Por Jorge Elbaum

El último domingo, el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff publicó una nota de opinión en el matutino La Nación titulada El quinto atentado. En sus líneas equipara las masacres de 1992 y 1994 –en las que fueron asesinadas 22 y 85 personas, respectivamente– con el Memorándum de Entendimiento con Irán, el suicidio del fiscal Natalio Alberto Nisman y la presencia de un funcionario persa en la asunción presidencial de Daniel Ortega, en Managua.

Para el ex vicepresidente de la DAIA los crímenes de lesa humanidad que produjeron la muerte de 107 personas son asimilables al acto autodestructivo de un operador judicial (Nisman) que traicionó a su país para servir a los interés de los fondos buitre.

Para Wolff, las 107 víctimas, y sus deudos, son equivalentes –en términos de la tragedia que motivaron– a un convenio interestatal que la justicia argentina evaluó como carente de delito.

La operación banalizadora del integrante de la Cámara Baja, respecto a su quinto atentado, supera toda imaginería política: culpabiliza a la cancillería argentina de un una decisión soberana tomada por un país extranjero. Cuando el Reino Unido hizo lo propio con otro de los imputados, los cambiemitas locales no elevaron ningún cuestionamiento. Sucede que para sus prenociones ideológicas Managua no es comparable con Londres.

En agosto de 2003 el diplomático iraní Hade Soleimanpour fue detenido en el Reino Unido a partir de la Alerta Roja solicitada por Argentina. En aquella ocasión los tribunales británicos solicitaron al juez José Luis Galeano y al fiscal Natalio Alberto Nisman las evidencias con las que contaba el expediente, con el objeto de gestionar su extradición hacia Buenos Aires. En noviembre de ese año el ministro del Interior David Blunkett informó que Hade Soleimanpour será liberado y que no se procederá al pedido de extradición dado “que no existían pruebas sino informes de inteligencia inconsistentes”. A partir de ese momento INTERPOL dejó sin efecto la Circular Roja contra Soleimanpour.

A pesar de la liberación del imputado por Galeano/Nisman, los dirigentes de la DAIA no repudiaron la decisión de la justicia británica ni la decisión de su ministro del interior. Tampoco exigieron a la cancillería argentina que eleve un protesta formal a Londres.

En 2011 otro de los prófugos de la justicia argentina, el entonces ministro de defensa iraní, Ahmad Vahidi concurrió a La Paz, Bolivia, como representante del gobierno persa. Las Circulares Rojas no se activaron debido a que el funcionario contaba con la inmunidad diplomática que impide su detención.

La DAIA, en aquella oportunidad, se reunión con Evo Morales en Buenos Aires y el entonces mandatario boliviano se disculpó al afirmar que “los representantes de Irán no los designa el país receptor”.

Las Alertas Rojas son comunicaciones difundidas por INTERPOL que cada país evalúa su relevancia, su pertinencia y su jurisdiccionalidad. En la actualidad existe una Alerta Roja para Fabian «Pepín» Rodríguez Simón –uno de los más relevantes integrantes de la Gestapo macrista–, solicitado por la jueza María Romilda Servini de Cubría.

La decisión de la justicia oriental de omitir la tramitación del pedido de INTERPOL no mereció –por parte de las huestes cambiemitas– ninguna protesta. Montevideo y Londres no son Managua.

Los intentos de la derecha local –súbditos de la política exterior de Washington– carecen de límites ecuánimes a la hora de horadar al gobierno de lxs Fernández: pueden banalizar con ligereza la causa del asesinato de 107 personas y al mismo tiempo intentar confundir a la sociedad sobre la potestad que poseen las Circulares Rojas. La tradición marxista –de la línea Groucho­– dejó fraseologías dignas de ser divulgadas en varios de los cursos posdoctorales de Ciencias Políticas: “puede parecer un necio, exhibirse como necio y actuar como un necio. Pero no se deje usted engañar: la hipótesis está validada. Es realmente un necio.”

*Artículo publicado en
DejameloPensar.com