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Gatillo fácil en Córdoba: un grupo de policías asesinó a un adolescente y los padres denuncian «ensañamiento»

Los efectivos detenidos son Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) Iván Alexis Luna (25) y el sargento Jorge Luis Gómez (33), quienes ya fueron separados de la fuerza e imputados por el homicidio.

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Los investigadores del crimen de Joaquín Paredes (15), el adolescente asesinado este domingo en la localidad cordobesa de Paso Viejo, aguardan los peritajes sobre las armas secuestradas a los cinco policías detenidos por el caso para intentar determinar cuál de ellos fue el autor del homicidio, mientras los padres de la víctima manifestaron que “no se entiende el ensañamiento ni la tragedia” que causaron los efectivos apresados.

En tanto, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) emitió un comunicado en el que repudió esos “hechos de violencia estatal” y exigió “una investigación pronta e imparcial sobre los responsables”.

Cristian Paredes, el papá del chico asesinado, aseguró este lunes a los medios locales que su hijo «se había juntado con unos amigos a comer un asado en una casa. Ya estaba regresando cuando pasó la policía y ocasionó toda esta tragedia”, tras lo cual añadió que hubo “ensañamiento” porque “lo balearon por la espalda”.

Asimismo dijo que “no hay forma de explicar ni de justificar la balacera ni la muerte» de su hijo”, cuyos restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio de esa localidad del departamento Cruz del Eje, en el noroeste provincial, hasta donde una caravana de vehículos acompañó al cortejo.

Soledad, la madre de la víctima, imploró que “por favor se haga justicia» y que «los policías paguen por lo que hicieron». «Me arrebataron la vida de mi hijo con solo 15 años. Le pegaron un tiro por la espalda”, dijo quebrada en llanto la mujer.

Esta tarde, el Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC repudió “los hechos de violencia estatal, donde efectivos de la Policía de la Provincia asesinaron a Joaquín Paredes, de 15 años, e hirieron a otros dos jóvenes”.

Así se manifestaron desde DDHH de la UNC por sus canales oficiales, acotando: “Este caso de homicidio policial no corresponde a una práctica aislada ni a excesos por parte de agentes de la fuerza, como tampoco es una práctica aleatoria”.

Asimismo, solicitaron la “urgente necesidad que las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba dispongan y ejerciten políticas de seguridad respetuosas de los Derechos Humanos”, a la vez que expresaron acompañamiento a la familia de la víctima y exigieron “una investigación pronta e imparcial sobre los responsables”.

En tanto, la fiscal de Instrucción de Deán Funes a cargo de la causa, Fabiana Pochettino, aseguró que los chicos habían participado en una reunión no permitida por la pandemia de coronavirus, y por esa razón intervino el personal policial para “disuadirlos y, por circunstancias que se están tratando de averiguar, abren fuego y se produce la muerte».

Luego del crimen, los jóvenes que participaban de la reunión y algunos vecinos “habrían tomado una actitud de enojo y se habían llegado hasta la subcomisaría”, donde se produjeron “desmanes y destrozos”, que alcanzaron también a la sede de un juzgado de paz y a un móvil policial, detalló la fiscal Pochettino.

Fuentes judiciales aseguraron que fueron secuestradas las armas de los cinco policías detenidos por el caso, como así también sus teléfonos celulares y la vestimenta que llevaban puesta, a los efectos de someterlos a estudios periciales para tratar de determinar cuál de ellos fue el autor del disparo homicida.

Durante el episodio también resultó herido de bala un chico de 14 años, quien tras ser asistido por médicos fue dado de alta. Los policías detenidos fueron identificados por las fuentes como Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) Iván Alexis Luna (25) y el sargento Jorge Luis Gómez (33), quienes fueron separados de la fuerza e imputados de homicidio agravado y lesiones graves.

Según voceros de la pesquisa, los efectivos habrían justificado el accionar con supuestas agresiones recibidas de parte de los jóvenes. El Gobierno de Córdoba informó esta mañana que el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Julio López, se comunicó con la familia para interiorizarse de la situación.

En tanto, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, aseveró que “todo personal de las fuerzas de seguridad que acciona el arma de fuego sin riesgo inminente, deberá responder ante la Justicia». «El arma de fuego es un recurso extremo en caso de riesgo de vida”, remarcó ante los medios locales.

Asimismo, agregó que permanentemente se trabaja para “desterrar todo tipo de violencia institucional” en la fuerza policial, y calificó como “hechos lacerantes que cuestionan severamente al accionar policial” los últimos casos de «gatillo fácil» que se registraron en Córdoba, entre ellos el de Valentino Blas Correas (17) en agosto pasado.

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Estado ausente, justicia lenta y un proyecto que criminaliza a las víctimas: el saldo de la violencia de género en 2026

El Observatorio Adriana Zambrano de La Casa del Encuentro registró 123 femicidios, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados en los primeros siete meses del año. 155 hijos e hijas quedaron sin madre. El Estado libertario desmantela las políticas de género mientras el Senado avanza en un proyecto que busca criminalizar a las víctimas que denuncian.

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142 víctimas de violencia de género en siete meses: el informe del Observatorio Adriana Zambrano.

¡Alerta! Mientras lees esta nota, puede estar ocurriendo un femicidio en la Argentina

Cada dato del informe mensual del Observatorio Adriana Zambrano, que dirige La Casa del Encuentro, es una vida arrebatada, un hogar destruido, una infancia marcada para siempre. En siete meses de 2026, la Argentina registró 142 víctimas fatales de violencia de género: 123 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Se registraron además 300 intentos de femicidio que continúan bajo seguimiento.

El mapa de la violencia: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las provincias más afectadas

Los casos se distribuyeron en todo el territorio nacional, aunque las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentraron la mayor cantidad de femicidios. El perfil de los crímenes refleja una realidad que la estadística no alcanza a nombrar del todo: el 69% de las víctimas directas fue asesinada en su propio hogar, el espacio que debería ser el más seguro. El 55% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Y 155 hijos e hijas quedaron sin madre, el 72% de ellos menores de edad.

Entre los datos más alarmantes del informe figura que 9 femicidas tenían dictada una medida cautelar al momento del crimen, lo que revela la brecha insalvable entre la respuesta judicial y la protección real de las víctimas. Otros 6 agresores pertenecían o habían pertenecido a alguna fuerza de seguridad, y 21 se suicidaron tras cometer el crimen.

El 17% tenía denuncia previa: la justicia que no llega a tiempo

El dato más contundente sobre la falla sistémica es que el 17% de las mujeres agredidas ya había realizado una denuncia previa. Ese número no habla de mujeres que no pidieron ayuda; habla de un Estado y una Justicia que no respondieron a tiempo. «Analizar todas las variables que surgen entre los femicidios y los intentos nos demuestra la realidad que viven cientos de mujeres en todo el país: la falta de acceso a la justicia», señaló La Casa del Encuentro en su informe.

De las 142 víctimas, 17 habían realizado denuncias formales, 11 fueron asesinadas en contextos de narcocriminalidad, 10 tenían indicios de abuso sexual previo, 5 eran migrantes, 3 estaban embarazadas y 1 era víctima en situación de presunción de trata o trabajo sexual. También se registró 1 víctima perteneciente a pueblos originarios.

El Mundial tapó los femicidios: la comunicación que falló

La Casa del Encuentro incorporó en su análisis mensual una observación de peso político: durante el período en que se disputó el Mundial de fútbol 2026, los medios de comunicación prácticamente no prestaron atención a los casos de violencia de género. «Al notar que hoy estos casos vuelven a visibilizarse, reafirmamos que la comunicación debe ser permanente», expresó la organización, y advirtió que «los eventos de alcance masivo representan una oportunidad única para difundir campañas de prevención dirigidas a mujeres, niñeces y diversidades, un compromiso con los Derechos Humanos que el Estado debería garantizar firmemente».

La organización fue más directa sobre la responsabilidad del gobierno nacional: «Lamentablemente, esto no sucede en un contexto donde el propio Estado niega la existencia de la violencia de género en nuestro país.» La afirmación no es retórica: el gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, desfinanció la Línea 144 y dejó sin partida presupuestaria al Programa Acompañar, con recortes que superaron el 89% respecto de 2023 en políticas de género.

El proyecto Losada: criminalizar la denuncia para proteger al agresor

En paralelo al informe de femicidios, la senadora Carolina Losada, de La Libertad Avanza, impulsa en el Congreso un proyecto de ley sobre «falsas denuncias» que La Casa del Encuentro calificó de regresivo y peligroso. «Esta iniciativa está avalada por sectores vinculados a varones violentos y lobbies jurídicos que lucran con la temática sin ninguna evidencia empírica», afirmó la organización.

El efecto práctico del proyecto, según el análisis de la organización, sería inmediato y devastador: una víctima que dude en denunciar se preguntará «¿y si no me creen?» o «¿y si me denuncian a mí?», y optará por el silencio. El mismo silencio que, como demuestran los datos, puede costarle la vida. La Casa del Encuentro reclamó una legislatura que «comprenda la urgencia y se ocupe de que las leyes que ya existen se cumplan», y recordó que «la violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad».

142 víctimas en siete meses equivale a una mujer asesinada aproximadamente cada día y medio. Eso significa que mientras esta nota se redacta, mientras el lector la lee, mientras el algoritmo la distribuye, el riesgo no se detiene. No es una metáfora: es la consecuencia directa de un Estado que recorta la Línea 144, de una Justicia que entrega medidas cautelares que el agresor ignora, y de una dirigencia que prefiere hablar de «falsas denuncias» antes que de los 300 intentos de femicidio que este año no terminaron en muerte, pero pudieron haberlo hecho.

No son solo datos. Detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales. Las palabras de La Casa del Encuentro funcionan como síntesis y como denuncia: el problema no es la ausencia de leyes, sino la ausencia de voluntad política para aplicarlas.

Puntos clave

  • El Observatorio Adriana Zambrano registró 142 víctimas fatales de violencia de género en siete meses de 2026, incluyendo 123 femicidios, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados.
  • 155 hijos e hijas quedaron sin madre; el 72% son menores de edad.
  • El 17% de las víctimas tenía denuncia previa, y 9 femicidas contaban con medida cautelar vigente al momento del crimen.
  • Durante el Mundial de fútbol 2026, los medios de comunicación prácticamente no cubrieron los casos de violencia de género, según La Casa del Encuentro.
  • La senadora Carolina Losada (LLA) impulsa un proyecto de «falsas denuncias» que, según organizaciones especializadas, desincentivará las denuncias y profundizará la impunidad.

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