Los investigadores del crimen de Joaquín Paredes (15), el adolescente asesinado este domingo en la localidad cordobesa de Paso Viejo, aguardan los peritajes sobre las armas secuestradas a los cinco policías detenidos por el caso para intentar determinar cuál de ellos fue el autor del homicidio, mientras los padres de la víctima manifestaron que “no se entiende el ensañamiento ni la tragedia” que causaron los efectivos apresados.

En tanto, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) emitió un comunicado en el que repudió esos “hechos de violencia estatal” y exigió “una investigación pronta e imparcial sobre los responsables”.

Cristian Paredes, el papá del chico asesinado, aseguró este lunes a los medios locales que su hijo «se había juntado con unos amigos a comer un asado en una casa. Ya estaba regresando cuando pasó la policía y ocasionó toda esta tragedia”, tras lo cual añadió que hubo “ensañamiento” porque “lo balearon por la espalda”.

Asimismo dijo que “no hay forma de explicar ni de justificar la balacera ni la muerte» de su hijo”, cuyos restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio de esa localidad del departamento Cruz del Eje, en el noroeste provincial, hasta donde una caravana de vehículos acompañó al cortejo.

Soledad, la madre de la víctima, imploró que “por favor se haga justicia» y que «los policías paguen por lo que hicieron». «Me arrebataron la vida de mi hijo con solo 15 años. Le pegaron un tiro por la espalda”, dijo quebrada en llanto la mujer.

Esta tarde, el Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC repudió “los hechos de violencia estatal, donde efectivos de la Policía de la Provincia asesinaron a Joaquín Paredes, de 15 años, e hirieron a otros dos jóvenes”.

Así se manifestaron desde DDHH de la UNC por sus canales oficiales, acotando: “Este caso de homicidio policial no corresponde a una práctica aislada ni a excesos por parte de agentes de la fuerza, como tampoco es una práctica aleatoria”.

Asimismo, solicitaron la “urgente necesidad que las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba dispongan y ejerciten políticas de seguridad respetuosas de los Derechos Humanos”, a la vez que expresaron acompañamiento a la familia de la víctima y exigieron “una investigación pronta e imparcial sobre los responsables”.

En tanto, la fiscal de Instrucción de Deán Funes a cargo de la causa, Fabiana Pochettino, aseguró que los chicos habían participado en una reunión no permitida por la pandemia de coronavirus, y por esa razón intervino el personal policial para “disuadirlos y, por circunstancias que se están tratando de averiguar, abren fuego y se produce la muerte».

Luego del crimen, los jóvenes que participaban de la reunión y algunos vecinos “habrían tomado una actitud de enojo y se habían llegado hasta la subcomisaría”, donde se produjeron “desmanes y destrozos”, que alcanzaron también a la sede de un juzgado de paz y a un móvil policial, detalló la fiscal Pochettino.

Fuentes judiciales aseguraron que fueron secuestradas las armas de los cinco policías detenidos por el caso, como así también sus teléfonos celulares y la vestimenta que llevaban puesta, a los efectos de someterlos a estudios periciales para tratar de determinar cuál de ellos fue el autor del disparo homicida.

Durante el episodio también resultó herido de bala un chico de 14 años, quien tras ser asistido por médicos fue dado de alta. Los policías detenidos fueron identificados por las fuentes como Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) Iván Alexis Luna (25) y el sargento Jorge Luis Gómez (33), quienes fueron separados de la fuerza e imputados de homicidio agravado y lesiones graves.

Según voceros de la pesquisa, los efectivos habrían justificado el accionar con supuestas agresiones recibidas de parte de los jóvenes. El Gobierno de Córdoba informó esta mañana que el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Julio López, se comunicó con la familia para interiorizarse de la situación.

En tanto, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, aseveró que “todo personal de las fuerzas de seguridad que acciona el arma de fuego sin riesgo inminente, deberá responder ante la Justicia». «El arma de fuego es un recurso extremo en caso de riesgo de vida”, remarcó ante los medios locales.

Asimismo, agregó que permanentemente se trabaja para “desterrar todo tipo de violencia institucional” en la fuerza policial, y calificó como “hechos lacerantes que cuestionan severamente al accionar policial” los últimos casos de «gatillo fácil» que se registraron en Córdoba, entre ellos el de Valentino Blas Correas (17) en agosto pasado.