El sobreendeudamiento de las familias argentinas dejó de ser un fenómeno estadístico para volverse un problema de barrio: vecinos que se prestan entre sí, conflictos que escalan, violencia que irrumpe donde antes había comunidad. Ese diagnóstico, construido desde el territorio del conurbano bonaerense, es el que empujó a la diputada provincial Noelia Saavedra, del espacio Reconquista que conduce la intendenta de Moreno Mariel Fernández, a presentar en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para frenar el acoso financiero y regular el crecimiento descontrolado del crédito digital.

«Las problemáticas barriales se convierten en situaciones muy peligrosas y muy violentas entre vecinos. Nosotros entendemos que estas problemáticas no son de índole personal, sino que tiene que intervenir el Estado», definió Saavedra en declaraciones públicas. La afirmación resume la lógica de fondo de una iniciativa que no trata el endeudamiento como un vicio individual, sino como una consecuencia directa del ajuste que el gobierno de Javier Milei descargó sobre los sectores populares desde diciembre de 2023.

El ajuste que no necesita nombre propio

La explicación que ofrece la propia legisladora no deja lugar a interpretaciones ambiguas: «Lo que vemos es que cada vez más familias se endeudan para cubrir necesidades básicas, comprar medicamentos y pagar servicios a partir de todas las quitas de regulaciones del gobierno nacional y de subsidios, tanto en los servicios como en el transporte; en los medicamentos de las personas jubiladas y en los recortes que hay en la política alimentaria». El circuito es conocido y documentado: tarifas que desde diciembre de 2023 acumulan subas de hasta el 912% en transporte y el 748% en gas, medicamentos sin acceso para jubilados tras el vaciamiento del PAMI, y una política alimentaria que se desmanteló junto con los fondos del Fondo de Sustentabilidad.

En ese contexto, el crédito dejó de ser un instrumento de inversión o consumo voluntario para convertirse en una válvula de supervivencia. Y cuando esa válvula explota, el sistema de cobranza extrajudicial es el que ocupa el espacio que el Estado abandonó.

Fintech, click y deuda: el negocio que no informa

La iniciativa apunta con especial énfasis al funcionamiento de las plataformas de crédito digital, billeteras virtuales y sistemas de financiamiento del tipo «compra ahora, paga después» (Buy Now, Pay Later). Saavedra señaló que estos préstamos «llegan sin mucha información, sin hacer por parte de las empresas un cálculo sobre un scoring de cuánta deuda puede tomar» el solicitante, o incluso «sabiendo que esa familia no va a poder pagar». La denuncia no es menor: describe un modelo de negocio que capitaliza la desesperación y la falta de acceso al crédito formal.

El proyecto propone que las empresas exhiban una «Ficha de Costo Total» con tasas, punitorios, refinanciaciones y costo final de cada operación, y prohíbe cargos ocultos, renovaciones automáticas y consentimientos tácitos. Además, restringe el acceso de las aplicaciones a datos personales sensibles, como contactos, galería de imágenes, ubicación permanente y micrófono, cuando esa información no sea necesaria para la operación financiera. La norma busca poner en caja a operadores como Mercado Pago y Ualá, que hoy funcionan en un marco de escasa regulación provincial.

El hostigamiento como negocio

Uno de los capítulos más extensos y urgentes del proyecto regula las cobranzas extrajudiciales. Las prácticas que describe no son hipotéticas, sino documentadas: llamadas a deshora, mensajes amenazantes por WhatsApp, contacto con familiares, compañeros de trabajo y exparejas, escraches y simulación de instancias judiciales que en la mayoría de los casos no tienen respaldo legal real. «Las comunicaciones hostigantes, la utilización de mecanismos automatizados sin control, el contacto con terceros, las amenazas o la simulación de instancias judiciales constituyen formas de violencia económica que afectan la dignidad de las personas y agravan las situaciones de vulnerabilidad«, justificó Saavedra.

Los números que respaldan esa descripción son concretos. Solo en el primer semestre de 2026, la Dirección de Derechos de Consumidores y Usuarios del municipio de Moreno recibió 287 denuncias contra bancos y financieras virtuales y brindó 372 asesoramientos jurídicos vinculados a esta problemática. No es un caso aislado; es la tendencia que se repite en el conurbano profundo.

Moreno como laboratorio de política pública

La propuesta legislativa no llegó de la nada. Se construyó sobre una experiencia concreta: en abril de 2026, el municipio de Moreno sancionó una ordenanza para familias en situaciones de vulnerabilidad financiera que habilitó la reestructuración de deuda a través de una instancia conciliatoria municipal, sancionó las prácticas usureras y creó un registro obligatorio de todos los comercios y entidades que otorgan créditos al consumo en el territorio. El proyecto de Saavedra escala esa experiencia al ámbito provincial.

A nivel legislativo, la iniciativa propone facultar a la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios como autoridad de aplicación para fiscalizar plataformas de crédito digital, billeteras virtuales, proveedores de servicios de pago y sistemas de cobranza automatizada dentro del ámbito bonaerense. Esto implica que el Estado provincial recuperaría capacidad regulatoria sobre un segmento del mercado financiero que hasta ahora opera con una supervisión mínima.

La propuesta de Saavedra llega en un momento en que el sobreendeudamiento dejó de ser un dato técnico para convertirse en el termómetro más preciso de lo que el ajuste libertario le hace a la gente. Endeudarse para comprar pan, medicamentos o pagar la luz no es libertad económica, es la contracara del abandono del Estado. Y regularlo, aunque sea desde una legislatura provincial, es al menos reconocer que el problema existe y que alguien debe hacerse cargo.

Puntos clave

• La diputada bonaerense Noelia Saavedra presentó un proyecto para crear el «Sistema Bonaerense de Protección frente al Endeudamiento de Consumo, el Endeudamiento Digital y las Cobranzas Abusivas».
• El proyecto regula el crédito digital, las fintech, las billeteras virtuales y los sistemas Buy Now Pay Later, exigiendo transparencia total sobre tasas y costos finales.
• Prohíbe prácticas de cobranza extrajudicial abusiva: mensajes amenazantes, contacto con terceros, escraches y simulación de instancias judiciales.
• Solo en el primer semestre de 2026, Moreno registró 287 denuncias contra bancos y financieras virtuales y brindó 372 asesoramientos jurídicos sobre endeudamiento.
• La iniciativa propone escalar a nivel provincial la ordenanza de Moreno, que en abril de 2026 creó una instancia conciliatoria municipal para reestructuración de deudas.