adherir las personas con una mora superior a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, que actualmente equivalen a 3.200.000 pesos. La cuota máxima no puede superar el 30% de los ingresos del deudor.

Quien quiera sumarse deberá tramitarlo ante su propio acreedor y, si este no admite la gestión, intervendrá el Banco Central. El texto condona el 100% de los intereses punitorios, respeta el capital y pone límites a los intereses compensatorios. Además fija un techo a la tasa de interés que garantiza a los acreedores una ganancia moderada, consistente en un plus sobre la tasa de refondeo mayorista (TAMAR). Según el proyecto, ese límite «se aplicará sobre el costo financiero total de la operación, comprendiendo intereses, comisiones, cargos, seguros y todo otro concepto a cargo de la persona deudora, excepto impuestos». La iniciativa incluye también capítulos sobre portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.

«No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello. Entonces, vemos que el dictamen del oficialismo sigue posicionado en la negación del problema que tienen seis millones de argentinos», sostuvo el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano. El radical bonaerense explicó que el tope de dos canastas busca concentrar la ayuda en «las personas que no pueden llegar a fin de mes y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas» y remarcó: «Nuestra ley es de orden público. Son derechos irrenunciables».

Argentina Federal: unificar deudas con tasa fija

El dictamen que diseñó el misionero Herrera Ahuad crea el «Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal», que permite unificar deudas en una sola operación con cuotas a una tasa fija máxima del 35%. Podrán acceder quienes tengan ingresos fijos que no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El texto además prohíbe a las emisoras de tarjetas y a las entidades financieras no bancarias ofrecer una Tasa Nominal Anual superior a 1,5 veces la que se paga por los plazos fijos a 30 días para personas humanas.

Herrera Ahuad también cuestionó que el oficialismo «mande a la gente a estudiar» sin resolver la situación de quienes ya están en mora. «En la Argentina, los endeudados son pobres y están sufriendo. Tenemos que ser mucho más responsables. No hablo de pisarles la cabeza a los bancos o a entidades fintech», aclaró.

El Banco Central relativiza la crisis

Antes de la intervención de los legisladores expuso el director del Banco Central Nicolás Ferro, quien buscó quitarle dramatismo al problema. «La mora nunca va a ser cero en un país que crece y tiene crédito», afirmó, y agregó: «La mora viene con el crédito. Si es cero, es porque no hay crédito». El funcionario destacó que desde abril de 2024 el saldo de financiaciones creció un 140% y que el crédito hipotecario se duplicó, hasta representar el 5% del balance de los bancos.

Sus propias cifras, sin embargo, dibujan un cuadro menos tranquilizador: sobre un saldo total de crédito de 165 billones de pesos, la mora alcanza el 12,5% en el sistema bancario y el 31,5% en las fintech, es decir, casi uno de cada tres pesos prestados por esas plataformas está en situación irregular. Ferro sostuvo que el pico del ratio de irregularidad se registró a mediados de 2025, que en agosto de este año se observó una caída y que los niveles actuales no son extraordinarios, en comparación con 2018. También indicó que entre un tercio y un cuarto del saldo bancario en cartera irregular ya fue refinanciado.

La lectura oficial choca con otros diagnósticos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado con datos del Banco Central hasta mayo advirtió que la morosidad de las familias con los bancos es la más alta desde la poscrisis de 2001, que la irregularidad con las billeteras virtuales llegó al 29,6% y superó el techo de la pandemia, y que alrededor de 5,8 millones de personas se encuentran en mora. Detrás de cada punto de irregularidad hay salarios que no alcanzan, créditos tomados para comprar alimentos y hogares que destinan cada vez más ingresos a pagar intereses.

La pulseada que viene en el recinto

La diferencia de cinco firmas en comisión no garantiza nada en el pleno. La oposición cuenta con tres propuestas que, con matices, coinciden en un punto que el oficialismo rechaza: que el Estado intervenga para aliviar a quienes ya están endeudados. El debate de fondo no es técnico sino político: se trata de decidir si la crisis del endeudamiento familiar se resuelve con cursos o con herramientas concretas de alivio.

Lo que tenés que saber:

  • El oficialismo, con el PRO y la UCR, obtuvo dictamen de mayoría con 32 firmas; Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica reunieron 27.
  • El proyecto de LLA apuesta a la transparencia y la educación financiera, pero no fija tasas máximas ni planes de refinanciación.
  • La propuesta opositora declara la emergencia por 180 días, habilita refinanciar en al menos 12 cuotas y condona el 100% de los punitorios.
  • Argentina Federal propone unificar deudas con una tasa fija máxima del 35%.
  • Según el Banco Central, la mora llega al 12,5% en los bancos y al 31,5% en las fintech.
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