Ola de amenazas escolares sacude al país tras el crimen de Ian Cabrera

★ En las últimas 48 horas, una serie de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos se extendió por al menos cinco provincias argentinas, con adolescentes detenidos e imputados en Salta, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, y el secuestro de armas de fuego en el conurbano bonaerense.

El escenario se despliega en un país que todavía no procesó el crimen de Ian Cabrera, el estudiante de 13 años asesinado el 30 de marzo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, y que sigue debatiendo sin respuestas concretas cómo proteger a sus chicos en las aulas.

La magnitud del fenómeno es elocuente: la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados de Mendoza ya recepcionó más de 50 denuncias por hechos de este tipo en los últimos días. En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil investiga más de 100 casos en la capital provincial solamente. El número no es una anomalía estadística; es la evidencia de una crisis que desborda los recursos del sistema judicial y pone en evidencia la ausencia de políticas de prevención estructurales.

San Miguel: armas en el domicilio y la Fiscalía sin temperamento

El caso más alarmante de las últimas horas se registró en el partido bonaerense de San Miguel, donde un adolescente de 16 años, identificado como J.N.R., estudiante de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 «Domingo Faustino Sarmiento», fue identificado tras publicar mensajes intimidatorios en redes sociales sobre una masacre en el Colegio Juana Manzo. Un anónimo alertó al 911 sobre la exhibición de imágenes con una pistola en Instagram y canales de WhatsApp, donde el adolescente advertía: «Nos vemos mañana, wachines».

Las autoridades cotejaron el material con el Consejo Escolar de San Miguel, identificaron al sospechoso y solicitaron una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías del Joven, a cargo del magistrado Marcelo Kogan, pedida por el fiscal Fernando Simi, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín. El procedimiento arrojó resultados contundentes: agentes de la DDI San Martín y la Sub DDI San Miguel secuestraron siete celulares, una pistola de gas comprimido marca Fox calibre 4,5 (réplica de la calibre 9 milímetros), una notebook y una munición de fabricación nacional FLB calibre 9 milímetros troncocónica que estaba percutada sin haberse disparado.

Sin embargo, el desenlace judicial resultó llamativo: el caso fue caratulado como «intimidación pública» y no se tomó temperamento sobre ningún miembro del grupo familiar, pese al hallazgo del armamento. La pregunta sobre cómo llegó esa munición real al domicilio de un adolescente permanece sin respuesta.

Salta: el «reto» que terminó en detención

En la provincia de Salta, tres alumnos de 17, 18 y 19 años fueron detenidos acusados de escribir grafitis con mensajes intimidatorios en el baño de varones del Colegio Walter Adet, donde se anunciaba un tiroteo para el próximo lunes. El fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, investigó el hecho y constató que los tres estudiantes ingresaron al sector donde se halló la inscripción, y declararon que se trató de un «reto», según consignó el Ministerio Público Fiscal local. El Juzgado de Garantías ordenó los arrestos y la audiencia de imputación quedó fijada para este sábado 18 de abril.

Mendoza: una madre imputada por instigar a su hijo

El caso mendocino agrega una arista que interpela directamente al entorno familiar. Según el parte oficial, en los hechos investigados por la Fiscalía Penal Juvenil, a cargo del fiscal Gustavo Farmache, resultaron involucrados cinco adolescentes. Tres menores de 16 años, no imputables por la legislación vigente, brindaron declaraciones informativas. Un joven de 16 años fue imputado por intimidación pública y amenazas, luego de difundir una fotografía de una réplica de arma con un mensaje intimidante. Un adolescente de 17 años fue acusado por llevar una réplica de arma de fuego a la institución.

El elemento más perturbador del caso: la madre del joven de 17 años también fue imputada, por instigación al delito, porque ella misma le recomendó la acción. El episodio abre interrogantes sobre los vínculos que los adultos responsables establecen con estas prácticas y sobre el rol que juega el entorno en la normalización de la violencia simbólica.

Córdoba: más de cien casos y ocho imputados

En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° formuló cargos contra ocho alumnos por el delito de «amenaza agravada por anonimato» en el marco de una investigación que acumula más de 100 hechos en la capital provincial. Además, se tramitan diligencias en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María, lo que evidencia que el fenómeno no se limita a los grandes centros urbanos.

El Estado y la deuda pendiente

Como informó este medio en la cobertura del crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad sigue dominando el debate político mientras la respuesta estructural del Estado se hace esperar. La Ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, no entró aún en vigor, ya que su Artículo 52 establece un período de implementación de 180 días. Pero el problema de fondo no se reduce a una ecuación penal: ninguna ley baja la edad del abandono, del desamparo o de la falta de contención institucional.

En esa dirección, resulta significativo que el Ministerio de Educación haya reconocido, en el caso de San Cristóbal, que el agresor atravesaba una «problemática intrafamiliar importante» sin que el sistema activara ninguna red de contención previa al ataque. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cuántos de estos adolescentes estaban en una situación de vulnerabilidad documentada antes de convertirse en titulares de página?

La respuesta del Estado nacional, por ahora, consistió en una reunión de ministros en el Consejo Federal de Educación el jueves 17 de abril para abordar la preocupación generada por la ola de amenazas. Una reunión, mientras las denuncias se acumulan por decenas en cada fiscalía del país.

Puntos clave

• Un adolescente de 16 años fue identificado en San Miguel (Buenos Aires) tras amenazar con una masacre escolar en redes; en su domicilio se secuestraron armas y munición real, pero la Fiscalía no tomó temperamento sobre su familia.
• En Salta, tres alumnos de entre 17 y 19 años fueron detenidos por escribir grafitis intimidatorios en el baño del Colegio Walter Adet; declararon que era un «reto».
• En Mendoza, una madre fue imputada por instigar a su hijo a llevar una réplica de arma a la escuela; cinco adolescentes resultaron involucrados en total.
• En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil formuló cargos contra ocho alumnos e investiga más de 100 hechos en la capital; también hay diligencias en otras cinco localidades.
• El fenómeno se extendió por todo el país en el contexto posterior al crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, Santa Fe, y la respuesta estatal se limitó a una reunión interministerial.