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★ El gobierno de Javier Milei optó este lunes por el desenganche. Ante la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de solicitar la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional como señal de repudio a la citación a indagatoria de sus autoridades, fuentes del oficialismo consultadas por medios nacionales respondieron con una frase que contrasta con semanas de escalada verbal: «No tenemos por qué opinar, es un tema de ellos.»

El giro silencioso de la Casa Rosada

Según trascendió, fuentes del Gobierno libertario consideran que la Justicia debe actuar de manera independiente y que las respuestas corresponden a la propia organización conducida por Claudio «Chiqui» Tapia. Además, sostuvieron que el conflicto con la AFA no forma parte de la agenda prioritaria de la administración Milei, que en estos días busca concentrar su capital político en el avance de su agenda parlamentaria.

La postura resulta, cuanto menos, llamativa. El propio Milei había calificado públicamente la resistencia de la AFA a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) como «un atentado contra la libertad» y había advertido que «la AFA no está por encima de la Constitución». El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, figura además en el centro de la disputa administrativa, señalado por la AFA como parte del «doble rol de juez y parte» en las resoluciones de la IGJ que suspendieron la asamblea de la entidad. Ese nivel de involucramiento directo hace difícil sostener que el conflicto sea ajeno al Ejecutivo.

La contradicción que el Gobierno no explica

El corrimiento del oficialismo ocurre en un momento en que la causa penal impulsada por ARCA (el organismo recaudador nacional) contra Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes avanza con indagatorias fijadas para el 5 de marzo. ARCA es un organismo del Estado nacional, que depende del Poder Ejecutivo. Sostener que la persecución penal sobre la AFA «es un tema de ellos» cuando el propio aparato estatal motoriza esa causa configura una contradicción que el Gobierno no resolvió públicamente.

La AFA respondió a la causa con dos movimientos simultáneos: por un lado, reiteró en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales que no existe deuda exigible vinculada a las obligaciones consignadas en la denuncia, dado que los pagos fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento, y que ese planteo está pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones; por otro, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió por unanimidad solicitar la suspensión de la novena fecha del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, medida que alcanzaría también al resto de las categorías del fútbol argentino.

Una retirada táctica con fecha de vencimiento

El desenganche del Gobierno puede leerse como un movimiento táctico ante una situación que escaló más rápido de lo previsto. La paralización del fútbol profesional argentino tiene un costo político concreto: afecta a millones de hinchas, genera cobertura masiva y convierte a la AFA en una víctima visible de la presión oficial. En ese escenario, el silencio puede ser más redituable que la confrontación abierta, al menos en el corto plazo.

Sin embargo, la causa penal sigue su curso, las indagatorias están fijadas y la disputa por las SAD no desapareció del horizonte. El Gobierno puede optar por no opinar hoy; lo que no puede es desentenderse de un conflicto que su propio accionar contribuyó a construir.

Puntos clave

• Fuentes del Gobierno señalaron que el oficialismo no opina sobre la suspensión de la fecha 9 porque lo consideran «un tema» de la AFA, según reportes periodísticos de este lunes.
• El giro contrasta con las declaraciones previas del propio Milei, quien calificó la resistencia de la AFA a las SAD como «un atentado contra la libertad».
• ARCA, organismo recaudador dependiente del Ejecutivo nacional, es quien impulsó la denuncia penal que derivó en la citación a indagatoria de las autoridades de la AFA.
• El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9, prevista entre el 5 y el 8 de marzo, en señal de repudio a la causa.
• La AFA sostuvo en un comunicado oficial que no existe deuda fiscal exigible y que los montos cuestionados fueron abonados antes de su vencimiento. ★