Consumo
La Secretaría de Comercio dejará de existir según Milei
«No tienen que estar haciendo eso de regular precios, a mi me parece una aberración eso», dijo Milei en declaraciones a radio El Observador.
El presidente electo Javier Milei dijo hoy que la regulación de precios es «una aberración» y que en su gestión la Secretaría de Comercio dejará de existir «en el sentido que le han dado históricamente los gobiernos» anteriores.
«No tienen que estar haciendo eso de regular precios, a mi me parece una aberración eso», dijo Milei en declaraciones a radio El Observador.
Consultado sobre si existirá en su gobierno la Secretaría de Comercio, dijo que «no en el sentido que le han dado históricamente los gobiernos».
Acerca de si liberará los precios de la economía, Milei respondió que «todos los que pueda, hay algunos que todavía no puedo hacerlo por las características de las bombas que dejó plantadas el Gobierno».
Explicó que «con algunos tipos de instrumentos indexados a dólar, la liberación del cepo puede generar un problema muchísimo más grande que cuando se salió del cepo con Macri, con el dólar futuro; bueno ese problema es chiquito al lado del que están dejando ahora».
«Las Leliqs es un primer elemento, el problema central del cepo es que te entorpece la economía, te la traba y no te deja expandirte, entonces tenés que abrir el cepo pero tiene que estar hecho en un contexto donde no tengas un cambio de portafolio que implique una brutal caída de la demanda de pesos que te dispare la hiper», enfatizó el presidente electo.
Alertó que en este momento «están sentadas las bases para una hiperinflación que la de Alfonsín sería un porotito».»La inflación en noviembre va a estar en torno al 15´%, en diciembre en torno al 20; vencen un montón de acuerdos de precios en enero, con la estacionalidad podemos tener números estrafalarios, entonces qué quieren más billetes? quieren que sigamos haciendo trampa», cuestionó.
Actualmente, la Secretaría de Comercio funciona dentro del organigrama del Ministerio de Economía, a cargo de Matías Tombolini, y es el organismo que lleva adelante los acuerdos denominados Precios Justos, que se negocian con las empresas de consumo masivo y distintos sectores de la economía, entre otras cuestiones.
Según información oficial, la Secretaría de Comercio trabaja en la formulación y ejecución de la política comercial e implementa medidas comerciales tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios públicos y privados.
Asimismo, diseña políticas de defensa de los consumidores y consumidoras y de defensa de la competencia y supervisamos la gestión del comercio exterior en coordinación con otras áreas competentes.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, estuvieron a cargo de esta secretaría Paula Español, Roberto Feletti, Guillermo Hang, Martín Pollera y Matías Tombolini.
El programa Precios Cuidados se lanzó a finales de 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de contener los aumentos de precios de la canasta básica alimentaria.
El programa se mantuvo a lo largo de los distintos gobiernos, incluso durante el macrismo, aunque según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en ese período «se constataron una serie de prácticas y de políticas públicas que afectaron sensiblemente este espíritu original Programa, desvirtuando sus objetivos».
«Se observó una tendencia al reemplazo de productos líderes por productos con menor peso en el mercado, afectando el principal objetivo del Programa: acuerdos que oficien como precios de referencia. Precios Cuidados había dejado de ser un conjunto de bienes que servían de ancla para los precios, convirtiéndose en una canasta barata para sectores de bajos ingresos».
En el inicio del gobierno de Alberto Fernández se retomó una ampliación de la canasta y los acuerdos de Precios Cuidados, que en noviembre de 2022 fue relanzado como Precios Justos, que al día de hoy fija precios en unos dos mil productos de la canasta básica y una pauta de incremento mensual regulado sobre unos 50 mil productos.
Consumo
Casi mil detenidos y 70.000 policías: Francia, otra vez en tensión por el costo de vida
Un dispositivo de 70.000 efectivos, drones, blindados y toques de queda parciales no evitó los choques en París, Lyon y otras ocho ciudades. Los gremios ya convocaron a una huelga general para el 5 de noviembre, mientras el reclamo económico de fondo sigue sobre la mesa.
Casi mil personas terminaron detenidas este sábado en Francia, en una jornada que arrancó con marchas relativamente calmas y derivó en graves enfrentamientos con la policía en al menos diez ciudades. Las protestas, motivadas por el aumento del costo de vida y el reclamo de mejoras en las condiciones estudiantiles, volvieron a poner al Gobierno de Emmanuel Macron contra las cuerdas.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que las fuerzas de seguridad arrestaron a casi mil personas y que dos manifestantes resultaron heridos de gravedad en Toulouse y Clermont-Ferrand. El funcionario señaló además que no hubo saqueos durante la jornada, un dato que contrasta con lo ocurrido el 17 de octubre.

Una movilización masiva y una guerra de cifras
La convocatoria tuvo un acatamiento multitudinario. Según los registros oficiales, participaron 410.000 personas en todo el país; la Confederación General del Trabajo (CGT) elevó la cifra a cerca de 800.000. La diferencia entre ambos números es casi del doble, y es la medida de la disputa política que rodea a la protesta. En París, la marcha principal reunió entre 110.000 y 250.000 manifestantes.
La tensión estalló al final de las concentraciones, con focos de conflicto en París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse, Estrasburgo, Nantes, Lille, Niza y Grenoble.
Blindaje policial y toques de queda
El Gobierno ejecutó un operativo sin precedentes: 70.000 efectivos policiales, unidades de élite, tropas de la misión militar Sentinelle, vehículos blindados de la gendarmería, helicópteros y drones. Para dispersar barricadas, las fuerzas recurrieron al uso repetido de gases lacrimógenos y cañones de agua. Las autoridades también fijaron toques de queda nocturnos parciales en zonas periféricas y restricciones para las concentraciones públicas.
Nuñez defendió el accionar policial y habló de «un nivel extremadamente elevado de violencia» protagonizado por grupos radicales de ultraizquierda vestidos de negro. La respuesta oficial se concentra en el orden público y en señalar a la izquierda radical, una línea que Macron ya había adoptado tras los incidentes anteriores.
El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, valoró la respuesta masiva en las calles y exigió al Presidente que ceda de inmediato ante los reclamos económicos. Anticipó que las medidas de protesta continuarán en las próximas semanas y apuntó a la huelga general convocada para el 5 de noviembre.
El antecedente del 17 de octubre
La jornada del sábado llegó una semana después de la protesta del 17 de octubre, que degeneró en saqueos, incendios y enfrentamientos en las principales ciudades. Según los balances oficiales de esos días, hubo cerca de 2.400 detenidos, unos mil policías heridos y alrededor de 3.000 comercios afectados. Macron habló en cadena nacional y dijo: «Sentimos rabia y vergüenza».
El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció el 19 de octubre toques de queda parciales y descartó uno general en París. Macron reconoció «fallos» en la respuesta policial, pero descartó la salida del ministro del Interior. Entre las medidas conocidas figuran los toques de queda, las restricciones a las concentraciones y un esquema de desempleo parcial para los comercios afectados; el reclamo por el costo de vida, en cambio, es el que Mélenchon exige atender.
Una ola que cruza Europa
La agitación francesa se inscribe en una ola de movilizaciones más amplia, según informó un canal de noticias argentino. En Italia, España, Portugal y Albania, miles de jóvenes y familias salieron a las calles de Roma, Milán, Turín, Barcelona y Tirana contra el encarecimiento de los alimentos, la crisis del alquiler y el aumento de los gastos militares, con choques callejeros, quema de contenedores y arrestos masivos.
El malestar por el costo de vida ya no es un problema nacional, sino un fenómeno continental que pone a prueba a gobiernos que responden, por ahora, con más fuerza policial que respuestas económicas.
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