El conflicto entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló tras la publicación de la Disposición 16/2025 en el Boletín Oficial, que modifica sustancialmente el régimen impositivo que beneficiaba históricamente a los clubes de fútbol con actividades sociales y educativas.

La nueva normativa, que entrará en vigencia el 1 de agosto, establece un incremento de la alícuota del 7,5% al 13,06%, además de agregar una alícuota transitoria del 5,56% por un año. La medida representa un aumento del 75% en la carga impositiva que deben afrontar las instituciones deportivas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la decisión a través de sus redes sociales y la defendió como una medida necesaria para «recuperar el déficit incurrido».

Contradicción con el consenso técnico

La disposición contradice las recomendaciones del Comité creado por el propio Ejecutivo mediante el decreto 939/24, integrado por representantes de AFA, clubes y funcionarios gubernamentales. Este organismo había sugerido una modificación mucho más moderada, con una alícuota del 1%.

Según fuentes del ámbito deportivo consultadas, la decisión final ignoró completamente los acuerdos alcanzados en esa mesa de trabajo, generando sorpresa en el sector.

Dura respuesta de la AFA

Pablo Toviggino, tesorero de AFA y referente del fútbol del interior, encabezó la reacción contra la medida. Sin mencionar directamente a Sturzenegger, escribió en su cuenta de X: «Son el peor gobierno de la historia. Destruyen todo. Rompen la industria, las pymes, las economías regionales. Te camuflás como podés y cambiás de bandera política para mantener tu sueldo a fin de mes».

Toviggino, quien días atrás había protagonizado un cruce público con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, defendió el rol del fútbol como «motor indispensable para millones de compatriotas» y acusó al oficialismo de intentar «ahogar a los clubes» para forzar el ingreso de capitales extranjeros.

El comunicado oficial de la AFA reforzó estas críticas, señalando que «el Gobierno busca presionar a las entidades sin fines de lucro para que permitan el ingreso de capitales golondrina, haciendo negocios con nuestros clubes y jugadores formados en nuestras canteras».

Antecedentes contradictorios

La polémica también expuso las contradicciones históricas del propio Sturzenegger. En 2013, cuando presidía el Banco Ciudad, la institución destinó fondos públicos para sponsorear clubes del ascenso y Primera División, incluyendo Ferro, Defensores de Belgrano, San Lorenzo, Huracán y Barracas Central.

En aquella época, Sturzenegger aseguraba que el banco era «un factor de unión» con los clubes, a cambio de que «se termine con la violencia en el fútbol». Actualmente, según trascendidos del ámbito deportivo, el funcionario impulsa proyectos para transformar instituciones como Gimnasia y Esgrima La Plata en sociedades anónimas, con respaldo del grupo IRSA.

Impacto económico en las instituciones

La nueva disposición representa una presión significativa sobre las economías de los clubes, que en muchos casos ya enfrentan dificultades financieras. Según la AFA, el régimen especial anterior había permitido a las instituciones regularizar la situación de sus empleados, a diferencia de otros sectores donde se aplicaron condonaciones de deuda a través de la RG 5577/24 de AFIP.

El organismo madre del fútbol argentino advirtió que no permitirá «un vaciamiento del sistema que históricamente permitió a los clubes cumplir una función social vital».

«Después no lloren que los atacan», concluyó Toviggino en sus declaraciones, anticipando que el conflicto con el Gobierno nacional recién comienza.

Puntos clave:

• La Disposición 16/2025 aumenta la alícuota impositiva de clubes del 7,5% al 13,06% más una transitoria del 5,56%
• La medida contradice las recomendaciones del Comité oficial que sugería un aumento al 1%
• Pablo Toviggino acusó al Gobierno de intentar «ahogar» a los clubes para favorecer las SAD
• Sturzenegger defendió la medida para «recuperar el déficit incurrido»
• La nueva normativa entra en vigencia el 1 de agosto