★ El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, a salir del país pese a la restricción vigente en la causa penal en la que está imputado. La medida, confirmada por fuentes judiciales, le permitirá a Tapia viajar a Barranquilla (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil) entre este lunes y el próximo fin de semana, bajo una caución real de cinco millones de pesos y el cumplimiento de otras obligaciones procesales.

Por qué el juez aceptó el pedido

Según la resolución judicial, el viaje fue habilitado porque no interfiere con las indagatorias fijadas para el 5 de marzo y porque el tribunal no advirtió elementos que permitan sostener que la salida del país pueda entorpecer el proceso. Tapia presentó ante el juzgado invitaciones formales y un cronograma de vuelos, en el marco de sus funciones como presidente de la AFA y vicepresidente de la Conmebol, dos cargos de representación internacional que justificaron la excepción.

Una batalla sostenida en múltiples frentes

La autorización judicial se produce en el momento de mayor tensión entre la conducción de la AFA y el gobierno de Javier Milei, un conflicto sostenido que se despliega simultáneamente en el terreno judicial, administrativo y político.

En el plano judicial, Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes enfrentan una causa por presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de seguridad social por 19.353 millones de pesos, correspondiente al período entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La AFA rechazó los cargos y calificó la citación a indagatoria como «prematura y carente de justificación jurídica», según su comunicado oficial.

En el plano administrativo, la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó esta semana el intento de la entidad de trasladar su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, al determinar que la dirección declarada «carece de respaldo real». El organismo también enumeró un conjunto de irregularidades acumuladas desde 2017, entre ellas la falta de balances y la ausencia de aprobación del estatuto reformado.

La AFA denuncia una «ofensiva pública sostenida»

En un documento de 60 páginas presentado como parte de su apelación a las resoluciones de la IGJ, la AFA acusó al gobierno de Milei de llevar adelante una «ofensiva pública sostenida» para introducir las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el modelo de privatización de clubes que el oficialismo impulsa y que la entidad rechaza de manera explícita.

El propio Milei salió a responder públicamente. Calificó la resistencia de la AFA como «un atentado contra la libertad» y aseguró que «la AFA no está por encima de la Constitución», con advertencias sobre posibles intervenciones estatales. Lo que el presidente omitió en esas declaraciones es un dato central: tanto la Conmebol como la FIFA prohíben expresamente la injerencia de los gobiernos nacionales en las asociaciones de fútbol, bajo pena de sanciones que pueden incluir la suspensión de la selección nacional de todas las competencias internacionales.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también figura en el centro de la disputa. La AFA cuestionó la resolución de la IGJ que suspendió su asamblea y señaló que el ministro ocupa un «doble rol de juez y parte», lo que, según la entidad, «ya de por sí torna nulo el acto».

La asamblea suspendida y los descensos en el limbo

La AFA defendió la validez de la asamblea celebrada en Ezeiza, donde 44 de los 45 asambleístas presentes aprobaron todos los puntos del orden del día. El único voto disidente correspondió al representante de Talleres de Córdoba, quien presentó una impugnación. La entidad calificó la resolución de la IGJ que suspendió ese acto como «irrazonable, improcedente y arbitraria».

Con la apelación en curso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la situación de los descensos en el fútbol argentino quedó en un estado de incertidumbre legal: jurídicamente, todo permanece como estaba antes de la asamblea, aunque el nuevo torneo ya inició su curso.

Las SAD, las SAS y las contradicciones de la IGJ

El gobierno hace más de dos derogó las regulaciones de la IGJ sobre las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), medida que generó la denuncia pública de la diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada. Según Strada, la derogación permite constituir una SAS en tan solo 24 horas con un capital mínimo equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, sin requisitos sustanciales de actividad declarada.

Los datos previos sobre las SAS son elocuentes: de las 11.881 entidades inscriptas en los primeros tres años de existencia del sistema, el 98% no especificó ninguna actividad concreta en su estatuto; el 42% fue constituida por un único individuo, que en el 99% de los casos también fungía como administrador exclusivo. Investigaciones judiciales en Rosario revelaron además que el grupo narcocriminal Los Monos utilizó 40 sociedades de este tipo para emitir facturas falsas y lavar más de 1.200 millones de pesos, según información surgida de esas causas penales.

La derogación de los controles sobre las SAS por parte de la misma IGJ que presiona a la AFA con el argumento del «Estado de derecho» configura una contradicción que difícilmente pase inadvertida.

Puntos clave

• El juez Amarante autorizó a Tapia a viajar a Colombia y Brasil bajo caución de cinco millones de pesos; las indagatorias están fijadas para el 5 de marzo.
• La AFA acusó al gobierno de Milei de una «ofensiva pública sostenida» para imponer las SAD, modelo que viola los estatutos de la Conmebol y la FIFA respecto a la independencia de las asociaciones.
• La IGJ suspendió la asamblea de la AFA pese a que 44 de 45 asambleístas votaron a favor de todos los puntos; la situación de los descensos quedó en suspenso judicial.
• La disputa AFA-Milei combina presión judicial (causa penal), presión administrativa (IGJ) y presión política (SAD), en un contexto donde la injerencia gubernamental en el fútbol puede derivar en sanciones internacionales.
• La derogación de los controles sobre las SAS por parte de la misma IGJ que presiona a la AFA con el argumento del «Estado de derecho» configura una grave contradicción. ★