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El recuerdo de José Luis Cabezas a 24 años de su asesinato

El fotógrafo fue cruelmente asesinado el 25 de enero de 1997, tras haberle sacado una fotografía en la playa al empresario Alfredo Yabrán. Por el crimen la Justicia condenó a prisión perpetua a los policías Gustavo Prellezo (autor material), Aníbal Luna y Sergio Camaratta.

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El fotógrafo fue cruelmente asesinado el 25 de enero de 1997, tras haberle sacado una fotografía en la playa al empresario Alfredo Yabrán. Por el crimen la Justicia condenó a prisión perpetua a los policías Gustavo Prellezo (autor material), Aníbal Luna y Sergio Camaratta.

El crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido el 25 de enero de 1997, fue recordado este viernes a través de una videoconferencia y con dos actos, en General Madariaga y Pinamar, y su hermana Gladys aseguró que “la sociedad sigue recordando a Cabezas, aunque la mafia que lo mató siga tan viva como siempre”.

Este año, al cumplirse 24 años del crimen, el recuerdo de Cabezas no tuvo el formato presencial de los años anteriores en el marco de la pandemia, y se realizó una videoconferencia en la cual se transmitieron en vivo dos actos: uno desde la cava de General Madariaga donde fue asesinado y otro desde Pinamar.

Gladys Cabezas, la hermana del reportero gráfico asesinado por haberle sacado una fotografía en la playa al empresario Alfredo Yabrán, escribió un texto en su memoria en el cual aseguró que su hermano “tendría hoy 59 años, y estoy segura de que, aún con lo miedoso que era, saldría con su cámara a hacer su trabajo” .

Visiblemente emocionada durante toda la videoconferencia, donde recibió apoyos y saludos de parte de excolegas y compañeros de su hermano, dijo que “la sociedad sigue recordando a Cabezas, aunque la mafia que lo mató siga tan viva como siempre”.

“Mi hermano instaló una idea loca que no se va a borrar nunca más: que si alguien toca la vida de un ser humano que lucha por la verdad, nos toca a todos”, expresó.

Dijo sentirse “privilegiada” por “reconocer en la calle a los asesinos de José Luis, por seguir siendo su hermana y que su apellido me repita que la verdad triunfa sobre todo, incluso sobre la muerte”.

Finalizó su carta con la frase que acuñó toda la sociedad para reclamar justicia por el crimen -“No se olviden de Cabezas”- y dijo que «la familia lo recuerda siempre”.

Desde la cava de General Madariaga, lugar donde fue asesinado hace 24 años por una banda de policías y delincuentes a las órdenes de Yabrán, el intendente local, Esteban Santoro, y el abogado de la familia, Alejandro Vecchi, le rindieron un homenaje y descubrieron un cartel que explica a quien se acerca al lugar quién era Cabezas y cómo fue el crimen.

Tras hacerse un minuto de silencio a las 9.39, el intendente Santoro dijo que “no podemos permitirnos olvidar hechos aberrantes como el ocurrido en este lugar”.

“Nos toca hoy ser custodios de este lugar, que es un símbolo de la lucha contra la impunidad y muy pronto el Concejo Deliberante va a declarar este lugar como sitio histórico”, agregó el jefe comunal.

La mirada de José Luis siempre presente en las luchas.

A su turno, el abogado Vecchi agradeció a los “cientos de testigos” que dieron su testimonio en la causa judicial que culminó con las condenas a los responsables y dijo que esto fue posible por “la presión social y del periodismo y el reclamo de saber la verdad ininterrumpido”.

“No tuvimos toda la justicia que reclamamos por impericia, negligencia e ineficacia, pero obtuvimos mucha verdad. Valió la pena pagar el precio para sacar la venda con la cual los asesinos intentaron taparnos los ojos”, indicó el letrado.

Por el crimen de Cabezas, la Justicia condenó a prisión perpetua a los policías Gustavo Prellezo (autor material), Aníbal Luna y Sergio Camaratta. Por liberar la zona del crimen fue condenado el comisario Alberto Gómez, en un segundo juicio hecho en 2002. Entre 2007 y 2010 los policías recuperaron la libertad, salvo Prellezo, que fue liberado años más tarde, en 2017.

El grupo de delincuentes que participó en el crimen, conocido como “La Banda de Los Horneros”, integrada por Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana, también fueron condenados perpetua en el primer juicio, aunque luego tuvieron reducciones de penas por la aplicación de la ley conocida como “2×1”. 
El empresario Yabrán, considerado como autor intelectual del asesinato, nunca llegó a ser juzgado y se suicidó en 1998.

El abogado Vecchi, tras el acto en la cava de Madariaga, se trasladó hasta Pinamar, donde realizó otro homenaje, en este caso acompañado por el intendente de ese distrito, Martín Yeza.

Yeza recordó “al José Luis Cabezas periodista, símbolo de la libertad de expresión y al José Luis Cabezas padre y amigo” y pidió disculpas en nombre de Pinamar “por algunos intendentes (de esa localidad) para los cuales parecía que Cabezas era culpable. No nos va a alcanzar la vida para pedirles disculpas (a la familia) por todos los años en los que los hicieron sentir culposos”.

Durante la extensa videoconferencia -duró una hora y media- hablaron varios excolegas de Cabezas.

Gabriel Michi, quien cubría la temporada en Pinamar para la revista Noticias junto a Cabezas cuando fue asesinado, recodó “la dimensión humana” del fotógrafo asesinado y “lo que pasó socialmente, que se convirtió en un símbolo de toda la sociedad”, y afirmó que “hay más de 70 plazas, lugares y barrios que recuerdan su nombre”.

El homenaje incluyó el testimonio de Fernando Ruiz (Fopea); Daniel Vides (Argra); Diego Pietrafesa (Sipreba); y otros colegas de Cabezas, como Edi Zunino y Luis Otero.

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Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones

La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.

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Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones

★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.

La primera notificación y sus alcances

El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.

La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.

La maquinaria ya tiene 58 casos identificados

Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.

«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.

El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.

Una medida en medio de una crisis nacional

Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».

El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.

La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.

Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.

El debate de fondo que la boleta no resuelve

El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.

La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.

Puntos clave:

  • El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
  • La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
  • El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
  • La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
  • El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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